Por: Claudio Katz - La Haine

El intento de asesinato de Cristina Fernández es un hecho gravísimo que no se zanja con simples comunicados de repudio 

El intento de asesinato de Cristina es un hecho gravísimo que no se zanja simples comunicados de repudio. Hay que registrar la terrible dimensión de este acontecimiento, frente a todas las maniobras para minimizar, banalizar o despolitizar lo ocurrido. No fue un loco suelto haciendo barbaridades. Ya se sabe que posa con tatuajes derechistas y expuso furibundas diatribas contra los piqueteros. Aunque haya actuado sólo, transitó por la misma avenida de los sicarios que pretendieron ultimar a Maduro o a Evo Morales. Conviene recordar que también los asaltantes del Capitolio parecían desvariados delirantes, cuando actuaron bajo la directa instigación de Trump.

Es importante registrar el trasfondo del intento de magnicidio, puesto que gran parte del periodismo se concentra en indagar las fallas de la custodia o las características del arma. Pretenden transformar un traumático evento político en un mero hecho policial. No es cierto que “todo el espectro político es culpable” de lo sucedido por haber “ahondado la grieta”. Con esa óptica de los dos demonios se diluyen las responsabilidades efectivas. El atentado contra Cristina coronó una escalada derechista, que incluyó todos los ingredientes de los golpes mediático-judiciales. En forma muy acertada se ha señalado que ese operativo incitó al odio, creó el marco propicio de la agresión y abrió las compuertas para un intento criminal.

El frustrado crimen fue la gota final de la escalada precipitada por un juicio infame. Ese espectáculo fue montado a partir de una causa fraguada, que carece de indicios incriminatorios de la vicepresidenta. El país estuvo al borde de una tragedia por un operativo fraudulento, con varios elementos semejantes a la emboscada que desplazó a Dilma del gobierno brasileño.

El fallido disparo agregó dramatismo al aluvión de violencia, que motorizó Larreta con sus vallados, sus espías y sus carros hidrantes. Esas agresiones incluyeron increíbles insultos a los legisladores, emitidos por policías sacados que portaban balas de plomo. Esa provocación fue gestada para exhibir la represión que desataría un eventual gobierno del PRO. El frustrado homicida fue también motivado por la interminable campaña de mentiras que propagan los medios hegemónicos.

Es importante subrayar estas responsabilidades, en un momento de reiteradas convocatorias a diluir culpas, en el gran disolvente denominado unidad nacional. Con rituales mensajes de “repudio a la violencia”, muchos derechistas atemperan lo sucedido para garantizar que todo siga igual. Buscan preservar su descarado dominio del poder económico, judicial, mediático y policial. Manteniendo ese control, podrán reprogramar otras conspiraciones y otros acechos destituyentes. Los sectores más extremos ya preparan alguna andanada y por eso Bullrich y Milei desmerecen el atentado y eluden su condena, en llamativa sintonía con su reivindicación de la libre portación de armas. Es el momento de evitar esa contraofensiva con drásticas iniciativas de simple justicia.

OPORTUNIDAD DE CONQUISTAS

El movimiento popular cuenta con una extraordinaria oportunidad para doblegar a los derechistas, que ya afrontaron varios fracasos. La farsa del fiscal quedó demolida y Larreta debió retirar los vallados. En Juntos por el Cambio reina la división y un pase de facturas por el boomerang, que súbitamente colocó a la coalición opositora en una posición defensiva.

La derecha esperaba consumar un golpe demoledor contra Cristina y quedó desconcertada por la renovada centralidad de la vicepresidenta. Ya no dan por descontado el triunfo electoral en el 2023 y deben registrar que ese retorno conservador contrastaría con el nuevo escenario latinoamericano. Esa adversidad les impide repetir un lawfare que ya fue demolido en Brasil. Tampoco pueden emular la provocación callejero-golpista que falló en Venezuela, en un marco de gran cuestionamiento a los modelos neoliberales de Chile, Perú y Colombia.

En las últimas semanas despuntó una gran reacción espontánea contra el impúdico poder de los magistrados y sus cómplices mediáticos. Existe un perceptible fastidio con la utilización del poder judicial para perseguir adversarios políticos. La respuesta democrática de la última quincena ilustra el hartazgo con ese tipo de operaciones. Ha comenzado a emerger un escenario contrapuesto al 2015. El fiscal Luciani es un clon de Nisman, que repite el mismo montaje de causas, con el mismo sostén de la elite de millonarios macristas. Pero ese tipo de farsas ha perdido credibilidad y acompañamiento. El declive del impostor Moro se extiende a la Argentina.

Nadie sabe cuál será el alcance de la respuesta democrática que irrumpe desde abajo. Hay controvertidas comparaciones con el 17 de octubre y con el clima imperante durante el Bicentenario. Pero en cualquier escenario ya se verifica un punto de inflexión y es muy visible la posibilidad de conseguir una victoria semejante al “dos por uno”. Ese éxito empalmaría con los juicios a los golpistas en Bolivia, con los avances democráticos en Chile y Colombia y con el esperado triunfo de Lula en Brasil.

Para alcanzar esos logros hay que exponer y popularizar demandas concretas. La sanción de todos los responsables de los vallados socavaría el proyecto represivo de Cambiemos, la anulación del juicio de Vialidad golpearía el lawfare y abriría el camino para depurar Comodoro PRO o para desplazar a los cortesanos. Frente a la renovada indignación que genera la desinformación del periodismo hegemónico, llegó la hora de reinstalar el debate sobre la ley de Medios.

VARIOS FRENTES DE UN MISMO PROYECTO

La batalla democrática en curso coexiste con un brutal recorte de los ingresos populares, implementado por el gobierno y monitoreado por el FMI. Desde el desembarco de Massa, ese ajuste se procesa a un paso redoblado. Ya sancionó una poda de 128.000 millones de pesos del presupuesto de vivienda, educación y salud, congeló los ingresos al estado, licúa las jubilaciones, achica los planes sociales y en vez de auditar la deuda externa inspecciona las cooperativas.

Massa efectiviza la cirugía que pospusieron Guzmán y Batakis. Puso en marcha un tarifazo que es la antítesis de la redistribución de ingresos, reavivó el negocio especulativo de la deuda pública en pesos y sin definir una devaluación en regla, ya empujó la inflación cerca de los tres dígitos. Hay una tremenda pérdida del salario, mientras toda la recuperación económica del 2021 fue embolsada por los capitalistas. Las ganancias récord de las grandes empresas contrastan con el millón de niños que debió renunciar a la ingestión de una comida.

Es importante denunciar esta dramática realidad social, convalidada por el mismo gobierno que acecha la derecha. La firme denuncia de la persecución judicial no debe ocultar el ajuste que suscriben los mismos funcionarios que acosan los tribunales del macrismo. No hay que encubrir esta realidad con llamados a doblegar sólo (o primero) a los perseguidores de Cristina. Son dos luchas simultáneas que se desenvuelven al mismo tiempo. No existe ninguna contraposición entre rechazar la agresión que padece la vicepresidenta y resistir el ajuste que implementa Massa con el aval de CFK.

Hay que poner fin al juicio de Vialidad y anular el acuerdo con el FMI. En esta doble acción se pueden construir los puentes entre el kirchnerismo crítico y la izquierda, que permitirían resistir el ajuste y doblegar los atropellos judiciales.

La ausencia del FIT en la gran movilización del viernes 2 obstruye esa convergencia. Constituyó un error por parte de los sectores de izquierda, que correctamente objetan la miope equiparación de CFK con los jueces. Han destacado acertadamente cómo la falta de imparcialidad del juicio impide dirimir las responsabilidades de la corrupción y han resaltado que bajo la pantalla de pomposos alegatos subyace una vulgar persecución. El resultado de ese atropello no es indiferente a la izquierda, puesto que la penalización de Cristina constituiría un anticipo de mayores agresiones contra los militantes populares.

De estos correctos señalamientos se deduce la presencia en las movilizaciones contra el acoso a CFK, puesto que sólo en la calle se podrá derrotar esa arbitrariedad. La ausencia en la Plaza de Mayo contradice esa conclusión. Se argumentó que esa manifestación fue convocada por el gobierno con falaces consignas de armonía social. Pero ese llamado no justifica el faltazo. El contenido de una movilización nunca está determinado sólo por los términos de su convocatoria.

Con gran frecuencia la izquierda concurre a marchas sindicales o políticas que son organizadas con planteos inapropiados. Participa allí con sus propias columnas y banderas. Esta vez olvidó que era prioritario repudiar el atentado y exigir su esclarecimiento, en la única y masiva concentración convocada para concretar ese rechazo. Esa presencia no es incompatible con la denuncia de la “paz social”, que en la coyuntura actual significa agachar la cabeza frente al empobrecimiento que genera la subordinación del oficialismo al FMI.

Resulta imprescindible afinar todas las decisiones políticas, en la nueva coyuntura abierta por el atentado. Esta agresión suscitó una gran conmoción internacional, entre mandatarios, personalidades y medios de comunicación de la región y del mundo. Todos quedaron impactados por lo ocurrido. Saben que en Argentina se libra una disputa de gran relevancia geopolítica por la renovada gravitación que tiene un país con cuantiosos recursos naturales. Los cereales, el gas y el litio están en la mira de las grandes empresas y constituyen el apetecido botín de las principales potencias.

Por esa razón, abundan las evaluaciones para dilucidar quién gobernará a la Argentina en los próximos años. El embajador Stanley ya expuso la demanda estadounidense de control de los gigantescos negocios en juego. Acompañó su exigencia de un gobierno de coalición apadrinado por Washington, con presiones para mantener la vergonzosa incautación del avión venezolano. Hizo hacer valer la voz del imperio, frente a la total pasividad y sumisión del gobierno.

La batalla popular contra la persecución política y el ajuste tiene proyecciones en numerosos terrenos. Argentina quedó situada nuevamente en el centro de varias tormentas. Actuar con inteligencia, definir estrategias y priorizar la movilización son tres claves esenciales para conseguir victorias y construir un proyecto emancipador 3-9-2022

1. Economista, investigador del CONICET, profesor de la UBA, miembro del EDI. Su página web es: www.lahaine.org/katz

Fuente: https://www.lahaine.org/ 

Imagen: Julián Athos Caggiano

Por: Julián Athos Caggiano

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Argentina es un extenso  país que se encuentra al extremo sur del globo; conocido por el tango, la carne y  Maradona, es también la madre patria del Che Guevara y de la Madres de Plaza de Mayo.

En el siglo XX vivió seis golpes de Estado, viendo así interrumpida su vida democrática de forma violenta  durante la mayor parte de ese siglo, pero la última dictadura militar, que comenzó el 24 de marzo de 1976 fue, por lejos, la más violenta y mortífera, dejando 30 mil desaparecidos, 15 mil fusilados, miles de detenidos políticos y exiliados, y unos 500 niños nacidos en cautiverio y robados a sus familias.

En ese entonces se empezaron a juntar en la Plaza de Mayo algunas madres que buscaban a sus hijos desaparecidos, y algunas, las abuelas, que buscan además a sus nietos apropiados. Esas mujeres fueron el núcleo de la oposición a la dictadura. 

Como último acto criminal el 2 de abril de 1982 la dictadura ocupó las Islas Malvinas entrando así en guerra con el imperio inglés mandando a la primera línea a jóvenes proscritos que no contaban con entrenamiento ni equipo para poder enfrentar uno de los ejércitos más poderosos del mundo, dejando en el suelo de las islas a 649 víctimas mortales mientras los oficiales que habían participado en el exterminio de los opositores políticos se rendían sin oponer resistencia.

La derrota militar puso en crisis a la dictadura que se vio obligada a llamar a elecciones. Y con el retorno de la democracia en 1983 el primer gobierno democrático fue presidido por Raúl Alfonsín entre 1983 y 1989. El mismo que había impulsado los juicios a las juntas militares, presionado por las amenazas de las fuerzas armadas promovió la sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que sumadas al indulto presidencial a los ya juzgados, promovido por el presidente Menem (1989-1999), fueron las leyes que garantizaron la impunidad de los implicados en las violaciones de derechos humanos.

La impunidad garantiza la posibilidad de la continuidad de prácticas represivas ilegales e inhumanas. 

Las fuerzas armadas de la dictadura se habían encargado de reprimir a la oposición política y social con el fin de instaurar  el terror en la sociedad, disciplinarla y terminar con las organizaciones capaces de organizar y producir alternativas políticas y de esta manera allanar el camino a la imposición de un modelo económico ultraneoliberal. 

Con la vuelta  a la democracia, los militares dejaron de ser el brazo armado de  la represión dejando a  las fuerzas policiales el monopolio de este rol.

En estos años se populariza el término “gatillo fácil” acuñado por diversos organismos de DDHH  que alude concretamente a una ejecución extrajudicial que  tiene una función distinta que la represión dictatorial. Se trata de efectuar una represión preventiva e indiscriminada contra los opositores potenciales, el nuevo enemigo interno es ahora el joven pobre, desocupado, marginado, que habita principalmente las periferias urbanas.

Sin embargo tampoco se dejó de reprimir la protesta social; solo en los días 19 y 20 de diciembre de 2001 durante las protestas por la crisis, se registraron 39 muertes por mano policial. 

Es así que desde el retorno de la democracia hasta diciembre de 2021, según el relevamiento de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), hubo 8.172 personas asesinadas a manos de las fuerzas de seguridad.

En este contexto, en donde la costumbre de matar de las fuerzas policiales no representa ya una sorpresa, el caso de Santiago Maldonado representó un llamado de atención a la sociedad, ya que recordó las prácticas de la dictadura, habían vuelto la desaparición forzada de un activista político, la negación por parte de los responsables políticos, y el rol central de los familiares como principales referentes de las demandas de justicia y verdad.

Las Madres de la Plaza siguen luchando, en estos años han conseguido que los responsables de la represión de la dictadura sean juzgados y cumplan sus condenas en cárceles comunes.

Las Abuelas lograron encontrar a 130 nietos y siguen luchando para recuperar a los más de 300 que faltan.

Las madres de las víctimas del “gatillo fácil“ se organizan y luchan para que se termine la impunidad de los asesinos de sus hijos.

Sergio Maldonado y sus familiares siguen luchando para que se sepa qué pasó con Santiago y hechos como este no se vuelvan a repetir.

Por: Migrar no es un delito