El pasado viernes 8 de octubre, Manuela Gallón, colaboradora de la Agencia Bolivariana de Prensa (ABP-Noticias) asistió a una reunión, la cual tenía como objetivo denunciar la política de seguridad violatoria de la dignidad humana, que implementa el hipermercado Forum (sedes de San Bernardino e IPSFA, Caracas), y trazar una estrategia tanto en el ámbito legal, como comunicacional y político, para dar a conocer los hechos que a continuación se narran, y para que éstos no queden en la impunidad.
En la reunión brindaron sus testimonios Erika Rojas (28 años), y Jessica Herrera (20 años), quienes fueron víctimas del maltrato y actos delictivos por parte del personal de seguridad de Forum.
Erika narró que se dirigió al Forum de San Bernardino el 14 de febrero del año en curso. Allí, cuando iba a salir del establecimiento fue detenida y requisada por miembros del personal de seguridad. Éstos encontraron un producto entre las pertenencias de Erika, el cual ella había comprado días antes en la sede del IPSFA. No obstante Erika fue acusada de haber robado dicho producto, fue llevada a los sótanos del establecimiento, donde fue retenida durante más de cuatro horas, sometida a interrogatorio, y violentada psicológica y físicamente.
Durante estas cuatro horas Erika fue ofendida y amenzada por quienes participaron en los hechos. Fue obligada a desvestirse y le tomaron fotos. Además de ésto le fue registrado su bolso. En éste encontraron 10 Dólares que le fueron robados, y al encontrar su medicina anticonvulsiva, ya que Erika sufre de epilepsia, emitieron burlas y comentarios ofensivos. Los perpetradores de los hechos, al ver unos anticonceptivos que ella tenía entre sus pertenencias, también violentaron su integridad con preguntas como si ella tenía novio o si era „cachapera“, entre otras. Igualmente amenazaron con golpearla y con cortarle el cabello y las cejas. En los hechos participó una mujer, y también estuvo involucrado el Policía Nacional Bolivariano Franco del Moro.
Posteriormente, luego de que Erika lograra llegar a casa y narrar lo sucedido, su padre, Alí Ramón Rojas Olaya, quien cuenta con una larga trayectoria en el ámbito pedagógico y militante en el marco de la Revolución Bolivariana, se dirigió al Forum, donde lo acompanó el abogado Ángel Prieto Coronado.
Allí no fueron atendidos por el personal del hipermercado, a lo que se dirigieron a la Fiscalía. Sin embargo allí no había funcionarios, por lo que fueron al CICPC a poner la denuncia. Desde entonces Erika y su familia han acudido a instancias como el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, el Ministerio Público, y el CICPC, pero han sido testigo de hechos de corrupción e ineficiencia, lo cual representa un claro caso de revictimización. Además por parte de Forum se intentó silenciar a Erika y sus denuncias ofreciéndole „un mercado“.
Recientemente el caso de Erika quedó en manos de una nueva fiscal, que según la opinión de la víctima y su familia, parece estar más comprometida.
El padre de Erika plasmó en su escrito La dignidad de mi hija los delitos cometidos en los hechos:
„Sin ser abogado es evidente que con mi hija hubo un concurso real de delitos ya que Erika fue víctima de violencia psicológica, acoso y hostigamiento, amenaza, violencia sexual, acoso sexual, violencia patrimonial y económica, mediática, institucional y simbólica, tal y como se establece en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en sus artículos 14 y 15.
Además, según el Código Penal de Venezuela, mi hija fue víctima de privación de libertad (artículo 175), agavillamiento (artículo 287), daños por impericia (artículo 422), exposición ofensiva al honor o reputación (artículo 444), ofensa al honor, la reputación o el decoro (artículo 446), robo (artículo 457), amenaza (artículos 176 y 458) y secuestro (artículo 462)“.
También Jessica Herrera, una jóven chica trans no-binaria fue víctima de esta política de seguridad inhumana del hipermercado. Ella relató que el 4 de octubre se dirigió al Forum del IPSFA. Allí fue requisada por el personal de seguridad, y a pesar de no encontrar nada entre sus pertenencias fue llevada a un área reservada, donde fue sometida a una „inspección corporal“. Allí el perpetrador de los hechos comenzó a tocarle su cuerpo y partes íntimas, y a preguntar de forma inquisidora si ella era „hombre o mujer“. Jessica narró que se puso muy nerviosa y que se sentía asustada, por lo que respondió que era hombre, con la esperanza de poner fin al abuso. “Tenía miedo de que si decía ‘mujer’ comenzarían a hacer más preguntas, o a retenerme por más tiempo“, denuncióJessica a través de un hilo en Twitter el 4 de octubre.
Luego de los hechos los perpetradores le dijeron que disculpara lo sucedido, pero que había sido necesario por su „aspecto extraño y sospechoso“. Jessica contó que ese día se sintió muy mal y que tuvo muchas ganas de llorar. Además agregó que para una chica trans, para quien la calle de por sí es un lugar altamente peligroso por los actos de discriminación y violencia a los que es sometida, un establecimiento de comercio como el Forum, debería representar un lugar más seguro que la calle, situación que evidentemente no se da. Actualmente Jessica está recibiendo asesoría legal.
Durante la reunión del viernes, la cual contó con la presencia de varias organizaciones sociales y culturales, medios de comunicación y abogados, se escuchó mensajes de solidaridad con las víctimas, y la disposición de acompañarlas en sus acciones legales y comunicacionales.
Varias y varios de los presentes que tomaron la palabra compartían la posición de que si bien hoy el enemigo está representado por el hipermercado Forum por sus prácticas de seguridad inhumanasy violatorias de la ley, la violencia sexual y de género, así como la violación a la dignidad humana, son características de las lógicas capitalistas y patriarcales, por lo que hay que luchar contra éstas.
Y más aún en un país como la República Bolivariana de Venezuela, se agregaba en la reunión, en el que el comandante Hugo Chávez luchó por la igualdad e inclusión de todas y todos los seres humanos, sin discriminación por razones de clase, sexo, género, étnicas, religiosas, condición física, etc.
Se trata además de un país que posee la llamada Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es caracterizada como muy avanzada en su tipo.
Los indignantes casos de Erika y Jessica, así como el reciente caso de discriminación a Kelly Ayary, una muchacha con discapacidad, por parte de tiendas Balú, al pretender no dejarla entrar al establecimiento por movilizarse en silla de ruedas, demuestran que es necesario seguir luchando contra todo tipo de discriminación y las violencias que ésta genera. Eso implica denunciar y enfrentar estos abusos y violencias perpetrados por el capital nacional y transnacional, representado hoy en empresas como Forum y muchas otras.
La conclusión de las y los asistentes a la reunión fue continuar y profundizar las acciones a nivel legal, comunicacional y político, con el objetivo de dar a conocer lo sucedido a nivel nacional e internacional, y lograr que se haga justicia, para evitar que sigan sucediendo casos este tipo. Esta justicia no puede limitarse al despido de los implicados directos, sino que tiene que llegar hasta los propietarios de ese tipo de negocios, es decir quienes dan las órdenes y establecen estas políticas de seguridad inhumanas y violatorias de la dignidad humana. Además se manifestó la invitación a todos y todas a sumarse a esta campaña, compartiendo esta denuncia en medios y redes sociales, y usando las etiqueta:
Desde 1973, la derecha estadounidense avanza con paciencia contra el aborto. El último golpe devastador en Texas corona los esfuerzos
Hace dos semanas se conoció que el estado de Texas convirtió en ley un polémico proyecto que efectivamente prohibe el aborto casi completamente en su territorio. La legislación, desnuda, contiene varios elementos de preocupación para las libertades civiles y los derechos de las mujeres.
Enmarcada en un contexto de 50 años de lucha de la derecha cristiana y republicana de los EEUU contra el derecho al aborto, es peor: señala el éxito de estos sectores.
La negativa de la Corte Suprema de ese país a cuestionarla es la afirmación del triunfo de una estrategia de sofocamiento que por momentos es agresiva y por otros menos estridente, pero que fue hilada con paciencia desde el segundo que el mallete bajó para ratificar Roe v. Wade.
Un abogado argentino que trabaja para una organización de derechos civiles usa la metáfora del “queso suizo” para referirse a la estrategia antiderechos: el queso proverbial del derecho al aborto en EEUU existe, pero está lleno de agujeros cada vez más grandes.
Militancia
Las tasas de aborto en EEUU han disminuido constantemente desde principios de la década de 1980, alcanzando los niveles más bajos registrados en los últimos años, según la organización sin fines de lucro Guttmacher Institute.
La disminución de los abortos parece estar relacionada con la baja de los nacimientos y embarazos en general. Hay una serie de posibles explicaciones para este amplio descenso, algunas más plausibles que otras, analiza el Guttmacher. Aún así, las restricciones al aborto, particularmente aquellas que imponen regulaciones innecesarias e intencionalmente onerosas a los proveedores, jugaron un papel en el cierre de las clínicas que ofrecían el servicio en algunos estados y, por lo tanto, redujeron exitosamente el acceso a este derecho.
De todos modos, la mayoría de los estadounidenses cree que el aborto debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos, según una encuesta de 2019 del Pew Research Center.
Una minoría intensa y poderosa está detrás de las usinas que promueven las políticas para obturar el deseo mayoritario y socavar el derecho a decidir. Y para lograrlo, recurren a una herramienta conocida por sus oponentes: militancia, pura y dura.
El movimiento por los derechos civiles y el feminismo probaron ser docentes no sólo para aquellos que abonan a una cosmovisión solidaria. La derecha absorbió sus métodos tras sufrir en carne propia sus éxitos.
La derecha antiabortista acumula en las iglesias de distintas denominaciones, recluta y forma jóvenes para defender su línea, afila discursos y hace marchas y concentraciones.
Numerosos think-tanks antiderechos forman parte del paisaje político norteamericano y sustentan estos esfuerzos del activismo. En los 10 años previos a la promulgación de la ley de aborto de Texas, una organización de «dinero oscuro» llamada Texas Right to Life Committee y su red de organizaciones políticas y educativas gastaron millones en financiar el movimiento antiaborto del estado.
A nivel federal, uno de sus mayores éxitos fue lograr que Ronald Reagan desfinanciara el servicio de consejerías y clínicas. Y aunque siempre apuntaron a Ros v. Wade, los antiderechos tenían claro que la estrategia debía ser incremental. Para eso, necesitan a los políticos estatales.
Como aquí y en la China, la rosca es parte del ABC del activismo. El lobby es de y con los empresarios que financian las campañas de los legisladores estatales que luego votan leyes que condicionan el ejercicio del derecho. La organización texana antes mencionada, por ejemplo, invirtió $ 4,3 millones de dólares apoyando y oponiéndose a candidatos a nivel estatal desde 2005.
Desde entonces, los legisladores del estado de Texas introdujeron una serie de restricciones para las personas que buscan un aborto, como exigir una ecografía 24 horas antes del procedimiento y prohibir la cobertura de seguro para los abortos. El número de clínicas de aborto en el estado se redujo de más de 40 en 2013 a alrededor de 24 en la actualidad. El 96% de los condados del estado no tienen ni un proveedor del servicio.
Si bien los antiderechos suelen tener mayor éxito comprando a los políticos dentro del Partido Republicano, que toman sus demandas y las convierten en programa, también hay esfuerzos hacia el otro lado: en Alabama, la promotora de una de las peores leyes hiper punitivas contra las mujeres que abortan, es una legisladora demócrata y afroamericana.
Paso a paso
En total, las legislaturas estatales han promulgado 1.320 restricciones en los 48 años desde que se decidió Roe v. Wade, incluidas 573 restricciones promulgadas desde 2011. Este año, el 90% de las restricciones fueron adoptadas por estados que ya se consideraban hostiles hacia el derecho al aborto.
Las restricciones al aborto de 2021 amplifican el daño de las anteriores: cada limite adicional aumenta las barreras logísticas, financieras y legales de las pacientes para la atención, especialmente en regiones donde varios estados son hostiles al aborto, y la persona gestante debe recorrer miles de kilómetros para acceder al derecho.
Hay estados con prohibiciones casi totales (como en Arkansas y Oklahoma), que solo permiten el aborto si y solo si la vida de la persona está en riesgo.
Limitaciones de seis semanas, como la de Texas, también rigen en otros estados, pero esta es la más virulenta de ese estilo: permite a cualquier persona que se oponga al aborto, independientemente de dónde viva o si tiene alguna asociación con una paciente, demandar a un proveedor de servicios de aborto o a cualquier persona que ayude a la paciente a obtener un aborto (por ejemplo, brindándole ayuda financiera o transporte).
Otros estados prohíben las interrupciones pasadas las 20 semanas, aunque sólo el 1,0% de las personas que abortan lo hacen en este momento de la gestación. Algunos, como Dakota del Sur, no permiten abortar si el feto es diagnosticado con síndrome de Down.
Durante las discusiones de la IVE en Argentina, se usaron argumentos hermanos, y curas y pastores de todos los colores enarbolaron la idea de un “genocidio” contra personas con esta condición como razón para oponerse a la ley.
Sin duda, las políticas públicas contra el aborto más desconcertartes en EEUU son las llamadas “trigger-laws”, leyes gatillo, una serie de normas que tienen varios estados “listas” por si Roe v. Wade es revertido por la Corte Suprema, y que automáticamente ilegalizarían y criminalizarían el aborto en sus territorios.
Durante el próximo mandato de la Corte Suprema, que comienza en octubre, los nueve jueces, incluídas las dos incorporaciones conservadoras de Trump, considerarán un caso del estado de Mississippi conocido como Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization.
El tema central que debe decidirse es la constitucionalidad de las leyes que prohíben los abortos antes de que el feto sea viable fuera del útero.
La ley del estado de Mississippi en cuestión prohíbe el aborto después de 15 semanas sin excepciones por violación o incesto y fue bloqueada por un tribunal federal en 2019.
Los activistas por el derecho al aborto argumentan que cualquier retroceso tendría efectos inmediatos en todo el país.
Las consecuencias de una reversión de Roe v. Wade serían devastadoras. Más de 20 estados prohibirían el aborto por completo en virtud de sus respectivas trigger-laws.
Supremacía
Mientras celebran, los sectores conservadores texanos temen que su estado siga los pasos de California, otro gran territorio fronterizo, donde ya la mayoría de la población es de origen latino.
En 2019, los blancos constituían el 60% de la población de los EEUU, frente al 90% en 1950. Se proyecta que para el 2050, serán la nueva minoría y la gente de color será la mayoría, una predicción que suena como pesadilla para algunos blancos, especialmente para aquellos que militan la agenda supremacista que reina en el partido republicano.
El senador Lindsey Graham expresó su preocupación por una “dilución demográfica” de la población blanca en la convención republicana de 2012 cuando dijo: «La carrera demográfica la estamos perdiendo gravemente … [los republicanos] no están generando suficientes blancos enojados para permanecer en el negocio a largo plazo».
Los dichos de Graham se insertan en la teoría conspirativa súper extendida en el país del norte: la del “white replacement” (reemplazo de blancos), un mito derechista que sostiene que oscuros intereses propenden a “reemplazar” a la población blanca estadounidense por nuevos pobladores latinos, negros y marrones a través del fomento a la inmigración, entre otros factores, para destruir “el tejido social y los valores” americanos.
Aunque parezca desopilante, este miedo blanco no es solo una idea, sino el catalizador de política pública. Entre las “soluciones” que proponen los que sostienen el mito, está el incentivo de políticas de natalidad -que favorecería el crecimiento de todas las demografías étnicas- pero también y con más fuerza, mayores restricciones al aborto, medidas que aumentarían la población de etnia caucásica. Hoy, un alto porcentaje de los abortos, son decididos por mujeres de raza blanca.
La integración definitiva de los supremacistas blancos a la política mainstream, “aceptable” en EEUU, probó ser determinante para el activismo antiderechos. Es el caso de Texas.
Quizás el “momentum” de estos sectores sirva para fortalecer una reacción progresista, que mueva en las calles a la mayoría que apoya el derecho a decidir, y se mantenga perpetuamente en guardia.
La delegación internacional de la IV Misión Humanitaria de búsqueda de Lichita realizó el martes 20 de julio una conferencia de prensa frente al Panteón Nacional de los Héroes en Asunción. En reunión con autoridades nacionales del Estado exigieron el esclarecimiento del asesinato a las dos niñas argentinas y la aparición con vida de Carmen Elizabeth ¨Lichita¨, así también denunciaron las condiciones de detención de Laura Villalba.
En conferencia de prensa, la comitiva dio a conocer las actividades que se desarrollarán en el marco de la Campaña Internacional por la Aparición con vida de Lichita. Antonio González Arce, miembro del Partido Comunista Paraguayo se refirió a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la tiranía stronista que aún persisten en la impunidad y las prácticas autoritarias del Gobierno de Mario Abdo Benitez.
Darío Machado, del Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho mencionó que la delegación viene a reafirmar el compromiso por el esclarecimiento del asesinato de las dos niñas y la desaparición de Lichita, no vamos a claudicar en esta lucha porque la niña es una víctima de la persecución a militantes populares.
Pablo Pimentel, de Asamblea Permanente por los DDHH (APDH – MATANZA), resaltó la urgente necesidad de esclarecer la desaparición forzada de Lichita y la justicia por las niñas argentinas asesinadas por la Fuerza de Tarea Conjunta, estamos sin dudas frente a un Gobierno déspota e infanticida que han llegado al límite que nadie va llegar.
A su vez, Alicia Machado, del Movimiento Rebelión Popular reconoció que esta delegación viene con mucho amor hacia el pueblo paraguayo la tarea tiene que ver con un acto de solidaridad pero también de compromiso entre pueblos, no venimos acá a decir que hay que hacer sino a buscar a nuestra hija y pedir justicia por ella.
Al cierre de la conferencia Lila Báez, de la Secretaria de Migrantes y Refugiados de la UTEP enfatizó que es urgente que una niña esté en la casa, en la escuela estudiando porque Lichita es una niña migrante no puede estar lejos sin su familia por eso estamos aquí porque queremos encontrarla con vida.
Agenda en el Ministerio del Interior
Posterior a la conferencia se realizó un encuentro con el Viceministro de Seguridad Interna, Pablo Ríos, la titular de la Dirección Nacional de Migraciones, Ángeles Arriola y otras autoridades de la cartera de Interior.
En la reunión se presentó la agenda de la Delegación Humanitaria y los requerimientos de la misma en cuanto a mejorar las condiciones de detención de Laura Villalba, el esclarecimiento del asesinato a las dos niñas argentinas y la desaparición de Carmen Elizabeth ¨Lichita¨.
A pesar de que los funcionarios del Gobierno paraguayo mencionaron que el estado paraguayo garantiza y defiende los derechos de sus habitantes no se pudo argumentar la causa de tanto atropello en estos hechos mencionados, además de plantear una preocupación a la Delegación Humanitaria por no estar de acuerdo en la forma de denuncia que llevan adelante las organizaciones de derechos humanos.
Como compromiso las autoridades mencionaron que van a garantizar el trabajo de la Delegación Humanitaria pidiendo que la FTC no dificulte las actividades, así como también intervenir para que la Delegación pueda visitar a Laura Villalba en Viñas Kue, aclaramos que la única intención de la comitiva es la defensa de los derechos humanos por eso se repudia enfáticamente la campaña desde los medios masivos de comunicación de que ésta delegación tenga alguna otra tarea.
Antecedentes
Los testimonios recogidos por Naciones Unidas por parte de Tamara Anahí Oviedo Villalba (15) y Tania Tamara Villalba (19), testigos presenciales del operativo de la FTC, confirman las denuncias realizadas por diversas organizaciones de Argentina y Paraguay sobre la ejecución, luego de la detención, de las dos niñas de 11 años el pasado 2 de setiembre durante un operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) del Ejército, que fuera presentado como “exitoso” por el propio Mario Abdo Benítez.
El 4 de febrero del 2021, la oficina del Alto Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, emitió una declaración en la que exige al Gobierno de Mario Abdo Benítez “buscar urgentemente” a Carmen Elizabeth “Lichita”, una “investigación imparcial sobre el asesinato de las niñas en YbyYaú” y el “respeto a las garantías procesales de Laura Villalba”. De igual manera, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas recibió la denuncia sobre las ejecuciones de las niñas y la desaparición forzada de Lichita.
Durante la Misión Humanitaria que viajó en marzo del 2021, mantuvo numerosos encuentros con organismos estatales de Paraguay, organizaciones sociales y comunidades indígenas PaĩTavyterã en la zona del Cerro Guasu, se pudo constatar que el Estado paraguayo no desplegó los mecanismos mínimos para el esclarecimiento del infanticidio de las niñas y la búsqueda de Lichita.
Laura Villalba es madre de María Carmen, una de las niñas argentinas asesinadas en Paraguay el 2 de septiembre de 2020. Se encuentra detenida y aislada en la cárcel militar de Viñas Cue desde el 23 de diciembre de 2020, cuando buscaba a su sobrina “Lichita”, desaparecida desde el 30 de noviembre. Para el Estado paraguayo, cumplir el rol de maternar es un delito y tal es el ensañamiento contra las mujeres que buscan a sus desaparecidas que hasta hoy Laura es acusada de terrorismo, asociación criminal, resistencia, transgresión a la ley de armas e incumplimiento al deber de cuidado.
Elisa Loncón, la mapuche presidenta de la Convención Constitucional chilena cuenta un mes de labor en medio de la violencia racista y de género que sufre.
Elisa Loncón Antileo fue elegida, en un hecho histórico, presidenta de la Convención Constitucional de Chile, la institución que [supuestamente] dará fin a la carta magna escrita durante la dictadura de Augusto Pinochet. En el primer mes de labor tuvo que lidiar con la violencia racista, política y de género que la hostiga desde el Gobierno, los medios hegemónicos y las redes sociales.
“Sí, he recibido violencia política, racista y de género. Y no soy la única, las compañeras que defienden el agua, las feministas, las defensoras de los territorios que están en esta Convención también la sufrieron”, dice Elisa Locón, académica y presidenta de la Convención Constituyente de Chile que tiene la tarea de redactar una carta magna que finalmente entierre la que todavía rige, la que fue escrita durante la dictadura y sin ninguna participación de la sociedad. “La que entregó todos los bienes naturales a las transnacionales”, sentencia Loncón con su hablar suave y determinado a poco más de un mes de funcionamiento de este órgano institucional que tuvo que hacerse a sí mismo a contrapelo de la voluntad del Poder Ejecutivo que apenas proveyó el espacio para las sesiones que se extenderán un año y un presupuesto magro que se exhibió en los medios como un despilfarro, solo por cubrir los almuerzos de los y las convencionales.
Violencia política, cada vez que se la acusa de “radical” por enunciar su mandato de consagrar constitucionalmente la plurinacionalidad para Chile. Cada vez que se la acusa de falta de ética por hablar como mapuche y exhibir en sus discursos la violencia estructural que sufre su pueblo.
Violencia racial, cada vez que desde las redes sociales se escupe sobre esta doctora en lingüística la duda sobre si “esta indígena sabe leer”.
Violencia de género, cada vez que se duda de su capacidad, se le exige dar pruebas de sus saberes.
Son ejemplos y no son estancos, estas violencias están entrecruzadas, son interseccionales, una se anuda a la otra y todas se hacen cuerpo en el cuerpo de Elisa Loncón, mujer y mapuche, académica y ejerciendo su primer cargo en la política institucional; habitante de “los dos mundos” como ella misma llama a la educación que recibió de su familia y su comunidad y la que recibió desde la escuela hasta doctorarse en Literatura en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y aunque esta interseccionalidad que ella encarna la hace blanco de una violencia que se ejerce desde los medios de comunicación hegemónicos y también desde la usina de odio que pueden ser a veces las redes sociales, es la misma identidad que se puso en acto en el estallido social que tomó las calles de las ciudades de Chile a partir del 18 de octubre de 2019 y que ha desembocado en un proceso transformador que es un faro para toda la región.
Por eso Elisa Loncón no se lamenta, denuncia si es necesario. Teje alianzas, se acostumbra a tiempos que no le alcanzan. Y actúa. Ejerce el poder que le fue concedido como presidenta de la Convención Constitucional con más votos de los necesarios para estar en ese cargo. Para poner a funcionar la convención, tuvo que ocuparse -junto a su vicepresidente, el independiente Jaime Bassa, desde el protocolo para prevenir los contagios por Covid hasta de buscar los mecanismos para darse un reglamento democrático que permita comenzar el debate. Es como poner a funcionar una casa a la que hay que construir desde los cimientos.
¿Cómo evalúa este primer mes de labor en la Convención constituyente y cuáles cree que fueron los principales obstáculos?
-Ha sido un mes complejo, sin embargo, la evaluación que tenemos es favorable porque en este mes instalamos la Convención, que es un órgano nuevo, originario. No es el poder constituido, sino que hemos tenido que instalar la institucionalidad de la Convención Constitucional, darle garantías a los 155 convencionales. Para eso ha sido importante la colaboración de algunas instituciones públicas, las universidades en general y también la Cámara de Diputados. Porque cuando nosotros iniciamos nuestro trabajo no existía una institucionalidad ni normas que regularan esa institucionalidad o que describieran el trabajo mismo de los y las constitucionales. Además, estamos en un contexto de Covid, con el riesgo de exponernos a la enfermedad y no estaban ni siquiera los protocolos. Pero se logró funcionar y dar garantías gracias a la colaboración de los servicios públicos.
¿Esas normas ahora existen?
La institucionalidad ha sido respaldada por una mesa directiva que permite la administración y el manejo de la convención y que se amplió con 8 vicepresidencias -antes era sólo una-. Además se instalaron 8 comisiones de trabajo. Se trabajó en resguardar la salud y los derechos de los convencionales: derecho a opinión, a votación, a tener una buena convivencia, a un trato ético. Las comisiones se instalaron también de una manera reglamentaria que hubo que establecer y ahora están trabajando para dar insumos para el reglamento: tenemos comisiones de ética, comunicación, participación y consulta indígena, participación de ciudadanía, descentralización, comisión de reglamento, de DDHH, de salud. Nos fijamos 30 días para que entreguen sus aportes y a fin de agosto estará la reglamentación que regulará todo el proceso.
¿Cuál es el rol en este proceso del Poder Ejecutivo?
-En realidad ha sido el principal obstáculo la falta de colaboración del gobierno en el proceso de instalación de la Convención Constitucional y en el proceso de creación de esta convención. El gobierno tiene una apuesta política de no favorecer ni estar tampoco en la posición de hacer los cambios constitucionales. Por lo tanto, no se involucra y más bien torpedea el proceso a través de sus respectivos representantes.
¿Esto es visible a través de la violencia política, racista y de género que usted ha denunciado públicamente?
--Sí, he sufrido violencia política y violencia racial y violencia de género que ha caído especialmente sobre mí porque yo soy la presidenta. En un país que tiene una estructura colonial, se asume que los pueblos indígenas tienen una condición subalterna. Y en este caso, siendo yo una mujer mapuche, se asume que no debería estar en este espacio. Sin embargo, son esas las trabas que tenemos que vencer para garantizar los derechos de todos y todas en la Constitución. Porque no habla bien de un país que se naturalice que estén instaladas formas para ejercer la violencia, el maltrato y el racismo. Es parte de lo que es Chile hoy día con la Constitución que tenemos que consagra el racismo al negar la existencia de los pueblos originarios. Pero ese racismo no detiene las demandas de los pueblos, los territorios, las mujeres.
Por eso su figura es tan molesta, porque encarna una propuesta de Constitución totalmente distinta. Y a la vez encarna el deseo de transformación que se puso en acto en las calles con el estallido social de 2019.
--Esta convención es fruto del estallido y ya se planta de otra manera. En principio tiene una composición paritaria: hay un 50 por ciento de mujeres. Y la vivencia de la violencia que he tenido yo también la tuvieron otras mujeres, las que defienden el agua, que tienen posturas más feministas. Pero sin embargo, no sólo no se detiene sino que esto aumenta por el control que tienen los poderes de elite de los medios de comunicación. Aunque no les guste, mi instalación como presidenta tiene el voto de la mayoría de los convencionales.
¿Cómo fue el proceso de su nombramiento como presidenta de la Convención?
--Nosotros como nación mapuche propusimos mi nombre -yo acepté que fuera mi nombre- y había en la sociedad chilena un ambiente social que proponía en la opinión pública que la convención debía ser dirigida por una mujer, por la situación de la paridad y ojalá una mujer indígena porque se asume que los más marginados en cuanto a derechos son las naciones originarias y que eso debería ser lo representativo. Esta visión surge con el proceso del estallido social donde todas las organizaciones sociales e independientes asumieron la bandera mapuche como la bandera de la resistencia y que buscaba un nuevo Chile. El estallido social hizo inteligible nuestra bandera. Luego, cuando se da el proceso constituyente, se abre la posibilidad de los escaños reservados para los pueblos originarios producto de la negociación de organizaciones indígenas. Cuando postulamos se generó el rumor social de una mujer indígena y nosotros teníamos el nombre ya y recibimos apoyos de organizaciones y constituyentes no indígenas. El punto es que yo llegué a aceptar el cargo y luego viene la votación y saqué la mayoría, aunque no lo dos tercios. Y en la segunda vuelta sí, obtuve la mayoría con los votos de todos y todas, porque incluso hubo votos de escaños reservados que no votaron por mí. Para nosotros, como pueblo mapuche, es una gran responsabilidad también frente al Chile plurinacional y pluridiverso que somos y que queremos.
También una responsabilidad frente a la región, que observa el proceso con mucha esperanza de transformación.
--¡Ay sí! Y esperamos no defraudarles. Hay mucho sentimiento y compromiso en la Convención. Sin embargo, tenemos que ver con bastante cautela la influencia de los medios de comunicación dominados o aliados con los partidos de derecha. Ellos son minoría en la convención, todos somos minoría, pero ellos tienen poder en los medios de comunicación e instalan fácilmente falsedades y operaciones.
La derecha es minoría pero tiene poder de lobby y los medios a su favor, como en la mayor parte del mundo.
--Todos somos minoría, los independientes, la izquierda, los feminismos, los indígenas… y por eso estamos obligados a negociar, a llegar a acuerdos, a mantener los procesos de la mesa. El problema es que el ala derecha no vota por los grandes temas, solamente por sus intereses.
Detrás de los medios de comunicación y la derecha están las corporaciones, que ponen en jaque justamente el buen vivir, la necesidad de contrarrestar el extractivismo. ¿Qué capacidad tiene la convención de enfrentarse a las corporaciones?
--Los grandes temas que afectan al país tienen que ser transversales. Por eso necesitamos a la derecha sentada en la mesa de la convención. Porque, por ejemplo, no podemos decir que el tema de la plurinacionalidad es un asunto puramente indígena, a todos nos va a impactar y todos necesitamos abrazar esa gran demanda de que se instalen los derechos y el cuidado de la madre tierra. Todos tenemos que tener una postura frente al calentamiento global y al cuidado de la madre tierra, entonces estratégicamente nuestra invitación es ir más allá de las fronteras que establece una posición política o una posición ideológica porque los temas van más allá de lo que es la empresa misma. Sino se garantiza un ambiente sano para los chilenos, cualquiera sea, en cincuenta años no vamos a tener vida. Entonces implica un llamado grande a la conciencia, al actuar ético. Por eso estamos tratando de sumarles, de que estén en la mesa de organización, de que dialoguen.
¿Y cómo contrarrestan las operaciones de los medios?
A través de los propios convencionales. Ya instalamos una comisión de comunicación y un encargado de comunicación que al mismo tiempo articula con varias instituciones como la Universidad de Chile, la Biblioteca del Congreso, la Cámara de Diputados para instalar una línea de información que nos permita llegar a los distintos sectores públicos. El mes que pasó fue bastante caótico porque toda la comunicación estuvo a cargo de la presidencia y la vicepresidencia. Muchas veces no dimos abasto y no teníamos una política propia de comunicación, pero ahora ya la instalamos y vamos a defender el proceso de la convención a partir de los propios convencionales y a partir del trabajo territorial que puedan hacer las distintas organizaciones y convencionales constituyentes. La gente tendrá que entender que las opiniones y voces que torpedean el proceso tienen su propia agenda política, sus intenciones corporativas, son los que no quieren que el proceso avance.
¿La estrategia es que los medios hegemónicos no tengan el monopolio de la información sobre el trabajo de la Convención?
Lo que buscamos es generar una línea editorial como Convención. Es una gran pelea la que hay que dar contra los medios, porque también pasa por las visiones que se tiene de la sociedad. La visión que tienen los medios del ala derecha son sociedades monoculturales, sociedades al estilo de las ambiciones de la dictadura que plasmó en su constitución que Chile es una nación única e indivisible y entonces se supone que si afloran las identidades regionales para ellos es como que aflora la fragmentación. Pero es sólo falta de información que esperamos se corrija en la medida en que la gente vaya aprendiendo qué son los estados plurinacionales. Porque esto es muy antiguo, no es un invento nuevo.
Y no sólo en América Latina.
En España está muy claro: están los catalanes, los gallegos, andaluces, y tienen su autonomía y sus lenguas sin que se haya dividido el país. Acá hay muy poco valor los aportes de la diversidad.
Ese concepto de plurinacional es clave y es lo primero que le han criticado.
--La constitución actual fue escrita en la dictadura, sin participación social ciudadana y fue escrita para vulnerar derechos de las personas y de la madre tierra. Se instaló el modelo neoliberal que entregó las riquezas y los bienes naturales a las transnacionales, entonces esa constitución privatizó los sistemas educativos, de salud, las pensiones… el pueblo de chile ya no tiene nada en el fondo, a no ser que seas parte de la minoría rica. La plurinacionalidad es un concepto amplio que busca reconocer y proteger a los pueblos preexistentes al colonialismo, pero también a la diversidad.
Y es una demanda que se escuchó en las calles.
Tanto eso como que la educación no es pública, no es de calidad salvo que pagues valores exorbitantes. Y también son las pensiones, la pobreza en la que queda una persona que ha trabajado toda su vida es impresionante y a eso se suma el acceso a la salud, que es carísimo. Enfermarse es carísimo, inabordable, no hay un Estado social que garantice derechos y bienestar por eso la gente crea el grito del 18 de octubre y se da el plesbicito y la nueva constitución. Toda esta agenda es impuesta desde los pueblos de Chile que dijeron basta a este sistema de vulneración de derechos, pero también basta a la complicidad y el sistema de acuerdos que se instaló después de la dictadura con la llegada de la democracia.
Es muy impresionante cómo todo se puso en discusión a partir de las movilizaciones, vecinos y vecinas discutían política, economía, medio ambiente en cada esquina. ¿Cree que continúa esa efervescencia?
--Sigue efervescente porque los problemas siguen sin ser resueltos. Creo que lo más significativo es el sistema de pensiones, el sistema de AFP, la gente que estaba exigida a poner sus aportes en ese sistema. Ahora por la pandemia mucha gente ha tenido que retirar sus fondos de pensiones porque no tenía cómo vivir y se genera un empobrecimiento aun mayor. Y la nueva constitución tampoco va a resolver los problemas, la nueva constitución va a instalar la garantía de esos derechos, pero cuando la nueva constitución empiece a regir el sistema político, social y económico van a pasar años para que esto mejore. Pero la gente tiene fe, apuntó para que la base para los grandes cambios sean constitucionales.
¿Y tiene paciencia para esperar esos cambios?
Y no, la paciencia no va de la mano de la decisión política siempre. La situación del covid es una emergencia, cuando hay hambre, cuando hay necesidades, no hay paciencia. Igual hay organizaciones sociales, ollas comunes, gente que necesita casa, acá lo llaman las tomas de los lugares para sus casas, el país está empobrecido, es una situación delicada.
Elisa, podría hacer una breve historia de su vida política.
Vengo de una familia mapuche, una comunidad bilingüe con una educación propia basada en la cultura nuestra, nací en el wallmapu y recibí la formación mapuche por el lado paterno, familiar y organizativo. Y la formación no indígena por parte de la escuela, yo fui escolarizada con alta valoración de estudios, yo soy académica, trabajo mucho en el ámbito de la investigación bilingüe, de la lengua y lo que más ha contribuido es esta valoración de los dos mundos. Y lo otro que también he accedido. Entonces esta politización de un sujeto que se asume como mapuche ya viene con la crianza, no es que es de un día para el otro ni de ahora, desde pequeña una sabe y te crían como persona de un pueblo que tiene que defenderse y eso pasó conmigo. Defenderse en términos de llamarse mapuche, porque nosotros no aceptamos que nos digan indios, indio es un concepto peyorativo y desde muy pequeña entendí qué significaba. Esos fueron saberes de un sistema de educación propia.
¿Hay antecedentes universitarios en su familia?
No hay historia universitaria en mi familia, somos mapuche, recién mi generación es la primera de universitarios.
¿Se considera feminista?
Yo valoro el feminismo, dialogo con el feminismo y me considero así porque defiendo los derechos de las mujeres. Pero soy una mujer mapuche y nosotras distinguimos fuerzas femeninas en el aire, el agua, la montaña, somos gentes de la tierra y tenemos esa espiritualidad y desde ahí dialogo con los feminismos, sabiendo que además de estar entre nosotras tenemos las fuerzas femeninas de la tierra.
Fueron Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo y Aleksandra Kollontaj quienes inauguraron un pensamiento capaz de analizar la explotación de las mujeres
En su texto The Rise of Neoliberal Feminism (El auge del feminismo neoliberal), Catherine Rottenberg define el fenómeno que a partir de la segunda década del siglo XXI ha supuesto la reinserción popular de los temas feministas en el imaginario dominante.
Movimientos como MeToo y Time'sUp han permitido la máxima difusión de un mensaje emancipador que ha llegado a un público tan amplio como heterogéneo. Al mismo tiempo, sin embargo, la popularidad alcanzada por el feminismo contemporáneo exige a menudo la simplificación de las diversas y complejas cuestiones que atraviesan la teorización feminista, corriendo el riesgo de reducir este movimiento político a meros eslóganes.
La corriente neoliberal del feminismo contemporáneo defiende la posibilidad de lograr la emancipación permaneciendo dentro del sistema capitalista mediante el ascenso al éxito de un número creciente de mujeres en el mercado laboral. Este planteamiento de la cuestión de la emancipación ha provocado, en el lado opuesto, un resurgimiento de la crítica feminista al capitalismo, históricamente vinculada a la necesaria erradicación de lo que se considera un sistema de producción económico, social y cultural que, para su propia supervivencia, necesita perpetrar mecanismos violentamente excluyentes y discriminatorios. Esta posición teórica ha sido seguida por una serie de prácticas para la resignificación política del 8 de marzo por parte de movimientos como No Una di Meno.
En momentos en que la cuestión de los derechos de las mujeres es utilizada cada vez más por la extrema derecha y el sistema capitalista en su forma neoliberal, proporcionando una nueva justificación a las perspectivas políticas nacionalistas y racistas, resulta útil recorrer la vida de tres «damas de la revolución» que, entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, vincularon la cuestión feminista a la lucha de clases.
Clara Zetkin y Rosa Luxemburgo. Las mujeres y el Partido Socialdemócrata Alemán
Las divisiones internas del feminismo no deben considerarse una novedad. El movimiento siempre ha estado atravesado por profundas divergencias, pero cuando en el siglo XIX el «feminismo burgués» reivindicó la inclusión de las mujeres en la economía productiva sin considerar las injusticias perpetradas por el sistema capitalista contra las mujeres trabajadoras, se produjo una importante escisión en su seno. Por un lado están las feministas «liberales» y por otro las feministas «marxistas», para las que el trabajo asalariado constituye una situación más de explotación que nivela la condición de hombres y mujeres frente al mismo enemigo: el capital.
Lo que distingue a la corriente feminista marxista desde sus inicios es precisamente el intento de analizar la relación entre la opresión de género y el capitalismo. En las últimas décadas del siglo XIX, Clara Zetkin propuso el desarrollo de prácticas político-organizativas específicas capaces de responder a las necesidades de las mujeres trabajadoras en el seno del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) que, hasta entonces, había ignorado los problemas específicos de las mujeres pertenecientes a la clase obrera. Zetkin señala, en cambio, que aunque todas las mujeres están oprimidas como «mujeres», la forma de esta opresión se manifiesta de manera diferente según la clase a la que pertenecen.
Una posición apoyada por otra protagonista de la entonces socialdemocracia alemana, la pensadora polaca Rosa Luxemburgo, que se unió al partido a su llegada a Alemania en 1898. Luxemburgo expresó inmediatamente su apoyo a una visión internacional de la revolución proletaria, y cuando en 1914 el Partido votó a favor de la guerra se puso del lado de la capitulación del movimiento socialista ante el imperialismo. En 1916 Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, Clara Zetkin y otros formaron la Liga Espartaco, desde la que se inició una campaña ilegal contra la guerra que preparó el terreno para la huelga general por la paz de enero de 1918, de la que participaron millones de trabajadoras y fue un «ensayo general» de la revolución alemana de noviembre de 1918. De la Liga Espartaco nacerá el Partido Comunista Alemán en diciembre de ese mismo año.
Luxemburgo sería asesinada junto a su camarada Liebknecht el 15 de enero por tropas pronazis armadas por el gobierno. Su vida y su muerte hablan de su dedicación a la causa de la revolución, así como de su coraje para intentar ponerla en práctica y, gracias a sus escritos, sigue siendo hasta hoy la teórica femenina más conocida del marxismo.
Crítica del capitalismo entre el patriarcado y el imperialismo
Durante muchos años, los estudiosos han descrito a Rosa Luxemburgo como poco implicada en los asuntos de las mujeres. Sus textos atacaban a menudo el feminismo burgués contemporáneo a ella, y nada más llegar a Alemania se negó a dedicarse (como su amiga Clara) a la sección femenina del SPD para evitar la marginación dentro del partido que habría dejado el debate sobre las cuestiones centrales a los dirigentes masculinos.
Sin embargo, investigaciones más recientes de la filósofa Raya Dunayevskayan han puesto de relieve la dimensión feminista que atraviesa tanto la vida como el pensamiento de la revolucionaria polaca. Además de apoyar el trabajo de su compañera Clara Zetkin en su intento de proyectar la emancipación de la mujer como una dimensión integral de la transformación socialista, Rosa Luxemburgo apoyó abiertamente el derecho al voto de las mujeres en un documento de 1902, explicando cómo la emancipación de la mujer debía considerarse un elemento indispensable para reformar la socialdemocracia y derrocar el capitalismo.
En 1912 defendió la necesidad de separar el movimiento feminista de las mujeres de la clase obrera de las reivindicaciones de los movimientos femeninos burgueses y fue la propia Luxemburgo quien, en 1918, instó a Clara Zetkin a crear una sección femenina de la Liga Espartaco.
En su texto principal La acumulación del capital, Rosa Luxemburgo retoma y amplía las categorías conceptuales marxianas y desarrolla su «teoría del imperialismo» basada en el análisis del proceso de producción y acumulación social del capital realizado a través de diversas formas excluidas del sector reconocido de la producción de mercancías, entre ellas el «trabajo de cuidados» y la colonización de «países no europeos».
La pensadora polaca pone de manifiesto en la teoría lo que para la mayoría de las mujeres proletarias de su época representaba --y sigue representando-- un riguroso problema real: la falsa creencia en torno a la improductividad del «trabajo de cuidados» de las mujeres en el hogar y en el espacio público.
La obra de Luxemburgo pone de manifiesto la necesidad de entender la cuestión de la opresión de las mujeres como un producto histórico del antagonismo entre el capital y el trabajo, lo que nos permite vincular la liberación de las mujeres y la crítica a ese sistema de producción que, para sobrevivir, requiere mecanismos de subordinación, explotación y discriminación que actúan tanto sobre la categoría identitaria de género como sobre las de clase y «raza».
Describiendo el imperialismo como la estructura central del funcionamiento del sistema de producción capitalista en todas sus fases, subraya que la opresión de los sujetos «colonizados» no debe considerarse como una simple consecuencia del capitalismo, sino que constituye su fundamento. De ello se desprende que mientras exista el capitalismo no puede haber lugar para ninguna forma de emancipación, ni para la clase obrera ni mucho menos para la feminidad oprimida. La única solución esbozada por Luxemburgo al problema de la opresión de los sujetos subalternos es la revolución proletaria, participada por todos y extendida internacionalmente.
Aleksandra Kollontaj y la revolución rusa
Atenta estudiosa de las obras de Luxemburgo, otra revolucionaria de orientación marxista, Alekandra Kollontaj, estuvo entre los obreros que marcharon al Palacio de Invierno en 1905. Al igual que Zetkin y Luxemburgo, la vida de Alekandra Kollontaj es un testimonio de su lucha política. Nacida en el seno de una familia de la nobleza rusa --su padre fue general del Zar--, Kollontaj optó por alejarse de ese entorno casándose con un ingeniero.
Tras una visita a la fábrica textil en la que su marido trabajaba en el sistema de ventilación e impresionada por las inhumanas condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores, decidió dedicarse al estudio de la economía política en Zúrich. La educación de Kollontaj la llevó a considerar la liberación de la mujer como parte integrante de la lucha por la construcción de una comunidad socialista, por lo que dedicó su vida a la lucha por una mejor comprensión de los problemas de la mujer.
Obligada a abandonar Rusia por haberse opuesto a la Duma zarista, Kollontaj migró a Alemania y fue allí donde entró en comunicación directa con la socialdemocracia e inauguró una colaboración con Clara Zetkin y Rosa Luxemburgo, profundizando en la cuestión de las mujeres y participando en la primera Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Stuttgart. Cuando Alemania declaró la guerra a Rusia en 1914, Kollontaj tuvo que abandonar el país; en 1915 se afilió al Partido Bolchevique.
Tras los acontecimientos revolucionarios del 23 de febrero de 1917 (8 de marzo, según el calendario occidental), regresó finalmente a Rusia, donde fue recibida como una heroína y se convirtió en miembro del ejecutivo soviético. Inmediatamente después de la Revolución de Octubre, Kollontaj fue elegida Comisaria del Pueblo para la Asistencia Social. Fortalecida por su posición, pudo participar en la redacción de normas que reconocían a las mujeres como ciudadanas con igualdad de derechos en el nuevo Estado obrero.
Se introdujo el matrimonio civil, se facilitó el divorcio y se declaró la igualdad de los hijos legítimos e ilegítimos ante la ley. Se concedieron a las mujeres plenos derechos civiles, se protegió su trabajo y se estableció también el principio de igual salario por igual trabajo. En 1918, tras concluir una gira de conferencias entre las trabajadoras de la zona de hilanderías del este de Moscú, Kollontaj se convenció de la necesidad de un Congreso Panruso de Mujeres. El 16 de noviembre de 1918 se inauguró el primer Congreso de Mujeres Obreras y Campesinas de Rusia, del que participaron 1147 delegadas.
El floreciente periodo de innovación social finaliza en 1921 con la aprobación de la NEP (Nueva Política Económica), que prevé la reintroducción de la propiedad y la iniciativa privadas en la economía. La vuelta a las relaciones de mercado hizo que se redujera el número de personas que dependían directamente del presupuesto público y en las ciudades las condiciones de vida se hicieron más difíciles. Esto tuvo dos consecuencias: que la construcción de guarderías, escuelas y residencias de ancianos deba posponerse y que la presión para reconstruir la familia como unidad central del bienestar conduzca a abandonar cualquier debate sobre la cuestión de las mujeres. Este es el contexto en el que madura el texto más conocido de Kollontaj, ¡Abran paso al Eros alado! (una carta a la juventud obrera).
Aleksandra Kollontaj fue la única revolucionaria rusa que se replanteó no solo la economía y la política, sino también la moral y, con ella, las costumbres. La autora subraya cómo en una sociedad comunista es necesario abandonar la idea de propiedad incluso en el ámbito del amor, contrastando con el individualismo de la sociedad burguesa que prefería la competencia al valor fundacional de la amistad. Para Kollontaj, la nueva sociedad comunista debe basarse en el principio de solidaridad, ya que está compuesta por sujetos capaces de sentir auténtica simpatía. El respeto y la comprensión recíproca y la conciencia del vínculo que une a todos en una dimensión colectiva son los rasgos que distinguen la capacidad de amar en el sentido más amplio que atribuye al término.
Esta idea del amor estaba en la base del nuevo concepto de familia promovido por Kollontaj, que la llevó a obtener importantes victorias en el ámbito legislativo (como la legalización del aborto en 1920 y la despenalización de la sodomía en 1922). Sin embargo, dada la profunda crisis económica que tuvo que atravesar Rusia en estos años, en el ámbito más cercano al corazón de Kollontaj, la construcción práctica de alternativas a la familia a través de la subvención de organismos estatales que compartieran las responsabilidades del cuidado con los ciudadanos, así como una concepción de esta responsabilidad que implicara a ambos géneros y no solo a las mujeres, nunca encontraría una formalización efectiva.
El aislamiento de Kollontaj dentro del Partido será cada vez más significativo. Aunque nunca se opuso directamente a Stalin, practicó una especie de resistencia pasiva al régimen y en 1940 consiguió mediar en la paz entre Finlandia y la Unión Soviética. En 1945 dimitió como embajadora en Estocolmo y regresó a Moscú, donde murió en 1952.
Feminismo y marxismo, entre la lucha de clases y la emancipación
Esto es solo un extracto de la vida y el pensamiento de las que fueron, sin duda, tres mujeres extraordinarias. A pesar de que se resistieron a presentarse como heroínas aisladas de una revolución que, en realidad, contó con la participación activa de miles de trabajadores y, sobre todo, de mujeres trabajadoras, tanto en el caso alemán como en el ruso, quizás hoy más que nunca es importante recordar sus luchas y reflexiones.
Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo y Aleksandra Kollontaj inauguraron una nueva corriente de pensamiento en el ámbito filosófico-feminista. No solo hay que considerar el trabajo asalariado como un posible campo de explotación del trabajo de las mujeres, sino también y sobre todo el trabajo relacionado con el ámbito de la reproducción social y los «cuidados». En un mundo en el que las mujeres todavía no tenían ni siquiera derecho a voto, Clara, Rosa y Aleksandra ocuparon cargos oficiales, fueron embajadoras de su partido en el extranjero, inauguraron lugares de resistencia activa al poder dominante y vivieron con la convicción de contrastar siempre las posiciones contemporáneas del partido con sus propias convicciones.
Una reflexión compleja que se refleja en una vida dedicada a la revolución une a estas mujeres en su militancia contra un sistema de explotación: el capitalismo, que combina la discriminación de género, «raza», clase y orientación sexual. Una lucha que el feminismo contemporáneo no debe olvidar y de la que estas «damas de la revolución» siguen siendo hoy un símbolo en el que inspirarse.
