El pasado viernes 8 de octubre, Manuela Gallón, colaboradora de la Agencia Bolivariana de Prensa (ABP-Noticias) asistió a una reunión, la cual tenía como objetivo denunciar la política de seguridad violatoria de la dignidad humana, que implementa el hipermercado Forum (sedes de San Bernardino e IPSFA, Caracas), y trazar una estrategia tanto en el ámbito legal, como comunicacional y político, para dar a conocer los hechos que a continuación se narran, y para que éstos no queden en la impunidad.

En la reunión brindaron sus testimonios Erika Rojas (28 años), y Jessica Herrera (20 años), quienes fueron víctimas del maltrato y actos delictivos por parte del personal de seguridad de Forum.

Erika narró que se dirigió al Forum de San Bernardino el 14 de febrero del año en curso. Allí, cuando iba a salir del establecimiento fue detenida y requisada por miembros del personal de seguridad. Éstos encontraron un producto entre las pertenencias de Erika, el cual ella había comprado días antes en la sede del IPSFA. No obstante Erika fue acusada de haber robado dicho producto, fue llevada a los sótanos del establecimiento, donde fue retenida durante más de cuatro horas, sometida a interrogatorio, y violentada psicológica y físicamente.

Durante estas cuatro horas Erika fue ofendida y amenzada por quienes participaron en los hechos. Fue obligada a desvestirse y le tomaron fotos. Además de ésto le fue registrado su bolso. En éste encontraron 10 Dólares que le fueron robados, y al encontrar su medicina anticonvulsiva, ya que Erika sufre de epilepsia, emitieron burlas y comentarios ofensivos. Los perpetradores de los hechos, al ver unos anticonceptivos que ella tenía entre sus pertenencias, también violentaron su integridad con preguntas como si ella tenía novio o si era „cachapera“, entre otras. Igualmente amenazaron con golpearla y con cortarle el cabello y las cejas. En los hechos participó una mujer, y también estuvo involucrado el Policía Nacional Bolivariano Franco del Moro.

Posteriormente, luego de que Erika lograra llegar a casa y narrar lo sucedido, su padre, Alí Ramón Rojas Olaya, quien cuenta con una larga trayectoria en el ámbito pedagógico y militante en el marco de la Revolución Bolivariana, se dirigió al Forum, donde lo acompanó el abogado Ángel Prieto Coronado.

Allí no fueron atendidos por el personal del hipermercado, a lo que se dirigieron a la Fiscalía. Sin embargo allí no había funcionarios, por lo que fueron al CICPC a poner la denuncia. Desde entonces Erika y su familia han acudido a instancias como el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, el Ministerio Público, y el CICPC, pero han sido testigo de hechos de corrupción e ineficiencia, lo cual representa un claro caso de revictimización. Además por parte de Forum se intentó silenciar a Erika y sus denuncias ofreciéndole „un mercado“.

Recientemente el caso de Erika quedó en manos de una nueva fiscal, que según la opinión de la víctima y su familia, parece estar más comprometida.

El padre de Erika plasmó en su escrito La dignidad de mi hija los delitos cometidos en los hechos:

„Sin ser abogado es evidente que con mi hija hubo un concurso real de delitos ya que Erika fue víctima de violencia psicológica, acoso y hostigamiento, amenaza, violencia sexual, acoso sexual, violencia patrimonial y económica, mediática, institucional y simbólica, tal y como se establece en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en sus artículos 14 y 15.

Además, según el Código Penal de Venezuela, mi hija fue víctima de privación de libertad (artículo 175), agavillamiento (artículo 287), daños por impericia (artículo 422), exposición ofensiva al honor o reputación (artículo 444), ofensa al honor, la reputación o el decoro (artículo 446), robo (artículo 457), amenaza (artículos 176 y 458) y secuestro (artículo 462)“.

También Jessica Herrera, una jóven chica trans no-binaria fue víctima de esta política de seguridad inhumana del hipermercado. Ella relató que el 4 de octubre se dirigió al Forum del IPSFA. Allí fue requisada por el personal de seguridad, y a pesar de no encontrar nada entre sus pertenencias fue llevada a un área reservada, donde fue sometida a una „inspección corporal“. Allí el perpetrador de los hechos comenzó a tocarle su cuerpo y partes íntimas, y a preguntar de forma inquisidora si ella era „hombre o mujer“. Jessica narró que se puso muy nerviosa y que se sentía asustada, por lo que respondió que era hombre, con la esperanza de poner fin al abuso. “Tenía miedo de que si decía ‘mujer’ comenzarían a hacer más preguntas, o a retenerme por más tiempo“, denunció Jessica a través de un hilo en Twitter el 4 de octubre.

Luego de los hechos los perpetradores le dijeron que disculpara lo sucedido, pero que había sido necesario por su „aspecto extraño y sospechoso“. Jessica contó que ese día se sintió muy mal y que tuvo muchas ganas de llorar. Además agregó que para una chica trans, para quien la calle de por sí es un lugar altamente peligroso por los actos de discriminación y violencia a los que es sometida, un establecimiento de comercio como el Forum, debería representar un lugar más seguro que la calle, situación que evidentemente no se da. Actualmente Jessica está recibiendo asesoría legal.

Durante la reunión del viernes, la cual contó con la presencia de varias organizaciones sociales y culturales, medios de comunicación y abogados, se escuchó mensajes de solidaridad con las víctimas, y la disposición de acompañarlas en sus acciones legales y comunicacionales.

Varias y varios de los presentes que tomaron la palabra compartían la posición de que si bien hoy el enemigo está representado por el hipermercado Forum por sus prácticas de seguridad inhumanas y violatorias de la ley, la violencia sexual y de género, así como la violación a la dignidad humana, son características de las lógicas capitalistas y patriarcales, por lo que hay que luchar contra éstas.

Y más aún en un país como la República Bolivariana de Venezuela, se agregaba en la reunión, en el que el comandante Hugo Chávez luchó por la igualdad e inclusión de todas y todos los seres humanos, sin discriminación por razones de clase, sexo, género, étnicas, religiosas, condición física, etc.

Se trata además de un país que posee la llamada Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es caracterizada como muy avanzada en su tipo.

Los indignantes casos de Erika y Jessica, así como el reciente caso de discriminación a Kelly Ayary, una muchacha con discapacidad, por parte de tiendas Balú, al pretender no dejarla entrar al establecimiento por movilizarse en silla de ruedas, demuestran que es necesario seguir luchando contra todo tipo de discriminación y las violencias que ésta genera. Eso implica denunciar y enfrentar estos abusos y violencias perpetrados por el capital nacional y transnacional, representado hoy en empresas como Forum y muchas otras.

La conclusión de las y los asistentes a la reunión fue continuar y profundizar las acciones a nivel legal, comunicacional y político, con el objetivo de dar a conocer lo sucedido a nivel nacional e internacional, y lograr que se haga justicia, para evitar que sigan sucediendo casos este tipo. Esta justicia no puede limitarse al despido de los implicados directos, sino que tiene que llegar hasta los propietarios de ese tipo de negocios, es decir quienes dan las órdenes y establecen estas políticas de seguridad inhumanas y violatorias de la dignidad humana. Además se manifestó la invitación a todos y todas a sumarse a esta campaña, compartiendo esta denuncia en medios y redes sociales, y usando las etiqueta:

#MaltratoEnElForum y

#BoicotAlForumYa