Entre la prohibición y la legalización: En América Latina las feministas se movilizan por el derecho a la interrupción del embarazo

Por: Julieta Daza A. (Artículo de www.jungewelt.de, traducción para www.abpnoticias.org)

El 15 de enero por fin llegó el momento. En Argentina entró en vigencia la ley que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo, y que reglamenta este derecho que a partir de ahora deberá ser garantizado por el Estado y el sistema de salud pública. A finales de 2020 tanto la Cámara de Diputados, como el Senado del Congreso argentino, habían votado a favor de la propuesta de ley.  

Sólo pocos días después, exactamente el 21 de enero, otro país latinoamericano, Honduras, consolidaba la ya de antemano sumamente restrictiva legislación referente al aborto. En el país centroamericano la prohibición del aborto bajo cualquier circunstancia está plasmada en el código penal desde 1997. Sin embargo, con los hechos recientes, el Congreso hondureño adicionalmente elevó esta prohibición a rango constitucional.

El fuerte contraste de estos ejemplos es expresión de la situación muy diferenciada que viven las mujeres y niñas en América Latina y el Caribe, en relación con el derecho a decidir sobre sus cuerpos. Las diversas legislaciones en la región van desde la total legalidad, pasando por la despenalización bajo ciertas circunstancias, hasta la prohibición absoluta en todos los casos. Sin embargo las leyes de carácter progresista son más bien la excepción. A esto se le suma que incluso en países en los que está permitida la interrupción del embarazo bajo ciertas condiciones, su realización con frecuencia resulta difícil. Entre las causas de esto se puede mencionar la estigmatización social debido a posiciones conservadoras y/o religiosas, así como obstáculos de carácter burocrático en las instituciones médicas o estatales.

En los últimos años el fundamentalismo religioso, tanto de la iglesia católica, como de las evangélicas, ha adquirido un peso importante. Ello sin duda se puede leer como una reacción a los logros del feminismo y del movimiento LGBTQI en América Latina.

Una cuestión social

Como consecuencia de legislaciones restrictivas, las mujeres y niñas que no están en capacidad de costear un aborto en una clínica privada se ven obligadas a recurrir a métodos clandestinos y riesgosos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre el 2010 y 2014 tres de cada cuatro abortos en la región se realizaron de manera riesgosa. Esto quiere decir que en su realización se utilizaron métodos que no están recomendados por la OMS, ni por otras instituciones médicas, y/o que el procedimiento fue efectuado sin el acompañamiento de personal de la salud formado para ello.

En el marco de la Pandemia del Coronavirus la situación de mujeres y niñas se tornó más dramática. Durante las cuarentenas decretadas en muchos países los casos de violencia sexual aumentaron. A la vez se dificultó más aún el acceso a anticonceptivos y abortos seguros. Adicionalmente los despidos laborales y el desmonte de la seguridad social han golpeado fuertemente a las mujeres, ya que en consecuencia, muchas han perdido su independencia económica.

Las feministas de la región consideran la legalización en Argentina como un gran hito histórico. Además de en Argentina, solamente en Cuba, Guyana, Uruguay, Puerto Rico, así como en la capital mexicana Ciudad de México y el Estado Oaxaca del mismo país está legalmente permitida la interrupción del embarazo. Otra fortaleza de la nueva ley en Argentina es que considera e incluye „otras identidades de género con capacidad de gestar“. Junto a dicha ley igualmente entró en vigencia el „Plan de los mil días“, el cual prevé el acompañamiento estatal a mujeres durante el embarazo y los primeros tres años de vida del niño o niña. Como lo señaló la secretaria legal y técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, el objetivo del plan es apoyar a madres en el ámbito social y de salud, en función de que „ninguna mujer se decida por la opción de abortar por falta de recursos“.

Un triunfo de las feministas

Para Estefanía Cioffi, médica e integrante de la Red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, la legalización de la interrupción del embarazo en Argentina es sobre todo un logro del movimiento feminista. Frente al diario junge Welt Cioffi, a principios de febrero, remarcó que este movimiento lleva más de treinta años organizando encuentros de mujeres internacionales, en los que también participan lesbianas y trans. La campaña concreta por el aborto legal, seguro y gratuito surgió en ese marco, hace más de quince años. Desde entonces „más de 300 organizaciones se han sumado, incluyendo sindicatos y espacios estudiantiles“.

Según Cioffi ahora el reto más grande consiste en garantizar la implementación práctica de la ley. „Vivimos en un país muy extenso, con realidades muy distintas (…)“. Para garantizar la aplicación del derecho a la interrupción del embarazo „necesita de mucha organización feminista (…). Ésta debe servir como observador de la implementación de la ley, debe tener un carácter popular, y estar arraigada en el territorio en todas las regiones, para ser puente entre las personas que necesitan acceder al derecho de la interrupción del embarazo, y quien tiene la obligación de garantizarlo: el Estado“, explicó la activista.

Entre los diferentes países en los cuales está despenalizado el aborto bajo ciertas condiciones, varían mucho las legislaciones. Según el „Centro por los derechos reproductivos“ (Center for Reproductive Rights) Estados como Bolivia o Ecuador entre otros, permiten la interrupción del embarazo cuando está en peligro la salud psicológica y/o física de la mujer. En Colombia la interrupción del embarazo es legal en casos de violación, incesto o de grave malformación del feto que haga inviable su vida.

En otros países, como por ejemplo Brasil, Chile o Guatemala, es mucho más restrictiva la legislación. En estos sólo está permitido el aborto cuando está en riesgo la vida de la mujer. Pero incluso en este caso con frecuencia surgen dificultades para su realización legal, segura y gratuita. También en Venezuela, a pesar de su Gobierno progresista, está prohibida la interrupción del embarazo; la legislación sobre ello plasmada en el código penal prácticamente no ha sido modificada desde 1897. Sin embargo, un logro importante en el marco de la Revolución Bolivariana iniciada hace veinte años, fue la promulgación de la „Ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia“. Ésta es considerada por el movimiento feminista como un paso importante.

Para la feminista venezolana Laura S., que desde 2013 apoya a mujeres que se deciden por una interrupción, un debate real sobre el derecho al aborto en el país, no ha sido posible hasta el momento en gran medida porque algunos miembros del partido de Gobierno PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela), quienes ocupan importantes cargos de decisión, han representado posiciones religiosas y conservadoras respecto de los derechos sexuales y reproductivos. Pero como también enfatizó la activista frente al diario junge Welt a principios de febrero, hasta ahora tampoco el movimiento feminista ha logrado movilizar grandes sectores de la población a favor de esta causa.

„Sin embargo, cotidianamente se practica abortos en Venezuela. Generalmente de manera clandestina e insegura por estar prohibido y penalizado. Además en medio de la guerra imperialista y compleja situación económica resulta más difícil aún acceder a los medicamentos necesarios para poder practicarse un aborto“. Organizaciones como „Faldas-r“ o „Entre Nosotras“ ofrecen información sobre métodos seguros por vía telefónica. „Pero aún hay limitaciones en que estas organizaciones sean más conocidas y en que realmente todas las mujeres conozcan que existen (...)“, señala S. Según la activista, la falta de información segura y completa puede llevar en el peor de los casos a la aparición de graves complicaciones médicas. Como consecuencia las mujeres se verían en la necesidad de buscar atención profesional en centros de salud „donde son expuestas a ser juzgadas y hasta denunciadas por el personal médico, por abortar“.

Según datos del „Centro por los derechos reproductivos“ (Center for Reproductive Rights) la interrupción del embarazo está totalmente prohibida en 26 países. Nueve de estos Estados, es decir casi la tercera parte, se encuentran en América Latina, la mayoría de ellos en Centroamérica o en el Caribe. La reforma constitucional en Honduras evidencia la peligrosa tendencia a blindar e incluso profundizar las legislaciones sobre derechos reproductivos, ya de por sí sumamente restrictivas.

Imagen: https://www.milenio.com/politica/comunidad/que-pasa-con-el-aborto-en-mexico-y-america-latina