Por: Roberto Santiago

“Cada cual a su puesto de combate”, tituló el “diario El Siglo” el martes 11 de septiembre de 1973, al llamado, al que como muchos otros compañeras y compañeros revolucionarios, también concurrió Víctor Jara cuyo puesto de combate era la Universidad Técnica del Estado y eran sus armas: el canto valiente, la canción nueva, el canto de todos. Ese día, en ese campus universitario se realizaría la inauguración de una exposición y en el desarrollo de la misma, el compañero presidente Salvador Allende, también desde su puesto de combate, esta vez junto a los estudiantes, se dirigiría al país.

La Universidad fue tomada por cientos de militares que ante una masa de estudiantes, profesores y auxiliares de la educación, armados de conocimiento, conciencia y juventud, fueron despojados como al país entero, de la “vía chilena al socialismo” qué desarrollaba el gobierno de la Unidad Popular. Un proceso del pueblo y para el pueblo, que con singular encono, despertó al halcón del Norte quien no podía ni pudo aceptar que esta nueva forma de alcanzar el poder popular se expandiera a la región que, ya desde hace rato posaba sus ojos y mostraba admiración e interés por el proceso de transformación social política y económica chileno. Es por ello que los Nixon, los Kissinger, ordenaron hacer estallar la economía chilena, y cubrir de represión, detenidos, desaparecidos y asesinados al país, comenzando así la larga y oscura noche de la dictadura chilena.

A Víctor lo mataron 44 balas asesinas, no sin antes haberle destrozado su cuerpo, sus dedos, manos y muñecas, más no pudieron doblegar su espíritu y su ejemplo que, junto a sus versos obreros se multiplican día a día en cada trinchera popular que los pueblos del mundo acometen contra la clase opresora.

Como Víctor y su trabajo inconmensurable por la clase trabajadora hay muchos más hombres y mujeres, héroes anónimos de esta batalla política, social y cultural perdida, que hasta el día de hoy no han encontrado una tumba ni tampoco justicia, un perenne manto de silencio se yergue sobre sus juicios que duermen en los tribunales de justicia. Ante ello diversas agrupaciones de derechos humanos siguen incansablemente poniéndole rostros a las Marías, Saras, Sebastiánes, Amandas, Natinos, Migueles, Tamaras, Manueles y Manuelas que ofrendaron su vida para construir una sociedad inclusiva y socialista.

Con la llegada de los gobiernos “democráticos”, aun cuando el primero de ellos fue dirigido por el golpista demócratacristiano Patricio Aylwin, se hizo presente en el Chile democrático el concepto de “Impunidad” el cual, según la Corte IDH se entiende por: “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana, toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares”. En este sentido, si bien hay violadores de DD.HH. enjuiciados y condenados, los menos, lo que es cierto es que esas condenas sólo desembocan en sólo una parte del mando militar encargado del exterminio. El otro ramaje de las FF.AA. involucrado, los más, sigue indemne. Cabe destacar que una gran parte de crímenes están cubiertos por La ley de Amnistía, o Decreto Ley N.º 2191, “ley que concedió amnistía a todas las personas implicadas en actos delictivos en calidad de autores, cómplices o encubridores, cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978”.

En este sentido es necesario avanzar en la celeridad y movimiento de estos juicios, alcanzar la máxima verdad posible y el mayor número de sentencias, puesto que como hubo un gran periodo de inanición en la materia, un lapso de 30 años, que abarcó desde 1973 hasta 2003, todos los actores vivos están o muy viejos o muriendo. En ese periodo de 30 años cobraron expectativas y alcanzaron sentencias los juicios con mayor connotación pública y política.

Es por ello que debe tomarse en cuenta que el edificio democrático erigido en Chile tiene sus cimientos en un complot de silencio que aunó a civiles y militares que tomaron parte ya sea en el genocidio, como también en la “transición democrática”, para afirmar y sostener privilegios e ir con el paso del tiempo acallando de una u otra forma las demandas populares por justicia y verdad, conceptos sin los cuales la democracia con cualquier apellido que se le adjudique, resulta inconclusa. Por lo que la receta que se vende para que algunos otros países tomen el ejemplo de la transición chilena como espejo, puede ser una gran trampa. Chile sigue siendo uno de los países más desiguales de la región, con una gran cantidad de violadores de Derechos Humanos libres y caminando por las grandes alamedas, y algunos otros pocos en cárceles Vip.

El rescate de la memoria como el concepto de no repetición no debe quedar sólo en el papel, deben ser preceptos asumidos por el total de la población, y sobre todo para la clase política, que este 11 de septiembre de 2024 en la cámara de diputados en pleno gobierno progresista, no pudo siquiera realizar un minuto de silencio para las víctimas de las violaciones a Derechos Humanos. Además fueron obligados algunos familiares a sacar las fotos de sus parientes asesinados en dictadura del hemiciclo. Por ello también es pertinente señalar que uno de los instrumentos en pos de ayudar al esclarecimiento de todos estos atropellos, la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Comisión Valech (de septiembre de 2003, bajo el mando del presidente Ricardo Lagos) y que contiene miles de declaraciones de víctimas y de familiares de aquellos que no pudieron hablar por sí mismos, contiene un secreto de 50 años que obsta el acceso a cualquier persona, incluido el Poder Judicial. A todo ello deben sumarse los pactos de silencio de los mandos de las FF.AA. y el escaso y nulo sometimiento a la justicia de los civiles cómplices de la dictadura.

Los países avanzan cuando la sociedad en su conjunto puede desatar aquellos nudos sociales que la oprimen. “Verdad y Justicia”, “Juicio y Castigo a los Culpables” son dos de los eslóganes que el pueblo de Chile ha sostenido desde aquel infame 11 de septiembre de 1973 hasta la fecha.

La impunidad debe cesar para que la convivencia social haga renacer un nuevo país justo e inclusivo, ese que de vez en cuando y de cuando en vez pierde el centro y el objetivo de una democracia robusta, con la consecuente criminalización de la protesta social y el aislamiento político económico y social de las pobrerías, con un estallido social de octubre de 2019 que en un momento tuvo más de 8000 personas detenidas, una gran cantidad de heridos y mutilados y la consabida declaración de guerra del expresidente Piñera contra el pueblo chileno. Aún hoy existen presos políticos de ese estallido. A ello debe agregarse el conflicto mapuche con más de un centenar de presos políticos no reconocidos como tales por el gobierno Boric, con huelgas de hambre desoídas y un territorio Mapuche ancestral que completará dos años bajo estado de excepción.

A todos los héroes asesinados, ejecutados, desaparecidos y torturados: “Honor y Gloria”.