Por: Gabriela Rodríguez

El derecho al aborto en EEUU ha estado apoyado en el fallo que emitió, hace 50 años, la Corte Suprema de Justicia. Fue el 22 de enero de 1973 cuando esa Corte anunció su decisión sobre el caso Roe contra Wade, el cual había sido presentado por Jane Roe, madre soltera de dos hijos que quiso interrumpir su tercer embarazo de manera segura y legal. Ella argumentó que la ley violaba el derecho de las mujeres a la intimidad y demandó a Henry Wade, fiscal del condado que se negó a dejar de perseguir a los médicos. La Corte estuvo de parte de Roe y anuló la ley de Texas, que prohibía el aborto. Fue así como se reconoció que el derecho constitucional a la privacidad es lo suficientemente amplio como para incluir la decisión de una mujer de interrumpir o no su embarazo.

Roe convirtió́ las leyes estatales restrictivas en inconstitucionales e hizo que los servicios de aborto se extendieran y fueran más seguros y accesibles para las mujeres en todo el país.

Cincuenta años después ocurrió en EEUU uno de los más graves retrocesos a los derechos de las mujeres. El 24 de junio del año pasado la Corte Suprema revocó la histórica decisión sobre el derecho al aborto Roe vs Wade 1973, al dictaminar que las personas ya no tienen ese derecho constitucional y al admitir que los estados puedan prohibir el aborto en cualquier etapa. Casi la mitad de los estados del país hoy procesan nuevas restricciones y prohibiciones.

El pasado 22 de enero, día del aniversario 50 del fallo del caso Roe contra Wade, se realizaron marchas masivas para recuperar el derecho al aborto en diversas ciudades de EEUU y, en el sentido opuesto, otras marchas por la vida de activistas antiaborto conmemoraron su desmantelamiento. Como reacción, el presidente Joe Biden prometió que hará todo lo que está en su poder para restaurar el derecho al aborto; por su parte, la vicepresidenta Kamala Harris, públicamente arremetió contra los esfuerzos en Washington y de estados con gobierno republicano por restringir el aborto, al que Harris calificó de derecho fundamental y constitucional de la mujer a tomar decisiones sobre su propio cuerpo (AP News, 22/1/23).

Con la anulación del fallo Roe contra Wade las nuevas generaciones llegarán a la edad reproductiva con menos derechos de los que tenían sus madres y abuelas. Es grave, porque a mayor restricción hay mayor riesgo de muerte por aborto; entre las más afectadas están nuestras migrantes.

De los 5.3 millones de paisanos que nacieron en México y viven en EEUU, 3 millones son mujeres mexicanas en edad reproductiva, de 15 a 49 años (American Community Survey, 2021). Sabemos que con los actuales medicamentos para inducir el aborto la seguridad avanzó significativamente: el riesgo de muerte por aborto es de uno en 100 mil procedimientos; para dimensionar comparativamente, el riesgo de muerte asociado al parto es 10 veces mayor (Roe vs Wade, antecedentes e impacto, Planned Parenthood of America, mayo de 2010).

Mientras en EEUU retroceden, más de 50 países han modificado en los últimos 25 años su legislación para permitir el acceso al aborto. La quinta parte de ellos en Asia. En América Latina la legislación ha avanzado en México (despenalizado en 10 entidades), Chile, Argentina, Ecuador y Colombia. En la mitad de los países de África también hay avances. Europa es el continente donde el derecho al aborto seguro es más extendido.

En el libro El acontecimiento, de la escritora francesa Annie Ernaux, la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2022 expone magistralmente los dolorosos procesos que ella vivió en octubre de 1963, cuando descubre que está embarazada y en tal momento no le cabe la menor duda que no desea ser madre. En esa Francia donde entonces se penalizaba el aborto con prisión y multa, al buscar un aborto clandestino se encuentra sola y desamparada frente a una sociedad que le vuelve la espalda.

“No me producía ninguna aprensión la idea de abortar. Me parecía, si no fácil, al menos factible; que no era necesario tener ningún valor especial para hacerlo. Era una desgracia muy común. Bastaba con seguir la senda por la que una larga cohorte de mujeres me había precedido. Desde la adolescencia había ido acumulando relatos relacionados con el aborto. Los había leído en las novelas o se los había oído contar en voz baja a las vecinas del barrio. Había ido adquiriendo un vago conocimiento sobre los métodos que podían utilizarse: la aguja de hacer punto, el peciolo del perejil, las inyecciones de agua jabonosa, la equitación. […] Una mañana me tumbé en la cama y deslicé con precaución la aguja de hacer punto dentro de mi sexo. Buscaba a tientas, sin encontrarlo, el cuello del útero y no podía evitar detenerme en cuanto notaba dolor. Me di cuenta de que no conseguiría hacerlo sola. Me sentía desesperada por mi impotencia. No estaba a la altura. Nada. Imposible. Lloro. Estoy harta. Después de mi infructuoso intento, llamé por teléfono al doctor N. Le dije que no quería tenerlo y que yo misma me había lesionado.”

El texto narra el dolor y el horror que Annie vivió por meses hasta lograr interrumpir su embarazo con una partera: "Pero precisamente porque ya no pesa ninguna prohibición sobre el aborto puedo afrontar de forma real este acontecimiento inolvidable."

* Secretaria general del Conapo
Gabrielarodr108

Por: Joaquín Urías

El caso de los policías de Estepona muestra el terrible mensaje de impunidad que la judicatura traslada a la sociedad.

Una madrugada de junio, dos muchachas vuelven a casa en coche con unos amigos. Han bebido mucho alcohol. Cuando una pareja de la policía local las para y las hace volver a casa en taxi respiran aliviadas por haberse librado de una multa. Sin embargo, al cabo del rato, los dos policías se presentan de uniforme en la casa donde se alojan. Los dos agentes se llaman Vicente Peña y Juan Carlos Galván y les doblan en edad. A una de las chicas, la que está más ebria, la fuerzan a consumir cocaína. Luego la amenazan para que se desnude. Uno de ellos la manosea y le introduce los dedos en la vagina. El otro la penetra sin preservativo. Ella, asustada, se deja hacer hasta que su amiga consigue que llegue ayuda.

Inicialmente, la Fiscalía acusa a los dos policías de un delito de agresión sexual y pide para ellos 30 años de cárcel. Más adelante, la muchacha, que lleva cuatro años sufriendo estrés traumático por esa terrible experiencia, siente que no es capaz de volver a revivirla en el juicio. Su abogado anuncia que no van a acusarlos.

El fiscal del caso entiende entonces que se encuentra ante un dilema: si sigue adelante con su acusación, a la mujer no le va a quedar más remedio que acudir al juicio como testigo. Para evitarlo, hace lo necesario para una condena sin juicio: propone un pacto a los policías. Ellos se reconocerán culpables de los hechos, la Fiscalía lo calificará de abuso, en vez de agresión sexual, y pedirá una condena de sólo dos años de prisión. El fiscal, así, le evita un mal trago a la víctima. Sin embargo, al mismo tiempo, renuncia en gran medida a su deber de perseguir los delitos y transmite cierta imagen de impunidad en este tipo de delitos. El acuerdo entre los violadores y el fiscal se presenta entonces ante el tribunal, que lo da por bueno y, sin necesidad de realizar juicio, dicta sentencia condenándolos a dos años, lo que se había solicitado.

¿Era esa la única opción de los magistrados? Según el art. 801 del Código Penal, ante un acuerdo de este tipo, los jueces están obligados a comprobar la conformidad de los acusados. Además, tienen que verificar que los hechos han sido correctamente calificados –es decir, que se condena por el delito correspondiente a lo probado– y que la pena es la adecuada. Si se dan esas circunstancias, tienen que aceptar el acuerdo. Seguramente en este caso, ante la falta de consentimiento de la mujer y las sucesivas penetraciones vaginales, era posible discutir la calificación como abuso sexual en vez de agresión. Los jueces también habrían podido tener en cuenta que la evidente agravante de ser agentes de la autoridad, de uniforme, impedía castigar con esa pena. Pero no lo hicieron.

En nuestro país se ha extendido la mala práctica de aceptar siempre los acuerdos de conformidad entre fiscal y acusados sin usar las atribuciones que ofrece la ley, y así sucedió en este caso.

Aun así, habían sido condenados a dos años de prisión. La ley, nuevamente, permite que el tribunal suspenda las penas de prisión de hasta dos años, de manera que los condenados eviten entrar en la cárcel. No es una obligación, sino una facultad de los jueces. De hecho, la norma dice que sólo debe suspenderse la pena si es razonable esperar que los condenados no vuelvan a cometer nuevos delitos. En nuestro caso, uno de los jueces, el magistrado Pedro Molero, entendió que los dos policías habían demostrado una alta peligrosidad y que, además, estaba en juego el valor de la defensa y la protección de la mujer y de su capacidad de decisión. Así que propuso que no hubiera suspensión y fueran a la cárcel. Sin embargo, los otros dos jueces no consideraron necesario amparar así la libertad general de la mujer. Decidieron librarlos de la prisión y obligarlos solo a recibir un curso de educación sexual.

Hasta aquí los hechos. Es evidente que la decisión de que los dos violadores no entren en prisión la ha tomado libremente un tribunal. Incluso es cierto que, a pesar del reducido margen que les dejaba el acuerdo del fiscal, los jueces podían haber evitado una condena de tan sólo dos años. Resulta razonable invocar este caso como un ejemplo de que una mayor sensibilidad de nuestra judicatura en cuestiones relativas a la libertad sexual de la mujer habría evitado el terrible mensaje de impunidad que se ha lanzado. Sin embargo, si algo hay inconcebible en este caso es la manera en la que públicamente se ha informado y reaccionado a lo sucedido. Ante las tibias críticas a las decisiones judiciales que llevaron a la impunidad en este caso, la derecha judicial ha respondido culpabilizando a la víctima… y a la ministra de Igualdad, Irene Montero. Y ha colado.

Incapaces de aceptar una crítica, muchos de los jueces más populares de Twitter, desde el juez Zipper a Ladycrocs, se lanzaron en tropel a intentar ocultar deliberadamente que la opción de imponer apenas unos cursillos sexuales fuera una decisión libre de unos magistrados. Para tapar esta evidencia pusieron el acento en el acuerdo de conformidad para rebajar la condena a dos años, difundiendo incluso la falsedad de que el juez que no lo obedeciera estaría prevaricando.

En la misma ceremonia de la confusión, uno de los abogados ultraderechistas más populares en Twitter se lanzó al cuello de la directora corporativa del diario Público, Ana Pardo de Vera, y al de la ministra Montero. La primera había retuiteado un artículo impecable que planteaba que si dos policías violadores son condenados sólo a unos cursillos de educación sexual, tenemos un problema con los jueces. La frase, como se ha explicado, era absolutamente razonable y veraz. Sin embargo este abogado, un tal José María de Pablo, la calificó de ignorante con el argumento falso de que cualquier otra solución hubiera sido prevaricar. Aprovechó para afirmar que con la reciente reforma del Código Penal, la ley del “solo sí es sí”, la pena hubiera sido inferior.

El abogado, presentado a menudo en los medios como un “experto”, consiguió que miles de personas lo creyeran. Ayudó para ello que muchos jueces en ejercicio lo apoyaran públicamente en sus mentiras. Todo vale para ocultar la responsabilidad de los jueces. Por si fuera poco, ante quienes lo pusieron en duda, el mismo abogado falsario invocó un artículo de la ley de enjuiciamiento que dice justo lo contrario. Hemos llegado a una situación en la que basta que un mentiroso con corbata diga “el artículo 787 de la LECrim obliga al juez a aceptar cualquier acuerdo de conformidad” para que miles de ciudadanos y periodistas lo crean, aunque sea evidentemente falso. Si además, en tono leguleyo, dice que por eso la culpa de que los violadores se libren de la cárcel con un cursillo de educación sexual es de Irene Montero, hay masas de ciudadanos que lo asumen a pies juntillas. Aunque en verdad no hayan comprendido un carajo, porque es incomprensible.

Que este abogado es en verdad un manipulador ultraderechista falsamente vestido de experto está fuera de duda. Nuestro problema como sociedad no es la desfachatez de estos falsarios jaleados por los propios jueces. Lo definitivamente dañino para la democracia es la imposibilidad de los medios de comunicación para desmontar estos bulos y ofrecer certezas a la ciudadanía. Siempre han existido noticias falsas, pero lo que caracteriza a los tiempos actuales es la falta de referencias fiables donde contrastar la verdad. Cuando los medios de comunicación se lanzan a la guerra partisana y prefieren dar las mentiras que su público quiere oír, antes que contrastar rigurosamente su veracidad, perdemos ese último asidero de seguridad. Sin medios confiables que resuelvan nuestras dudas, la ciudadanía elige creer al primer cantamañanas que se enfunde el traje y la corbata y se presente como un experto. Caemos en manos de demagogos manipuladores como el abogado de este caso, dedicados a inventar bulos políticamente motivados. Desde la ignorancia, sus adeptos los asumen como verdad absoluta y no se cortan en insultar al gobierno, a las mujeres y a quien se les ponga por delante, creyéndose cargados de razones.

Resulta desesperanzador que recurran a estos mecanismos precisamente quienes deberían ser los garantes públicos de la verdad: los jueces. Gran parte de nuestra judicatura vive aún en el principio autoritario de que es necesario evitar cualquier crítica pública de su actividad. En vez de reconocer sus debilidades, para mejorarlas, y resaltar sus muchas fortalezas, prefiere acudir a la manipulación y defender la falsa imagen de un poder judicial perfecto que jamás comete errores. Tengo mis reservas técnicas respecto a la redacción de la reforma del Código Penal y su eficacia jurídica, pero viendo el impacto mediático de decisiones como la que comentamos no me cabe duda de la necesidad de introducir en los operadores jurídicos un poco más de sensibilidad ante la violencia contra las mujeres. Seguramente hay que reformar la libertad del fiscal para llegar a acuerdos de conformidad en estos asuntos, pero también hay que actuar para que los jueces no pongan en libertad sin más a dos violadores que, casualmente, son policías.

En unos años, si una mujer sufre una violación en la feria de Estepona y acude a denunciarla a la policía municipal, puede que el policía que le coja la denuncia sea uno de estos dos violadores jaleados en las redes y protegidos por nuestros jueces.

Y a nosotros, ¿quién nos protege de ellos?

Ctxt

Fuente: https://www.lahaine.org/ 

Por: La Tinta 

Se realizará el 8, 9 y 10 de octubre en San Luis, Argentina 

Falta menos de un mes para encontrarnos entre mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersexuales, bisexuales y no binaries. Volvemos el 8, 9 y 10 de octubre, aunque nunca nos fuimos. Conversamos con Noelia Aguilar Moriena, vocera de la Comisión Organizadora del Encuentro que, este año, tiene sede en San Luis. Nos cuenta cómo vienen los preparativos y discusiones de la fiesta encuentrera que será multitudinaria.

Primero, lo primero: ¿ya te inscribiste? Solo queda un mes para llegar al encuentro autónomo, autogestivo, que hacemos entre todes. “Para que se puedan materializar, necesitamos del apoyo de todas y todes les encuentreres, y ese apoyo, además de acompañarnos y encontrarnos en octubre, es colaborar con una mínima inscripción de $500 o $400 que nos permite solventar todos los gastos”, nos dice Noelia Aguilar Moriena en conversación con La tinta y nos invita a seguir los pasos para inscribirnos en este link.

Hasta la fecha, la Comisión Organizadora recibió más de 75.000 solicitudes de alojamiento gratuito. La plaza hotelera en la ciudad de San Luis se completó a pocos días de anunciarse la fecha y les encuentreres buscan dónde dormir en localidades aledañas. Tras dos años de pandemia, una ley de interrupción de embarazo aprobada, una crisis que nos cala hasta los huesos y el odio en primera plana, el abrazo colectivo nos espera en la provincia puntana.

“Realizar el encuentro en la ciudad de San Luis, en territorio huarpe, comechingón y ranquel, es de mucha alegría y también de muchísimo compromiso -explica Noelia-. Desde la Comisión Organizadora, entendemos que es una gran oportunidad para aprender, articular, crecer como activistas en nuestros territorios y poder hacer un aporte significativo a nuestra comunidad”. Para ella, los saltos de aprendizaje son enormes y no los dan en soledad, las comisiones de encuentros anteriores les acompañan a maniobrar la organización de tamaño evento.

Hace tiempo vienen haciendo un profundo trabajo en la comunidad puntana para disipar el temor, algo que genera el desconocimiento y la mala información que difunden los sectores conservadores. “A medida que fuimos articulando con los medios de comunicación locales, dando notas, haciendo reuniones territoriales en los barrios, entrando en contacto con compañeras y compañeres de los territorios, pudimos informar de qué se trataba y esos temores iniciales se fueron disipando”, señala.

Encuentro plurinacional y disidente

El lunes 14 de octubre de 2019, último día del 34° Encuentro en La Plata, y en un hecho histórico, hubo un amplio pronunciamiento por el cambio de nombre de los tradicionales Encuentros Nacionales de Mujeres. Luego de un proceso de debate durante dos años en Chaco y Trelew, se decidió dar respuesta a la demanda de les integrantes de los pueblos y comunidades originarias de las 36 naciones del Abya Yala, de las identidades negras y afro, de las racializadas y migrantes, de las disidencias.

En ese mismo escenario, se eligió como próxima sede a la provincia puntana, que rápidamente conformó una Comisión Organizadora y comenzó a reunirse con un mayoritario planteo a favor de que el Encuentro “nos nombre a todas y todes, y que dejemos de callarnos e invisibilizarnos, que eso sí es violencia, de la más profunda -señala Noelia-. El cambio de nombre no es solamente nomenclatura, es un cambio político-ideológico muy profundo hacia dentro de los encuentros. Estamos convencidas y convencides de que saldamos deudas con nosotres mismes”. Para la compañera, se trata de erradicar una violencia simbólica, que se materializó como violencia física en el cierre del Encuentro en La Plata, cuando se agredió con empujones y golpes a compañeras indígenas y trans que quisieron subir al escenario.

Hoy, existen dos comisiones organizadoras en San Luis. Por un lado, la del Encuentro Plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersexuales, bisexuales y no binaries, que se realizará el 8, 9 y 10 de octubre, y, por otro, la del antiguo Encuentro Nacional de Mujeres, que rechazan el cambio de nombre y planean realizar el evento en el mes de noviembre.

Hace unos meses, la Comisión del Encuentro Plurinacional invitó a la otra a reuniones para trabajar conjuntamente en la organización del 35° Encuentro Plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersexuales, bisexuales y no binaries. “Nos dijeron que, a lo sumo, podían participar en octubre con dos encuentros paralelos, lo que nos pareció muy confuso y un poco mezquino someter a las y les encuentreres como un Boca-River al que el patriarcado nos tiene acostumbrades -explica Noelia-. Redoblamos la apuesta, la apertura y el diálogo, y las invitamos de manera amorosa, pero finalmente decidieron continuar con su fecha de noviembre”.

“Si quieren sumarse, todavía hay tiempo. Las puertas de esta Comisión Organizadora están abiertas hasta que el Encuentro concluya, que dejaremos de existir como tal”, refiere.

Lo que nos encuentra

Cada año, los debates que atraviesan los encuentros toman el tinte de las luchas que llevamos adelante como movimiento transfeminista, de las preocupaciones de quienes participamos, de lo que trae la Comisión Organizadora y el territorio donde se realiza. “Este año, vamos a celebrar que es el primer Encuentro con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que la gestamos y la logramos en las calles”, afirma Noelia.

Los acontecimientos de los últimos días también traen preguntas urgentes como transfeministas. “Las violencias que hemos observado sobre la vicepresidenta es el punto máximo de las violencias que puede recibir una mujer y que, de una forma u otra, hemos y venimos padeciendo quienes somos mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersexuales, bisexuales y no binarias, de la mano de este sistema patriarcal capitalista que nos oprime de múltiples formas. Como lo hace con las compañeras indígenas, con las compañeras piqueteras, con las compañeras negras, con las compañeras travas, con nosotras, las bisexuales”, sigue.

Los encuentros son un lugar para construir y tramar nuevas formas de hacer frente a estas violencias, “y esa tarea creo que nos vamos a dar todas y todes les encuentreres en octubre, para redoblar el esfuerzo y la lucha frente a este sistema violento que se ensaña con nosotras y nosotres”, concluye la activista.

Mientras las compañeras siguen con la inmensa tarea de preparar el Encuentro, nosotras vamos organizándonos para viajar a esta fiesta encuentrera de talleres, de grilla cultural, de marcha, de feria y plaza en tierras comechingonas, huarpes y ranqueles. ¡Nos vemos en San Luis!

Fuente: https://www.lahaine.org