ENTREVISTA A JESÚS SANTRICH EN PRISIÓN

Realizada en enero de 2019.

PRIMERA PARTE:

Enero, 10 de 2019

SOBRE LA INDEPENDENCIA DE COLOMBIA Y EL “APOYO CRUCIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA”.

“Hace 200 años, el apoyo de los padres fundadores de Estados Unidos a nuestra independencia fue crucial” Iván Duque, Presidente de Colombia. 2 de Enero de 2019, trino que publicó en el marco del encuentro que sostuvo secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en Cartagena.

“Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miseria a nombre de la libertad”. Simón Bolívar en carta dirigida desde Guayaquil, en agosto de 1829 a Patricio Campbell.

El presente documento se construye sobre la base de una entrevista realizada por correspondencia entre el día 29 de diciembre de 2018 y el 11 de enero de 2019, con dos eventos presenciales los días miércoles 9 y viernes 11 de enero de 2019 en la Cárcel La Picota.

En principio nos centraríamos solamente en hablar del porqué de la sumisión del Estado colombiano al poder imperial de EEUU; un comportamiento en el que se inscribe el asunto de la extradición de nacionales colombianos mediante abyectos procedimientos que violentan principios universales del derecho y el ordenamiento constitucional de Colombia. Pero finalmente y retomando denuncias sobre el intervencionismo de vieja data practicado por la nación del norte, terminarán dialogando sobre el colonialismo yanqui, la distorsión de la historia de nuestra independencia, las hostilidades contra la hermana República Bolivariana de Venezuela y recordando la presencia de bases militares extranjeras en nuestro territorio, de tal manera que releímos e incluimos textos de la última década que guardan total vigencia referidos a la herencia trágica que para el continente ha tenido la Doctrina Monroe y el ánimo expansionista gringo que tal como ocurre con la Batalla de Boyacá, también tiene edad bicentenaria.

Diciembre, 29 de 2018

1. A: El cierre del año ha sido algo agitado, caracterizado por escándalos de corrupción, por la permanencia de la guerra sucia contra el movimiento social, el incumplimiento de los Acuerdos de La Habana y hechos de conflictividad social y política que no se corresponden con lo que se supone debía ser una época de post conflicto, y mucho menos de paz estable y duradera. El caso mismo de la privación de libertad tuya y el incumplimiento del compromiso de amnistía respecto a más de 200 ex combatientes farianos muestra que está lejana la reconciliación ¿Cuál es tu balance de estos hechos?

Enero, 01 de 2019

SANTRICH: Tus preguntas me llegaron el 29 de diciembre, y comienzo respondiéndote el día 1° de enero de 2019. Aquí en la cárcel se supone que el sábado 29 y el domingo 30 había visita familiar y se “festejaba” el fin de año. De tal manera que el lunes 31 y hoy primero que son festivos (lunes y martes) no había entrada ni siquiera de abogados. El fin de semana transcurrió tranquilo, pero tal como la convulsa Colombia, el 31 de diciembre, desde las 07:00 am inicio el día con gases lacrimógenos y amotinamiento. La trifulca confluyó, afortunadamente sin mayores consecuencias, a las 14:00.

Hago esta anotación para precisarte que a mí me sacaron de la celda de aislamiento en la que permanezco hacia el tercer piso porque los gases invadieron todo. Pero en ningún momento estuve en peligro ni lesionado como se difundió. Pero como estamos en Colombia, cualquier cosa puede ocurrir.

Después de las 14:30, ya en la celda alcanzaba a escuchar la música que sonaba en los patios. A los presos finalmente no los encerraron. Yo también me puse a escuchar música hasta las 02:00 de hoy. Me acosté a dormir hasta las 06:15, hice mi rutina cotidiana de ejercicios, aseo, etc. Y me senté a responderte, sin dejar de escuchar música de año nuevo a todo timbal. Ayer, ya en la noche, en uno de los permisos que me dieron para llamar, envíe a través de los abogados un mensaje para familia y amistades que decía:

Ahora siento que llueve

Amor desde el alto cielo

Y que levanta su vuelo

Este dos mil diecinueve

Con fortaleza que mueve

La esperanza en el mañana

Y seguro nos hermana

La preciosa melodía

Que le canta a la utopía

De la paz bolivariana…, etc., etc.

Con optimismo y con mucho realismo, entonces mi balance es el que tú misma haces con tu pregunta; un año cerrando agitado, pues tanto que los gases de aquí son nada frente a tanto problema, guerra sucia que asesina líderes comunitarios y ex combatientes “amnistiados”, corrupción a tutiplén, perfidia y traición contra los Acuerdos de Paz de la Habana y mucho más.

Específicamente sobre este último aspecto te reitero lo que escribí mediante tu conducto al XII Foro Nacional por los Derechos Humanos, Defender la Vida, Construir la Paz, de mediados de noviembre de 2018, lo cual responde el conjunto de tus inquietudes enviadas el 29 de diciembre, la mayoría de las cuales aluden al estado de implementación de los Acuerdos después de dos años de la firma del Teatro Colon y a las perspectivas reales que existen de superar o no la violencia política. Cada afirmación es plenamente actual independientemente que el Gobierno se haya visto obligado a variar momentáneamente el raponazo fiscal que con el IVA a la canasta familiar había preparado para la gente del común y los sectores de clase media especialmente:

1° Por marcar una fecha de referencia, al menos desde la noche anterior a la fecha misma de la firma del Acuerdo Final en el teatro Colón de Bogotá (noviembre 24 de 2016), lo pactado transitó un proceloso rumbo que se desenvolvía entre la implementación y la perfidia. Uno de los primeros hechos de violación del consecutivo atropello a principios como el de buena fe y el de pacta suntservanda fue el de incluir un capítulo que, en favorecimiento de los militares, variaba y distorsionaba la estructura de la Jurisdicción Especial para la Paz pactada entre las partes. De ello existe una constancia de salvedad depositada por las FARC en manos de los garantes.

2° En este viacrucis el Acuerdo de Paz de la Habana ha sido el único acuerdo de este tipo, en el mundo, que ha sido sometido a renegociaciones forzadas todos los días por el poder del Estado o variadas de manera unilateral por sus instituciones, configurando el execrable crimen de la perfidia. Ya he señalado que consecutivamente han sidolesionados principios universales del derecho como el de buena fe y el del pacta suntservanda, lo cual de por si implica una grave lesión también a los compromisos con la Comunidad Internacional.

3° Después de más de medio siglo de confrontación política, social y armada derivada de las injusticias, la miseria, la desigualdad y las exclusiones de todo tipo impuestas por el régimen, la desconfianza para firmar un pacto de paz se superó acogiendo instrumentos que por parte de la insurgencia se creyeron suficientes para garantizar el respeto y cumplimiento del tratado, al menos por tres periodos presidenciales (Agosto de 2018 – Agosto de 2030).

1. En el plano del Derecho Internacional, el Acuerdo Final se firmó como Acuerdo Especial del artículo 3 Común de las Convenciones De Ginebra de 1949 y se depositó ante el Consejo Federal Suizo.

1. El Acuerdo Final fue cobijado con una Declaración Unilateral del Estado de Colombia ante la Organización de Naciones Unidas, lo cual es un compromiso de cumplimiento de orden vinculante e imperativo.

1. El Acuerdo Final fue suscrito como documento oficial anexo a la Resolución 2261 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

En el orden del Derecho Interno el Acuerdo Final tuvo las siguientes “salvaguardas”

2016. Refrendaciones del Congreso el 30 de noviembre de 2016.

1. Se introdujo a la Constitución Política de Colombia por vía del Acto Legislativo No. 002 del 11 de mayo de 2017, el cual fue declarado exequible por la Corte Constitucional, asumiendo que “las instituciones y autoridades del Estado” tenían la obligación de “cumplir de buena fe lo establecido en el Acuerdo Final”. Queriendo decir esto, claramente que actuaciones de órganos y autoridades del Estado, desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación debían “guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final”.

No obstante, estos “seguros” que en teoría impedirían que el Acuerdo Final pudiera ser alterado por cualquier conducto, ha sido manoseado por la institucionalidad en este y en el anterior gobierno, haciendo realidad aquello dicho por Fernando Londoño en la convención del Centro Democrático de mayo de 2017, en cuanto a “volver trizas ese maldito papel que llaman acuerdo con las FARC”.

Las llamadas “mejoras” al Acuerdo no son otra cosa que alteraciones hechas vía legislativa o vía interpretación y “ajustes” gubernamental, en todos los puntos cardinales, lo cual se suma a las graves acciones, omisiones y negligencias de incumplimiento.

4° En el tránsito del Acuerdo entre la implementación y la perfidia, entre la violación a la buena fe y el pacta suntservanda, sin embargo, se ha construido a instancias del proceso, un incipiente marco jurídico que pese a las trasgresiones e incluso contradicciones que él impone a los textos originales, se forjó con el anhelo de que sirviera de base para lograr fases más profundas de transformación jurídica, política y social, que beneficiaran a las mayorías. Tal “nuevo marco jurídico derivado del Acuerdo con los trastornos ya mencionados, se resumen en lo que se conoce como “implementación normativa temprana”, textos básicos, formales cuya materialización practica en su mayor dimensión está por verse. Estas son:

• 6 Actos legislativos.

• 9 leyes surgidas del proceso fasttrack.

• 36 Decretos Ley presidenciales.

• 84 Decretos ordinarios

• 5 Directivas presidenciales.

Otros desarrollos normativos quedaron proyectados, incluso radicados, sin pena ni gloria, en el Congreso y lanzados por ahora al cajón del olvido, como la reforma a la Ley de Víctimas, la reforma política, las circunscripciones territoriales de paz, etc.

5° A dos años de iniciada la llamada “implementación”, se puede decir con certeza que cumplidos todos los pasos que comprometió la insurgencia para completar la “DEJACIÓN” de las armas e iniciar la reincorporación y la participación en la implementación de los acuerdos, se acentuaron los incumplimientos por parte del Estado. De un carácter de débil implementación parcial y desfigurada de los acuerdos, se ha pasado a su obstrucción, desatención y anulación y distorsión generalizada; obviamente sin que las salvaguardas que habíamos reseñado sean para nada tomadas en cuenta, sin que a esta tendencia negativa se le observe reversibilidad. Más bien se agudiza en beneficio del régimen y su orden social establecido.

6° Es ya evidente que las transformaciones pactadas en el Acuerdo, nada de fondo cambiaron en el sistema de miseria, desigualdad y exclusiones imperante, y que, claramente, aquella máxima de las conversaciones de la Habana que dictaba que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, en realidad quedó convertida en que “nada de esto está acordado así todo esté acordado”. Aspecto de no poca monta que debe ser muy tenido en cuenta por el Ejército de Liberación Nacional si se llegaren a adelantar las conversaciones entre su Delegación en la Habana y el Gobierno Duque. El incumplimiento del Acuerdo es, sin duda, un hecho notorio y de tendencia irreversible en lo que respecta a lo que depende de las instituciones- Y se le agrega al mismo la interpretación de una guerra mediática de baja intensidad orientado a desacreditar y descalificar la historia de la resistencia insurgente, de la subversión, para colocarnos en la condición de victimarios y quitar piso a cualquier intento por superar el orden vigente.

7° El incumplimiento gubernamental al Acuerdo de Paz de la Habana, es un incumplimiento de Estado que ha llevado a una situación generalizada de inseguridad jurídica, inseguridad personal, inseguridad socioeconómica, agravada con la desfinanciación del Acuerdo en lo nodal y trascedente.

8° Paradójicamente, en la época de “implementación” de los Acuerdos, tiempo en el que se debería estar forjando la reconciliación, a lo que se asiste, además del incumplimiento, es la estigmatización de la Fuerza Alternativa del Común, y de sus integrantes, tratándolos como victimarios per se, moviendo todavía los hilos de la guerra de baja intensidad mediática contra ellos. De tal manera que asistimos a un escenario de difusión de verdad parcializada, distorsionada, a medias y falseada que NO ES VERDAD, movida para avivar la vindicta y aplicación de la justicia penal del enemigo en el marco de la desfiguración de la Jurisdicción Especial para la Paz y por ende del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, del cual hace parte también la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Reconciliación y la No Repetición.

9° No se puede borrar el pasado, para no perder de vista las razones ciertas del presente y la perspectiva de la marcha de las sociedades hacia el buen vivir. Lo cual exige un sentido HISTÓRICO de la verdad, a fin de no caer en las enredaderas de una apariencia de verdad.

10° Los hechos del conflicto político, social y armado tienen causas, orígenes y factores que posibilitaron su expansión, intensidad y permanencia, como matrices y caracterización regionales y locales, etc. Que no podrían pasarse por alto si se quiere construir verdad, reconciliación y no repetición. Y si se pretende ciertamente lograr una nueva sociedad en condiciones de justicia y dignidad, lo adecuado, lo correcto era proceder con las reformas mínimas que abrieran vías a la superación de las causas del conflicto. Sin estas reformas el fin del conflicto es una falacia, y el statu quo es el peor atentado contra la paz. Esta es la circunstancia que estamos padeciendo. De tal manera que está claro que con la permanencia de los obstáculos a la reforma política que le de paso a la apertura democrática, el Estado viola el acuerdo de NO REPETICIÓN y, por ende, la RECONCILIACIÓN, en la misma dimensión de lo que es la traición a la Reforma Rural. Sinresolver estos problemas continuará la violencia, una violencia de trasfondo evidentemente político, la VIOLENCIA POLÍTICA, que ha sido la mayor degradación victimizarte de nuestra historia.

11° Una paz estable y duradera sin verdad no puede ser posible, pero la verdad sin contextos históricos no es tal. Y la reconciliación es improbable sin la no repetición. Pero la verdad que tenemos desde los momentos de inicio de la implementación temprana, es la violación del Estado a la buena fe y al pacta suntservanda; el crimen de la Perfidia que es -entre otros crímenes de lesa paz- temprana violación del deber de NO REPETICIÓN, por su reincidencia en sus acciones y omisiones generadoras de la violencia y repitiéndose como genitor de la misma.

12° La repetición consiste en la persistencia del modelo económico, en la acentuación del consenso de acumulación neoliberal en manos del mismo bloque de poder dominante que ha reprimarizado y financiarizado la economía y ha desbocado a sangre y fuego la acumulación por despojo. Nada de esto es asunto del pasado. Todo está latente como lo está la violencia como instrumento principal de su imposición estructural.

Pero a tal descripción general irrefutable por lo evidente, agréguesele el despojo también continúo al ingreso de los trabajadores mediante políticas tributarias que descaradamente se orientan al favorecimiento del gran capital.

Recordemos que, así como se ha hecho despojo a sangre y fuego de la tierra generando una criminal reconfiguración espacial del capitalismo, también se ha propiciado el despojo normativo de la tierra, como por norma tributaria se ha saqueado los bolsillos de la clase trabajadora, las llamadas capas medias y la población empobrecida. Reflejada se encuentra esta práctica tributaria en la propuesta de Ley de Financiamiento del ministro Carrasquilla, personaje para quien “el salario mínimo, en Colombia es un chiste escandalosamente alto”. Pretender gravar con el 18% del IVA casi toda la canasta familiar es muestra del carácter salvaje de su reforma.

13° Las imprecisiones sobre las enormes falencias y mal rumbo del proceso han sido advertidas por organismos que como la ONU para nada tienen sospecha de afinidad con las FARC. Recordemos que, por ejemplo, en noviembre 15 del año pasado, en el primer año de la implementación temprana Jeffrey Felman, Secretario General Adjunto para asuntos políticos, manifestó sus preocupaciones por las incertidumbres especialmente legales que generaba la implementación para los miembros de la FARC; luego, el 30 de noviembre, el Consejo de Seguridad respaldó lo dicho por Felman, y pidió la implementación y el proceso normativo en consonancia con lo acordado, al tiempo que abogó por la participación política de la FARC.

En contrario sentido, hoy la implementación normativa está paralizada y lo poco que avanza lo hace en deterioro del Acuerdo Final como ocurre respecto a la JEP en medio de circunstancias de persecución judicial pertinaz, crecimiento de la represión, eliminación de dirigentes sociales y de excombatientes en proceso de reincorporación, apartheid político contra el nuevo partido FARC, obstrucción y condicionamientos inadmisibles al ELN que imposibilitan la concreción del diálogo con esta fuerza insurgente.

14° El Instituto Krok de la Universidad de Notre Dame, designada para hacer seguimiento de la implementación del Acuerdo, pese a su enorme sesgo institucional, que le ha restado imparcialidad y credibilidad, apunta en su segundo informe (que es menos cuestionable que el primero) que sólo se ha concretado el 10%de las disposiciones del Acuerdo. Aunque no es posible tal alcance, aún si fuera acertado el cálculo, ese es un nivel que muestra el fracaso del propósito de la participación política de la apertura democrática y de aquello de “ampliar y cualificar la democracia como condición para lograr, bases sólidas para forjar la paz”.

15° Los puntos esenciales del Acuerdo Final están traicionados, y esta traición, además de abonar nuevos ciclos de violencia inimaginables, pesará enorme y negativamente en lo que pudiere ser un reinicio de conversaciones de paz entre ELN y Gobierno, con el agravante de los incalculables daños a la confianza que se desprenden de la devaluación de la palabra empeñada, y el incumplimiento de lo rubricado, e incluso la inanidad de lo que se normatiza. En fin, la perfidia aniquila no sólo la confianza, sino también la fe. Recuperar estos tesoros para cualquier proceso de reconciliación puede costar mucho tiempo y muchas vidas, mucho futuro y zozobra.

16° Hoy por hoy, queda absolutamente claro que el objetivo central del Estado a alcanzar, utilizando las mínimas promesas y compromisos del Acuerdo de la Habana, era la DEJACIÓN DE ARMAS por parte de una insurgencia embriagada por la buena fe y el somnífero de las mentiras del establecimiento, que desde siempre tramó convertirla en el chivo expiatorio de la guerra fratricida que hemos padecido por más de medio siglo.

17° La estrategia de negociación del Bloque de Poder Dominante nunca tuvo el propósito de introducir cambios de fondo al orden social vigente, ni de desarticular la estructura estatal y el sistema de “democracia excluyente”. Por el contrario, se han pervertido y derechizado todavía más con mayor rigor, logrando imponer un criterio por demás falso de ilegitimidad y de injustificación del ejercido derecho universal a la rebelión, desfigurando las causas históricas de la verdad sobre la confrontación, y reafirmando la actitud negacionista sobre la responsabilidad principalísima que tiene el Estado en la gestación y permanencia del conflicto y sus víctimas cuya causa se suele instrumentalizar, en muchos casos, en el discurso institucional, no para buscar su sincera reivindicación sino para deslegitimar la subversión.

El Estado que es el victimario por antonomasia instrumentaliza el dolor de las víctimas y la victimización que se deriva del conflicto en general para descalificar hasta la subversión como acción política sin armas y el cuestionamiento al orden establecido burgués, o a la búsqueda de un escenario post capitalista de buen vivir, pretendiendo condenarnos a la resignación y a la desesperanza.

Frente a tales retos nuestro deber y compromiso no tiene otra alternativa que radicalizar la subversión, la resistencia desde abajo, en todos los espacios sociales y políticos, en procura de sustituir el orden social vigente, en unidad con quienes tengan el mismo derrotero estratégico.

Enero, 04 de 2019

1° Con el inicio del 2019 los medios se plantean retos para el gobierno de todo tipo, entre los que se cuentan los compromisos de implementación de los Acuerdos, de lo cual parece estar muy pendiente la ONU. También incluyen la salida que Duque debería dar a un posible choque de trenes entre la Fiscalía General de la Nación y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al momento de tomarse una determinación sobre la solicitud de extradición contra Jesús Santrich. Aunque ya en la entrevista anterior hiciste tu balance sobre la implementación de los Acuerdos como un proceso fallido, quisiera que te refieras al tema considerando, también el asunto de la extradición.

¿Qué esperas de la JEP y qué de la Fiscalía General de la Nación?

¿Qué perspectivas ves de lograr tu libertad y qué ocurriría en caso de que la JEP no dé una solución favorable a ti?

2° Qué interpretación le das a la visita de Mike Pompeo a nuestro país tomando en cuenta la confrontación diplomática que el Gobierno de Iván Duque, en sintonía con Washington, encabeza contra la República Bolivariana de Venezuela.

3° Ayer, precisamente haciendo venias todavía al gobierno yanqui, el Presidente Duque manifestó vía twitter que “Hace 200 años, el apoyo de los Padres Fundadores de Estados Unidos a nuestra independencia fue crucial”. Esta afirmación, sin duda, es más que un cumplido de amigos o socios, pues entraña una visión de la historia y una posición política que avala el papel que la nación del norte pretende jugar como amo y señor del continente.

¿Tiene o no tiene razón el Presidente Duque en su afirmación?

¿Qué alcances y pretensiones tiene tal punto de vista en este año del bicentenario de la Batalla de Boyacá, la cual según sentimiento nacional concretó el 7 de agosto de 1819, la independencia de la Nueva Granada?

(…)

Domingo, 06 de 2019.

JESÚS SANTRICH. Tu segundo cuestionario me lo arrimaron el viernes. Te respondo hoy porque el viernes me dediqué a responder la correspondencia que los abogados me leyeron el jueves, “antes que se me olvide, como dijo el insigne Alí Rodríguez Araque en sus memorias. Por otro lado, el fin de semana me dediqué a atender la visita que bien sabes que es algo que siempre espero con ansiedad. Aproveché también para que me leyeran los materiales que me enviaste para que recordara lo que hace algún tiempo escribí sobre las bases militares yanquis en Colombia. Al respecto hice mis nuevos apuntes que a la luz de tus preguntas espero los escuchemos y corrijamos cuando vengas hasta aquí. Ahí vamos avanzando. Las preguntas que remitiste las responderé todas durante el desarrollo de la argumentación de las tres guías con que encabezaste tu carta, las cuales anteceden este texto del 06 de enero.

1° Sobre tu primera pregunta tratando de no repetir lo ya dicho en el balance del que hablamos en la primera entrevista te comento que el mismo primero de enero en que hice las primeras respuestas, en mi registro del día, antes de acostarme, a eso de las 20:30 escribí: “Cierro el día e inicio este año con mucho optimismo y convencimiento en que obtendré la libertad. Pienso en Iván, en nuestra gente firme y tengo fe en que lograremos darle rumbo a la lucha revolucionaria por un camino de emancipación y verdadera paz con justicia social.

Si en contravía de lo justo y del mismo derecho burgués deciden de manera desfavorable, reitero mi compromiso de luchar hasta mi último aliento por los principios farianos de origen y por la dignidad fariana sin doblegarme, sin someterme, sin rendirme. ¡Jamás, jamás, me dejaría extraditar y subordinarme a la “justicia del imperio”! Lo juro”.

Creo que esto resume mis expectativas en lo estrictamente personal, pero agregaría otras reflexiones. He escuchado en la radio sobre los retos del Gobierno a los que aludes en específico. El dos de enero también escuché muy temprano al señor Archila opinando sobre el informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la implementación de los Acuerdos de La Habana. Muy en positivo, pero por lo que se conoce en el día a día, muy demagógico. El informe de Naciones Unidas, que no voy a repetir ni a resumir en este espacio creo que está escrito con lo que llaman un “lenguaje políticamente correcto”, reconociendo “los esfuerzos y el compromiso” del Gobierno para impulsar la implementación, pero al fin de cuentas le toca señalar que existen preocupantes problemas en materia de seguridad para los líderes sociales y para los ex combatientes. Esto en lenguaje directo se traduce en asesinatos por decenas, en crímenes respecto a los cuales negar su sistematicidad por parte del régimen sobrepasa el cinismo y la perversidad.

Las respuestas tanto del Alto Comisionado de Paz como del Sr. Archila frente a este drama humanitario suenan huecas y sórdidas. Igual ocurre para el resto de necesidades que se derivan de los Acuerdos. Por ejemplo, como se explica que ya casi durante cinco meses y ante tan enorme matazón la comisión de garantías de seguridad esté suspendida. Lo mínimo que se podíahaber hecho era una reunión de alto nivel que demostrara que hay verdadera preocupación por este problema tan grave. Pero tampoco se le dice nada convincente al país sobre qué pasará con los excombatientes que habitan en los ETCR después de agosto, cuando terminen los contratos de arrendamiento de esos espacios, y concluyan también los pequeños auxilios que se giran a quienes han dado de buena fe el paso a la legalidad sin concretar los proyectos productivos que se esperaban. Mucho menos se observa que se vayan a dar pasos hacia la materialización de la reforma rural integral que se pactó.

Considero que el comunicado de fin de año y saludo de año nuevo que hicieron público, a su nombre, Iván Márquez, Oscar Montero, Romaña, AldinéverMorantes y otros compañeros resume bien la situación que enfrentamos: “A la perfidia de Duque ya nada le queda por hacer. Entre su partido y el Fiscal despedazaron la Paz. Ahora dice que cumplirá el acuerdo en lo que tiene que ver con los combatientes de base y no con los comandantes…

Realmente actuamos como ciegos cuando no quisimos ver el largo historial de traiciones de esta oligarquía tras la firma de episodios de paz…” Complementaria estas ideas remitiéndome al total de las cartas enviadas por Iván después que tomó la determinación de no asumir la curul en el Senado de la República, como consecuencia de la alta traición del régimen al Acuerdo de Paz de La Habana.

Como parte de esta misma pregunta presentas la inquietud sobre la posibilidad de que me extraditen. Entonces, sin adentrarme en argumentaciones jurídicas, creo que las consecuencias del caso se están observando desde el momento mismo de mi captura arbitraria con la que se comenzó a concretar un montaje asqueroso que va más allá de una situación personal y que apunta a sabotear el proceso de paz en su conjunto. Ya hay daños que están hechos y que son irreversibles como los infligidos a la buena fe y a la confianza de la mayor parte de los excombatientes, de la militancia fariana en general y de quienes han creído en la posibilidad de la reconciliación.

De todas maneras, como te dije al principio de la respuesta, tengo fe en recobrar mi libertad, pero al mismo tiempo sé que enfrentamos poderosos y terribles enemigos respecto a los cuales el Fiscal es solo una ficha. Jamás cometí los hechos de que se me acusa y por eso pienso que, si La JEP falla “en derecho”, así hayan retorcido y desdibujado la normatividad de origen pactada en La Habana, tendrían que darme la libertad. Por ningún lado aparecen las famosas pruebas incontrovertibles y concluyentes de las cuales tanto habló el Fiscal Martínez Neira cuando ordenó mi captura al tiempo que me sentenció anticipadamente. Y esperemos ver con qué nos sale el imperio que me solicita en extradición, porque de lo que habla el indicment es de una supuesta “conspiración”, manido argumento que se trae de los pelos porque no tienen elementos fácticos que me incriminen.

Creo que es bueno que se sepa que, tras la firma del Acuerdo, desde que pisé Colombia, hasta el mes de enero de 2017 estuve las 24 horas del día bajo vigilancia y custodia policial viviendo en casas asignada por el gobierno. En esas casas y en las oficinas también designadas por el Gobierno hice todas mis reuniones de trabajo las cuales tenían que ver con el impulso de los Acuerdos, incluyendo los proyectos productivos.

 Desde enero la custodia estuvo a cargo de la UNP, pero la vigilancia y custodia de los sitios donde vivía estaba 24 horas a cargo de la policía. No hay absolutamente ninguna reunión que no haya tenido registro policial porque todo lo que realicé fue abiertamente, a ojos vista de las autoridades. De hecho, la policía tenía pleno conocimiento de la existencia de cámaras en todos los lugares donde viví y me reuní. Ellos deben tener todos los registros minuto a minuto de lo que hice, porque nunca estuve fuera del control de las autoridades. Pero sé que eso no basta porque la perfidia supera cualquier prevención y previsión que hubiera podido haber tomado. Por eso fíjate como el Fiscal impúdicamente me acusó con mentiras, prejuzgó y sentenció con la determinación de soslayar toda la normatividad derivada del Acuerdo de La Habana que en cualquier circunstancia semejante a la que tejió contra mí pone como juez natural a la Jurisdicción Especial para la Paz. En tal propósito no ha cesado, contando con el apoyo de grandes medios de comunicación que todos los días claman por la extradición a cualquier costo. Te pongo el ejemplo de la “W” en la que varios de sus periodistas imploran, exigen y casi ordenan que las autoridades judiciales o de lo contrario el mismo Presidente Duque, por sobre cualquier ordenamiento legal, me monte en un avión de la DDEA y me envíe “ya mismo” a los Estados Unidos. Denotan una mentalidad lacaya e irracional increíble.

Por su parte el Presidente Duque ha dicho que tiene la pluma lista para firmar la extradición porque sabido es que en esta materia no se trata de conjugar aspectos de cooperación en justicia sino de atender órdenes. Y para mi caso, con mayores veras porque de lo que se trata es de mantener sobre nuestra fuerza revolucionaria una espada de Damocles para el chantaje. Evidentemente ningún integrante de las FARC tendría posibilidad alguna de un juicio justo en un tribunal yanqui. Y si se quiere un ejemplo ahí está el caso de Simón Trinidad quien desmontó las falsas acusaciones que le hicieron de narcotráfico, pero que igual lo enterraron en una cárcel inhumana condenándolo por hechos que no cometió y los cuales no fueron el motivo de su tramposa extradición.

En una de tus preguntas de desarrollo de las tres guías que te estoy respondiendo, me presentas inquietudes muy puntuales sobre lo que pienso no del caso mío sino de la extradición en general. Te manifiesto algunos criterios ahora para no dejar en el aire este asunto que tiene que ver con la soberanía y con ese otro gran tema que es el del intervencionismo yanqui en nuestro país, al cual me referiré más a fondo cuando te conteste las otras dos preguntas guía.

En Colombia con esta figura se violenta la presunción de inocencia, principios como el de legalidad, debido proceso y todo lo que se te ocurra como fundamento de derecho una vez se comprende que lo primero que se pisotea es la soberanía.

Te repito que no pretenderé ahondar en las complejas nimiedades jurídicas que comporta este problema, pero trataré de darte mi punto de vista, que de paso someto a un debate que con urgencia necesitamos poner a juicio de la opinión nacional.

Es una constante la violación a los derechos humanos de quienes son sometidos a extradición, como cuando se someten a cadena perpetua a quienes se condena, a sabiendas que tal penalidad no existe en Colombia y por tanto no se debía asignar a nuestros connacionales, o cuando se ha extraditado homónimos por el apresuramiento de cumplir la orden de las cortes gringas. Existen estadísticas, a 2018, de por lo menos 17 demandas contra el Estado Colombiano, derivadas de los inauditos “errores judiciales” que no son otra cosa que el ejercicio de la arbitrariedad y el abuso de poder internamente, pero también de un evidente arrodillamiento a las autoridades norteamericanas. No de otra forma se puede entender que en el último decenio se hayan extraditado- y eso es un record mundial- alrededor de 2400 connacionales hacia los Estados Unidos. Y tal situación tiene el agravante de que se da bajo la sombrilla de un “tratado” espurio fechado en 1979. Y digo espurio porque en 40 años no cumple con los fundamentos básicos que exige el derecho internacional para llamarse tal, comenzando porque después de tanto tiempo ni ha sido denunciado por las partes que lo suscribieron, ni cuenta con reglas que lo hagan aplicable. Pero con lo que sí cuenta es con la imposición abusiva de Estados Unidos, que no tiene ni una pisca de reciprocidad. Si mal no estoy, jamás un ciudadano de EEUU ha sido extraditado a Colombia.

En estos días cuando escuchaba a Duque diciendo que tenía la pluma lista para firmar mi extradición, recordaba el cruce o si se quiere el revoltijo de competencias de las ramas ejecutiva y judicial que tiene el sistema, a lo cual se le agrega ahora lo que corresponde a la garantía de no extradición cuyo manejo está claramente en manos de la JEP para el caso de ex combatientes de las FARC, pero que tiene la obstrucción pertinaz de la Fiscalía, de la procuraduría y del Congreso, que han pretendido quitarle facultades en cuanto a ordenar pruebas, a la mencionada instancia.

En este tinglado por más de medio siglo la Corte Suprema había asumido un papel anodino en el trámite de un procedimiento casi que exclusivamente administrativo y de mero trámite de la orden extranjera. Recientemente la jurisprudencia del alto tribunal prioriza los derechos de las víctimas, a la extradición. No obstante, podamos asegurar sin lugar a equivocación que el tratamiento de la extradición sigue teniendo un manejo desacertado y apátrida en el que se mezclan intereses políticos y jurídicos que al volcarse sobre cada caso desdibujan el sentido altruista que debe tener el principio de la genuina cooperación judicial y policial contra la criminalidad que sobrepasa las fronteras nacionales. Sencillamente no se está partiendo del respeto efectivo de los derechos humanos, lo cual no deja de ser aberrante en la medida en que, además, se vienen transgrediendo garantías procesales consignadas en el Código de Procedimiento Penal, en la Constitución y en instrumentos del ordenamiento internacional, al aplicar un llamado “sistema mixto” que es inocultablemente enredado y malintencionado.

Siendo la fuente esencial del derecho extradicional los tratados, ante el déficit que ya se mencionó, lo que debía operar sería la normatividad interna. Pero tampoco ha habido el cuidado de hacer regulaciones precisas en la legislación procedimental penal, y ha habido profundas contradicciones doctrinales entre las altas Cortes desde los albores del Siglo pasado, con episodios agregados como el combate judicial de los años ochenta que con otros importantes juristas encabezó el doctor Reyes Echandía contra el Cartel de Medellín y el narcotráfico en general; o la prohibición de la extradición como norma constitucional de principios de los noventa; o la aparición de la Sentencia SU – 110 del 2002 de la Corte Constitucional que indica que la única vía para evitar la extradición es la tutela; pasando por alto, al parecer, que este es un mecanismo subsidiario a la aplicación de los instrumentos regulares que debe tener todo Estado de Derecho para tratar un aspecto judicial de consecuencias internacionales narcotizado como es el que estamos comentando.

En síntesis, lo que se observa es un pandemónium propio de un Estado de Derecho derogado y sometido a las extravagancias de la DEA, operador non Santo del poder intervencionista de un país, Estados Unidos, que no tiene ninguna autoridad moral para actuar como policía y juez del mundo en esta ni en ninguna otra materia.

Al respecto y sin pretender hacer una exposición de razones históricas de esta afirmación, menciono algunas verdades que la sustentan:

- Desde finales del siglo XIX laboratorios como Merck de Alemania y Parke Davis de los EEUU comenzaron a proporcionar y lucrarse del consumo de la cocaína, hasta llegar a excesos y problemas de adicción sin control, frente a los que procedieron desde comienzo de los 60 con medidas prohibicionistas ineficaces, que en diez años escalaron hacía acciones represivas dentro de un sistema de doble faz, en el sentido de que prohibía, reprimía y al mismo tiempo captaba fondos para adelantar operaciones encubiertas.

- Las operaciones paramilitares y la guerra sucia durante la guerra de Vietnam fueron financiadas por EEUU con fondos derivados de narco negocios.

- En ese mismo lapso la adicción a la cocaína, la heroína y las anfetaminas paso de 50.000 a más de medio millón de consumidores habituales, y hacía 1974, según las propias autoridades gringas, al menos 5 millones de estadounidenses habían probado el alcaloide.

- Estudiosos de este fenómeno coinciden que la clase política estadounidense en el poder, contribuyó por acción o por premeditada e intencionada omisión a la expansión y fortalecimiento de la economía del narcotráfico hacía América Latina y el Caribe, Colombia incluida. En ello, el sector financiero ha sido de los principales beneficiarios y los réditos del narcotráfico han sido utilizados impúdicamente como fuente subterránea de financiación de la guerra contrainsurgente y de apoyo por parte de la CIA a gobiernos afectos a Washington, como bien es conocido, por ejemplo, en los casos de Paz Estenssoro y Banzer Suárez, entre muchos otros.

- Es de público conocimiento que desde 1974 el Acta de Seguridad Nacional de los EEUU, exoneró a la CIA del cumplimiento de la ley, lo cual terminó extendiéndose por cuenta de la Agencia a narcotraficantes que hacían parte de sus redes de intervención.

- En mayo de 1988, el mismo senador John Kerry expresó ante medios de comunicación su preocupación por la inundación con drogas que tenían las fronteras de EEUU, apuntando que en los propósitos intervencionistas en Nicaragua y Panamá se habían usado “organizaciones narcotraficantes como fuentes de inteligencia…”. Esto lo decía de manera crítica. Con dineros del narcotráfico, los yanquis contribuyeron a la financiación de la “contra” nicaragüense.

No me extiendo en más ejemplos, pero debo decir que esta es solo la punta del iceberg en la caracterización criminal del Estado que me solicita en extradición a partir de falsedades, contando con un Fiscal en Colombia cuya probidad está por demás cuestionada, y su oposición al proceso de paz es más que evidente.

Prescindo de detallar las violaciones que la institucionalidad colombiana ha hecho de mis derechos, pero puedo indicar para no extenderme, que aparte del montaje oscuro de la acusación que me hacen de conspiración para narcotraficar, la Fiscalía nunca abrió paso al control de legalidad sobre la detención arbitraria que con fines de extradición profirió contra mí el 09 de abril de 2017. De contera, nunca la orden de captura que “formalizó” a destiempo fue revisada por autoridad competente. Y aquí debo precisar que, si bien la Corte Constitucional concluyó que la Fiscalía era el órgano competente, tal aseveración contradice la jurisprudencia de la misma Corte que establece que la JEP es la JURISDICCION COMPETENTE para conocer de los casos de ex combatientes de las FARC. Y agrego que, en todo caso, la Fiscalía General de la Nación, hasta donde se sabe no es órgano judicial, y por tanto no podría considerarse autoridad competente. Pero de forma inaudita, en contravía del orden constitucional y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que tanto suele invocar el Estado Colombiano, en nuestro país, para casos de extradición, se pueden realizar detenciones sin que estén sujetas a control de legalidad. Es decir que contra toda lógica del derecho se permiten las detenciones arbitrarias, lo cual de paso manda al traste el control judicial previo, el control judicial posterior y el artículo 28 de la Carta Magna.

Esta es mi situación y por ello he dicho desde el día que suspendí la huelga de hambre que sostuve entre el 09 de abril hasta el 20 de mayo de 2017, que confío en los resquicios de actuación en justicia y en derecho que se observan en la JEP. Ya veremos si no son vagas ilusiones que terminarán arrolladas por la insolente perfidia de los enemigos de la paz, entre los que se encuentra un Fiscal que a mi modo de ver nunca debió ser seleccionado para ese cargo, primero porque era un reconocido enemigo de la paz, y segundo, porque a tiempo muchas personalidades democráticas del país denunciaron los múltiples conflictos de intereses que lo rodeaban. Hoy está más claro que existen innúmeras causas que podrían configurar la nulidad de su nombramiento que, además, estuvo acompañado de tráfico de influencias.

2° Sobre la opinión que me merece la visita de MIKE POMPEO, Secretario de Estado de los Estados Unidos, a Colombia, y los choques diplomáticos que en sintonía con Washington genera el Gobierno de nuestro país contra Venezuela, lo siguiente:

Esta pregunta está muy relacionada con la tercera, así que seguramente tocaré aspectos que irán respondiendo también esta última.

Estos altos funcionarios a lo que suelen venir a nuestro país es a reafirmar su poder y dominio. A recordarle a sus cipayos quien es el que manda, y para esto no requieren más que un par de horas en las que, como acaba de ocurrir en Cartagena en la “Casa de los Huéspedes Ilustres, a los gobernantes locales les corresponde el papel de rendir cuentas, jurar sumisión, adular y recibir regaños y órdenes. Es una vieja práctica de los gobiernos de Colombia que Duque ejecuta con creces y genuflexión absoluta.

Es difícil saber los detalles de esa intimidad oscura, pero dentro del libreto histórico de sometimiento que ya señalé, aparte de la subordinación de las políticas internas, es de inferir que se afinan las orientaciones sobre el papel de desestabilización que el Gobierno colombiano juega contra el país hermano, actuando como marioneta principal dentro de la opereta del conciliábulo del llamado “Grupo de Lima”.

El canciller colombiano despliega desde el momento mismo de su posesión una ferviente campaña disfrazada de diplomacia para derrocar al Presidente Nicolás Maduro. Sus maniobras se mueven por doquiera anda el funcionario “estrella” de Duque, pero especialmente lo hacen en el tablado de la Organización de Estados Americanos (OEA) en cabeza de su Secretario General Luis Almagro. Pero este es uno de los tantos capítulos – quizás el más agresivo y descarado – de una ya larga trayectoria que toma a Colombia como punta de lanza para someter a todo el continente. Esta es una constante en escalada desde los inicios de la revolución bolivariana, momento en que el imperio sintió perder su “patio trasero” por causa de la ola emancipante que levantó el ejemplo de rebeldía antiimperialista del pueblo venezolano junto al comandante Hugo Rafael Chávez Frías.

El Gobierno colombiano, evidentemente hace parte del engranaje del plan diseñado por el Pentágono para aplastar la Revolución Bolivariana y que el Comando Sur ha plasmado, más recientemente, en el manual “Venezuela Freedom 2 Operation”, que de manera específica establece el objetivo de derrocar al Presidente Nicolás Madura mediante una operación militar que patrocinaría la Conferencia de Ejecitos Latinoamericanos y el respaldo de la OEA.

Es un libreto intervencionista y golpista ordenado por la Casa Blanca y operado por el Comando Sur mediante la OEA, el Grupo de Lima y el conjunto de la derecha internacional. Todos están confabulados para, mediáticamente calificar de dictador al Presidente Maduro y después del 10 de enero, fecha de su posesión para un nuevo mandato legitimo por venir del voto popular, desconocerlo y tildarlo de usurpador, arreciando el bloqueo económico y político. En ello, la acción militar hace parte de un menú demencial que está ayudando a preparar de forma irresponsable y servir el Presidente Duque. No dudo que este Gobierno mediocre e insulso aparte de estar acabando con los girones que quedan del Acuerdo de Paz de la Habana, está empujando al país a una guerra que tendrá desastrosas consecuencias de todo orden.

3° Sobre el twitter de Iván Duque en el que expresa que Estados Unidos tuvo un papel crucial en nuestra independencia, lo siguiente:

Esta tercera pregunta la responderé retomando algunas viejas notas que en el seno de las FARC hemos discutido sobre la estrategia de recolonización de Estados Unidos sobre la América Nuestra.

Comienzo por decir que es absolutamente falso lo dicho por el señor Iván Duque. Y no creo que su afirmación obedezca a la ignorancia de la historia, sino a la premeditada determinación de distorsionarla. No creo tampoco que sea una posición individual del personaje sino una posición de Estado que pretende ocultar el historial intervencionista yanqui que también cumple edad bicentenaria, y que Gobiernos pusilánimes como el de Duque tienen el compromiso de respaldar, y trabajar para sostenerlo, incluso en el plano académico, a punta de mentiras. En esto, las concepciones historiográficas pueden tener sentido diverso, pero los hechos sobre el proceso independentista como tal están bastante esclarecidos por los mismos protagonistas directos de esta gesta, como por uno de sus más encumbrados que es Simón Bolívar, de lo cual hay abundante documentación.

Pero antes de referirme a ejemplos concretos que respalda lo que digo te hago unas precisiones mínimas que tienen que ver en estricto con los llamados “Padres Fundadores”. Esta denominación está restringida a quienes crearon las 13 colonias que fueron la base para crear los Estados Unidos como República, y ni estos ni los gobernantes posteriores a la Constitución de Filadelfia jugaron papel alguno en la independencia de los países latinoamericanos. Incluso los “Padres Fundadores”, llegaron como colonos del “viejo mundo” a territorio norteamericano en el que habitaban pueblos originarios, indígenas, a los que sometieron, dos siglos antes de la independencia misma de los Estados Unidos. Y si se quiere llamar Padres Fundadores a los dirigentes y gobernantes que inauguraron a los Estados Unidos ya como República independizada de Inglaterra, tampoco aportaron a nuestra independencia, ni con apoyos materiales o morales, y ni siquiera con la neutralidad que en diversos momentos dijeron practicar. No podemos perder de vista, además, que en la medida en que España había favorecido de una u otra manera a los independentistas estadounidenses contra Inglaterra, entre 1775 - 1783, estos se sentían impedidos para actuar contra los peninsulares.

Entonces, definitivamente Estados Unidos nunca prestó como Gobierno y como Estado, ni ayuda política, ni militar, ni económica a ningún proceso independentista en Iberoamérica. Esta es una verdad tan grande y fundamental que no la pueden negar ni los tergiversados relatos de la historiografía oficial tan dada a encumbrar apariencias y falsos héroes, sin que se permita el debate de la historia. Construyen “verdades” absolutas, criterios de dominación y engaños que fortalecen con la ignorancia que sobre estos temas se instaura al eliminar del sistema educativo la enseñanza de la historia. Por eso creen que es fácil poner a personajes como Francisco Barbosa a hacer malabarismos argumentativos y a justificar lo injustificable con el cuento de las herencias ideológicas que dejó la Constitución de los EEUU o pretendiendo hacer ver la nefanda Doctrina Monroe como escudo de protección dispuesto para favorecer a Hispanoamérica.

Han tenido estos voceros del establecimiento el descaro de poner en boca de Simón Bolívar el reconocimiento del susodicho papel emancipador de EEUU, contrariando la abundante documentación que demuestra la posición crítica del Libertador respecto a la falsa neutralidad yanqui.

Te agrego ahora lo que durante años hemos pensado dentro de las FARC sobre el tema, más allá de lo que diga Duque y sus adláteres...