“El balance es de incertidumbre y de desconfianza producto de los incumplimientos del Estado” - Entrevista al firmante de paz Benedicto González a 5 años del Acuerdo de Paz

Por: ABP

En el marco de los cinco años del Acuerdo de Paz entre la guerrilla de las FARC-EP y el Estado colombiano la Agencia Bolivariana de Prensa (ABP-Noticias) conversó con el firmante del acuerdo y hoy integrante de la “Mesa Autónoma de Reincorporación” Benedicto González Montenegro.

ABP: ¿Cómo evalúas la situación actual de las y los excombatientes de las FARC?

B.G.: A cinco años de la firma del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, como se denominó a ese pacto de paz entre las antiguas FARC-EP y el Estado colombiano representado por Juan Manuel Santos como presidente, podríamos decir a manera de balance y de evaluación que estamos ante una situación de crisis generalizada del acuerdo en su conjunto, lo cual significa que la fase de implementación que podríamos decir es lo más importante de un acuerdo, porque más allá de la gramática, más allá de los contenidos, es la implementación, la ejecución, el cumplimiento de lo que se pacta, lo fundamental. Y precisamente en esta fase de la implementación nos encontramos en una situación de perfidia por parte de la clase política colombiana y del Estado colombiano, al incumplir de manera premeditada y perversa los compromisos con la construcción de paz. Si el acuerdo en general está en esa situación de crisis, sería poco probable que la situación de los excombatientes, o firmantes del acuerdo como algunos prefieren llamar, pudiera tener alguna posibilidad de éxito. O sea la reincorporación que tiene compromisos en lo socio-económico y en lo político, sólo puede ser exitosa en la medida en que se cumpla el acuerdo de manera integral. Coloco un ejemplo: es imposible que un proyecto productivo sea exitoso, si se encuentra desarrollado en un escenario de inseguridad física o inseguridad jurídica. Ya ha ocurrido en el caso de Ituango o el caso de los compañeros que hicieron el espacio de reincorporación en El Diamante, en el departamento del Meta, que cuando ya algunos procesos productivos iban avanzado, grupos armados les dieron la orden de abandonar el territorio. Entonces sin estas condiciones de desmantelamiento del paramilitarismo que están contenidas en el punto 3, es imposible entonces que lo socio-económico que tiene que ver con la reincorporación tenga algún éxito. Entonces el balance no es positivo. El balance es de incertidumbre y de desconfianza producto de los incumplimientos.

ABP: ¿Qué están haciendo actualmente en función de la reincorporación de las y los antiguos combatientes de las FARC?

B.G.: Podríamos decir que hay muchas iniciativas, algunas de manera individual y otras de manera colectiva. Pero echemos un poco la mirada hacia atrás. En el año 2017 cuando se hace el último censo de la militancia de las diferentes estructuras que conformaron las FARC-EP, que eran cuatro fundamentalmente: la guerrilla en armas, las milicias bolivarianas, el partido clandestino y el Movimiento Bolivariano, el censo de mayo de 2017 nos dio un resultado de más de 20 mil integrantes del movimiento fariano en su conjunto. Una vez se firma el acuerdo algunos de estos compañeros no entran a los listados, no se acreditan como excombatientes, porque no estaban identificados, porque no tenían antecedentes judiciales… Quienes firmamos el acuerdo entonces fuimos 13.500 aproximadamente. Pero de esos 13.500 un 50% nunca se afilió al partido que surgió del acuerdo de paz, al partido FARC. Por lo que fuera, por falta de confianza, por falta de interés. Por falta de estímulo o de claridad de qué era lo que se estaba creando en lo político. Pero en conclusión la mitad aproximadamente de los firmantes del acuerdo no se integró al partido. Pero en el desarrollo de estos casi cinco años posteriores a la firma, más de la mitad de esos que fundamos el partido hemos ido quedando al margen de esa organización política. Entonces este partido está en una crisis no sólo en cantidad, sino también en sus elementos programáticos, también en su acervo histórico, en su tradición histórica, en su recorrido histórico, porque ha abandonado las banderas que le caracterizaron de defensa de los intereses de pueblo, y de una posición antiimperialista y sobre todo de una propuesta socialista para la sociedad colombiana. Eso hace que hoy, el partido que surgió del acuerdo, independientemente cuál sea el nombre que vaya asumiendo, no representa a la mayoría de los firmantes. Por lo tanto la mayoría de los firmantes del acuerdo, los excombatientes en las distintas regiones donde se encuentran, están buscando alternativas de organización con diferentes formas. Algunas son las cooperativas, otras son las asociaciones, pero que les generen confianza, y que les genere autonomía. Lo que se acaba de confirmar en el encuentro de Neiva, capital del Departamento del Huila, donde más de 40 procesos de organización de excombatientes de todo el país se encuentran para definir una ruta común, es que se está exigiendo un modelo autónomo de reincorporación, una mesa autónoma de reincorporación, que tenga la posibilidad y capacidad de interlocutar de manera directa con las instituciones del Estado.

ABP: ¿Es decir que ustedes consideran que no es posible hacer este trabajo por la reincorporación desde el partido Comunes y desde los espacios de interlocución con el gobierno ya existentes?

B.G.: Ya lo dijimos, el partido hoy no representa a la mayoría de los que firmamos el acuerdo, a la mayoría de los excombatientes firmantes del acuerdo. Y las dinámicas que se dan en los territorios, de alguna manera están desconectadas de las decisiones que se toman en la capital del país. Lo que se está proponiendo entonces es un proceso de reincorporación descentralizada y autónomo.

ABP: ¿Cómo se relacionan estas reivindicaciones de las y los excombatientes de las FARC con el actual escenario de descontento y levantamiento popular en Colombia?

B.G.: El sentimiento generalizado de inconformidad, de indignación, de protesta popular en Colombia, que se ha venido reflejando desde noviembre del 2019, pero que con más fuerza se expresó en las calles y las plazas del país en los primeros meses del 2021, aún en el marco de la pandemia, desafiando todas las medidas de restricciones del gobierno, sí tiene una relación directa no solamente con las reivindicaciones de los antiguos combatientes de las FARC, sino con el acuerdo en su conjunto. De alguna manera podríamos decir que esas protestas, esa indignación es también un resultado del incumplimiento de la implementación del Acuerdo de Paz. Y qué de otra forma; si lo que está contenido en el acuerdo como compromiso se hubiese cumplido, se hubiese implementado en función de las transformaciones sociales, seguramente estas manifestaciones, estas movilizaciones encabezadas fundamentalmente por los jóvenes de Colombia, no se hubiesen producido. Pero lo que están exigiendo los jóvenes no es sólo lo incumplido del acuerdo. Están también algunos elementos que el Estado no quiso introducir en el acuerdo, como por ejemplo la soberanía alimentaria, como por ejemplo la política minero-energética, y como por ejemplo el carácter, la doctrina, el tamaño y el presupuesto de las Fuerzas Armadas del Estado. Entonces hay una relación directa, y lo que acaba de ocurrir hoy en las calles y plazas de Colombia con este levantamiento popular, es de alguna manera la explosión de la inconformidad de la sociedad, y especialmente de los sectores más jóvenes, por el incumplimiento del Acuerdo de Paz, y por el incumplimiento de muchos acuerdos pactados con las organizaciones sociales.

ABP: ¿Qué perspectivas les ves a una verdadera implementación del Acuerdo de Paz, ante los diversos escenarios de nuevo gobierno que se podrían presentar el próximo año?

B.G.: Si el nuevo gobierno es un gobierno democrático seguramente le dará un tratamiento distinto a la protesta, a la movilización en general, y por supuesto a las exigencias de los firmantes del acuerdo de que se cumpla lo pactado. Porque el tratamiento que se le ha dado actualmente al que protesta, al que exige, al que critica, es un tratamiento de guerra, un tratamiento de represión e incluso un tratamiento muy acorde a lo que ha sido la tradición de la oligarquía colombiana, que ha sido la de la eliminación física del adversario. Más de 280 firmantes del acuerdo, excombatientes, han sido eliminados físicamente y centenares de líderes y lideresas sociales vienen siendo asesinados por defender sus territorios, el agua, los recursos, y por exigir transformaciones sociales en su territorio. Tendría que ser entonces un gobierno democrático, no cualquier gobierno, sino un gobierno comprometido con las transformaciones sociales y además de eso, desde el punto de vista de lo político-electoral, que estuviese respaldado también por un parlamento que estuviese dispuesto a cambiar la tradición clientelista, corrupta que ha caracterizado al actual parlamento en Colombia. Quiere decir que al lado de esa apuesta y ese reto en lo electoral, también tiene que haber una sintonía con la movilización popular. Porque si hubo algo que hizo daño al proceso de negociación que se dio en La Habana, entre las FARC y el Estado colombiano, fue una desconexión con la movilización popular, con las organizaciones y con sus reivindicaciones.

En síntesis lo que nos deja de enseñanza de alguna manera el fracaso, ya podríamos hablar de fracaso, de algunas de las metas definidas en el Acuerdo de Paz, es que una paz no es fruto exclusivo del pacto entre adversarios. La paz para que sea estable, para que sea duradera, para que sea completa, tiene que incluir al conjunto de una sociedad, y en este caso al conjunto de la sociedad colombiana.

Lee aquí el PDF la carta dirigida al presidente Iván Duque escrita por los firmantes de paz: Carta Neiva PDF