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Por: Jorge Forero[1]

 

 

     En el presente documento se expone un análisis integrador de un conjunto de indicadores que denotan de manera explícita, una situación de crisis sistémica del establecimiento colombiano, con énfasis en el  funcionamiento del Estado en los tópicos que describen el título del escrito.

 

 

     El ejercicio se centra en el abordaje de cifras en torno a temas que el gobierno de Colombia utiliza para descalificar la legitimidad del Estado venezolano –en muchos casos de manera tergiversada y siempre de forma malintencionada- a través de narrativas como crisis humanitaria, narco gobierno, régimen dictatorial militarista y violador de derechos humanos, Estado fallido, entre otros; en primer lugar, para esconder la grave situación interna, y en segundo lugar, para tratar de justificar su posición servil respecto a la política exterior y los intereses de los Estados Unidos de América, la cual redunda en una política de hostilidad e intervencionismo explícito en contra Venezuela. 

 

 

     En el trabajo se analizan dos dimensiones sustantivas: en primer lugar, el déficit en la garantía y la seguridad de derechos humanos y su relación con otros derechos fundamentales, en particular los derechos sociales, económicos y políticos; en segundo lugar, la valoración del desempeño de ese país en temas críticos –recurrentes en el discurso de su clase política y de sus poderosos medios de comunicación-, tales como el belicismo o militarismo y el narcotráfico.

 

 

     Cabe acotar que de ninguna manera se pretende hacer fiesta con la situación de Derechos Humanos en Colombia (la clase política de ese país celebra la crisis venezolana porque las dificultades de nuestro pueblo son instrumento de sus mezquinos intereses), por el contrario, este documento se concibe como un modesto aporte en la lucha por la verdad y la justicia, así como por la necesidad de denunciar el terrorismo de Estado y la cruenta persecución política contra el pueblo colombiano que se opone a la realidad descrita someramente.

 

 

     Tampoco se pretende negar u ocultar la grave y severa crisis que experimenta Venezuela en la actualidad, pero sí resulta fundamental mostrar el doble discurso del gobierno de Iván Duque y del establecimiento colombiano en general ante esos tópicos, y primordialmente, denunciar que el gobierno de Colombia se está prestando para la promoción de una intervención militar en contra de Venezuela.

 

 

  1. LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

 

    Colombia presenta un déficit notable en materia de garantías y seguridad de los derechos fundamentales de su población. Tal circunstancia se puede verificar a través de la valoración de las cifras oficiales registradas por instituciones del Estado colombiano y organismos multilaterales, en variables como el desplazamiento interno, el refugio internacional, y la violencia por motivos políticos y económicos. 

 

 

  • El desplazamiento forzoso interno

 

    De acuerdo con el informe anual Tendencias Globales la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) presentado en junio de 2018, en 2017 se registraron 91.431 nuevos desplazamientos forzosos internos en Colombia[2], cuya cifra total ha escalado hasta 7,7 millones de personas desplazadas por la violencia en ese país.

 

 

    Dicho registro posiciona nuevamente a Colombia como el país con más desplazados forzosos internos en el mundo (el 11.2% de la cifra total global), por delante de Siria (con una cifra de 6,2 millones), país que llevaba para el momento de la publicación del informe, cerca de ocho años inmersa en una cruenta guerra civil.

 

 

  • Refugiados:

 

    Hasta el año 2016 Colombia registró 4,7 millones de habitantes en el exterior (distribuidos en 45 países). Según la ACNUR, más de 700.000 ciudadanos colombianos han registrado necesidad de protección internacional: 396.633 de los mismos se contabilizan como expulsados por la violencia del conflicto armado, ante lo cual han recurrido a la solicitud de refugio; y aproximadamente 340.000 han solicitado el asilo internacional.

 

 

    De acuerdo con un informe de ACNUR (2013), citado por el Centro de Memoria Histórica del Gobierno de Colombia, ese país se ubicó entre los 10 países que más refugiados tienen a nivel mundial; categoría en la que ocupa el primer lugar a nivel de Latinoamérica.

 

 

    El mismo informe, refiere que la mayoría abrumadora de esos refugiados colombianos, han sido expulsados por efectos del conflicto armado que experimenta ese país desde hace más de medio siglo, y se distribuyen en 31 países del mundo. Venezuela es el país que más recibe las solicitudes de refugio de ciudadanos colombianos (con el 51% del total), mientras que y Ecuador recibe el 35% de las mismas.

 

 

    Cabe acotar que apenas 2872 personas registradas con necesidad de protección internacional (el 0,7% del total) han sido reconocidas como víctimas por parte del gobierno de Colombia, con lo cual el índice de revictimización por parte del Estado colombiano supera el 99% de los casos.

 

 

  • Violación de derechos humanos, violencia por motivos políticos y económicos e impunidad:     

 

    Según la Procuraduría del Estado colombiano, entre noviembre de 2016 (fecha en la cual se firmó el acuerdo de paz con las FARC-EP), y febrero de 2019 se ha producido el asesinato de 446 líderes sociales en Colombia[3], con lo cual en palabras del Procurador Fernando Carrillo, queda en evidencia que “el Estado no estaba listo para defender el liderazgo social del país (…) se nos están acabando las excusas a todos para decir por qué no hay acción y por qué no somos capaces de frenar este desangre”.  Dicho de otra manera, el Estado colombiano no garantiza el derecho a la vida a un sujeto social fundamental para ese país. 

 

 

    De acuerdo con la Defensoría del Pueblo de Colombia, al menos 162 líderes sociales fueron asesinados en 2018[4]. El organismo citado, afirma que el 80% de las víctimas fueron registrados en su sistema de alertas tempranas –en virtud de que habían sido objeto de amenazas de muerte-, para que los cuerpos de seguridad del Estado activaran un sistema de protección especial a las mismas, sin embargo no se tomaron las medidas pertinentes para evitar estos asesinatos. Por tanto, las víctimas fueron objeto de violaciones flagrantes de sus derechos humanos por parte del Estado.

 

 

    El Defensor del Pueblo dijo además, que la violencia contra los líderes sociales coincidió con la época electoral de 2018 “porque el 41 % de los casos (71), ocurrieron entre mayo y agosto, época de la campaña presidencial”.

 

 

    Otra variable que demuestra un elevado déficit en el sistema de protección de derechos fundamentales de los líderes sociales en Colombia, está vinculada con el altísimo índice de impunidad. Un informe de la ONG Somos Defensores, registra que el 91,4 % de los 563 asesinatos de líderes sociales registrados en Colombia entre 2009 y 2017 quedaron impunes.

 

 

  • Terrorismo de Estado:

 

     La violación de derechos humanos no es un fenómeno reciente en Colombia, por el contrario hay una carga histórica de violencia sistemática ejecutada directamente por el Estado colombiano, asociada de manera orgánica a una tendencia a la impunidad por parte del establecimiento de ese país.

 

 

    Según Renán Vega (2017), Colombia “exhibe los peores indicadores de terrorismo de Estado y de violación de los derechos humanos en Sudamérica”. El reconocido investigador colombiano expone como ejemplo datos atroces en los cuales es explícita la acción u omisión del Estado colombiano: entre 1987 y 2017 fueron asesinados en Colombia 3000 dirigentes sindicales; entre 2007 y 2017 fueron asesinados más de 500 defensores de derechos humanos; en 2017 fueron víctimas de homicidio a través de sicariato 107 ambientalistas.

 

 

    El terrorismo de Estado se ha instaurado como una práctica sistemática del Estado colombiano. Uno de los capítulos más cruentos salió a la luz en 2008, y está relacionado con los denominados falsos positivos. Se trató de una política de ejecuciones extrajudiciales sobre civiles por parte del Ejército de Colombia, el cual asesinó sistemáticamente a civiles para mejorar sus estadísticas de muertos en la guerra contra los grupos insurgentes colombianos.

 

 

Un reportaje del diario El País de España, refiere un estudio denominado: “Ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 2002-2010: obediencia ciega en campos de batalla ficticios”, elaborado por los investigadores Omar Rojas Bolaños y Fabian Leonardo Benavides.

 

 

    En dicho informe se registran aproximadamente 10.000 civiles ejecutados por el Ejército entre 2002 y 2010 (más del triple que la cifra calculada por grupos de derechos humanos, reconocida por agencias oficiales). "Podemos llamarlos 'falsos positivos' o 'ejecuciones extrajudiciales', pero realmente estos fueron asesinatos a sangre fría. (…) Fueron meticulosamente planeados y llevados a cabo por miembros de todos los rangos”, denuncia Rojas, quien ejerció como policía durante 31 años.

 

 

 “Esto no es algo que solo ocurrió en el pasado, a día de hoy seguimos encontrando casos de falsos positivos, aunque no con la misma intensidad de antes. Ahora lo llaman errores militares”, afirma Rojas.

 

 

El terrorismo de Estado es un flagelo orgánico a la fuerza pública en Colombia, y el mismo es tan actual en ese país, que el pasado 22 de abril se conoció que el Ejército de Colombia, torturó, asesinó e intentó desaparecer el cuerpo del ex combatiente de las FARC Dimar Torres en zona rural del departamento Norte de Santander (en otro duro golpe al Acuerdo de Paz de La Habana). La desaparición en una fosa común no se concretó, gracias a la movilización de la población.

 

 

Lo más grave del caso, es que el Ministro de Defensa Guillermo Botero falseó la versión oficial e intento criminalizar a la víctima. No obstante, las experticias demostraron que la víctima fue torturada y castrada antes de ser ajusticiada. De hecho, el Comandante del Ejército reconoce que las FF.AA. de Colombia perpetraron el crimen.

 

 

El sistema de justicia clasista:

 

 

    De acuerdo con un informe publicado por la agencia AFP, en la última década la población carcelaria aumento en el país en un 100 por ciento. Mientras algunos presos viven con ciertos lujos, otros subsisten en las cárceles en condiciones infrahumanas.

 

 

     La  crisis se evidencia en las cifras que sobre esta situación se manejan en Suramérica. En Colombia hay 266 presos por cada 100.000 habitantes. El triple de la cifra que se maneja en Ecuador, casi el doble que en Venezuela y muy superior a lo que se vive en Perú, Bolivia, Paraguay y Argentina. Actualmente hay 116.701 presos, cuando la capacidad de las cárceles es para albergar a 78.300.

 

 

  • Los presos políticos

 

Según la Fundación para la Solidaridad y la Defensa de la población carcelaria en Colombia, Juan David Pineda, Colombia es el país de América Latina con más presos políticos, con un registro superior a los nueve mil quinientos (9500) en 2017, mientras el gobierno de ese país reconoce que bajo el delito de rebelión, o alguno de los delitos conexos, tiene presas a más de diez mil (10.000) personas.

 

 

1.7 El conflicto colombiano: un balance de las víctimas

 

 

La guerra en Colombia ha dejado 262.197 muertos. De este total de víctimas fatales, 215.005 eran civiles y 46.813 eran combatientes. Esta es una de las principales conclusiones del Observatorio de Memoria y Conflicto, del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), que documentó los hechos ocurridos en el conflicto armado colombiano entre 1958 y julio del 2018.

 

 

El Observatorio de Memoria y Conflicto documentó, en total, 353.531 hechos. Estos son algunos de sus hallazgos: la guerra dejó 80.514 desaparecidos (de los cuales 70.587 aún siguen desaparecidos), 37.094 víctimas de secuestro, 15.687 víctimas de violencia sexual y 17.804 menores de 18 años reclutados.

 

 

     Las cifras corresponden a las diez principales de modalidades de violencia del conflicto armado: acciones bélicas, ataques a poblados, asesinatos selectivos, masacres, atentados terroristas, secuestros, desapariciones forzadas, violencia sexual, daños a bienes civiles; reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes; minas antipersona y munición sin explotar.

 

 

Del total de víctimas fatales de esas diez modalidades de violencia en el marco del conflicto armado, 94.754 son atribuidas a los paramilitares, 35.683 a la guerrilla y 9.804 a agentes del Estado.

 

 

  • Latifundio y marginación rural

 

    Las cifras del Tercer Censo Agrario Nacional, dadas a conocer por el Presidente de la República Juan Manuel Santos, y el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, Mauricio Perfetti del Corral (en agosto de 2015), muestran una verdad de a puño sostenida por los campesinos del país: la raíz del conflicto está en el latifundio.

 

 

     Las cifras registradas permiten concluir que el 0.4% de los propietarios abarcan casi la mitad de la tierra cultivable en Colombia y la pobreza extrema llega a un 44,7%, es decir la mitad de los campesinos están en la miseria.

 

 

  • Desnutrición infantil

 

     El Defensor del Pueblo de la República de Colombia, Carlos Negret, informó el pasado 19 de diciembre que hasta ese día de 2018 habían muerto 321 niños y niñas por desnutrición en ese país, lo que en promedio significa casi un niño diariamente, según el defensor no se trata de hechos aislados en zonas rurales o indígenas, sino que es un problema estructural, pues todos los departamentos del país registraron hechos trágicos de ese tipo.

 

 

     Sin embargo, el problema se manifiesta con mayor gravedad en algunas regiones, por ejemplo en La Guajira colombiana, lugar en el cual se han registrado 4770 niños muertos por desnutrición infantil desde 2012. Tal situación ha escalado a niveles alarmantes –considerando que se trata de una zona rural-, y constituyen una vulneración absoluta y definitiva del derecho a la vida de niños y niñas, a pesar  de las distintas órdenes que han proferido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, a través de las cuales le exige al Estado colombiano una respuesta sistemática.

 

 

  1. BELICISMO E INDUSTRIA DEL NARCOTRÁFICO EN COLOMBIA

 

    A pesar del saldo cruento del conflicto armado para el pueblo colombiano, los gobiernos de Colombia mantienen su tendencia hacia el belicismo y el armamentismo. De hecho, la administración de Iván Duque ha fracturado los procesos de paz adelantados por su antecesor Juan Manuel Santos, mediante una política de socavamiento sistemático de los acuerdos con las FARC-EP, así como con una postura hostil y predispuesta que ha bloqueado la posibilidad de proseguir los diálogos de paz con el ELN.

 

 

    De manera simultánea, el gobierno de Duque desestima la gravedad del exterminio de líderes sociales, mientras niega al auge de una nueva cruzada paramilitar sobre el territorio colombiano. Por el contrario, asume medidas para el boicot ante la restitución de tierras, infiltra la Comisión Nacional de Memoria Histórica con la intención de manipular su accionar y obstaculiza el disfrute de derechos de las víctimas del conflicto.

 

 

    Los hechos demuestran que el gobierno de Duque promueve la exacerbación de la guerra en Colombia, mientras se escriben estas líneas, el suroeste de Colombia experimenta notables manifestaciones por justas reivindicaciones y en demanda del cumplimiento de acuerdos suscritos con el gobierno de Santos, y la respuesta de Duque es la represión y la estigmatización de la protesta. 

 

    Esta posición pusilánime ante los problemas nacionales, contrasta con la beligerancia del gobierno colombiano ante la crisis venezolana. El mismo presidente Duque ha actuado como sicario de los intereses geopolíticos de Estados Unidos en el continente, al impulsar una campaña de hostilidades y agresiones de signo intervencionista contra Venezuela sin precedentes en los últimos cien años.

 

Los bochornosos hechos del 23 de febrero en la frontera colombo-venezolana, en los cuales quedó en evidencia el apoyo del gobierno de Duque a la exacerbación del conflicto en Venezuela, e incluso su participación activa en un intento de violación de la integridad territorial y la soberanía venezolana demuestran la ausencia de vergüenza del establecimiento que domina el poder en Colombia.

 

 

  • El belicismo como política

 

Además del denominado Plan Colombia (un plan de cooperación militar contrainsurgente), los sucesivos gobiernos oligárquicos de Colombia han establecido acuerdos militares con los Estados Unidos que han derivado en la instalación y funcionamiento de al menos nueve (09) bases operacionales del Comando Sur estadounidense en territorio colombiano, y en abierta violación de acuerdos previamente establecidos con UNASUR, ha suscrito inéditos convenios con la OTAN.

 

 

     De acuerdo con el Banco Mundial, Colombia tiene el segundo mayor gasto militar del continente en relación con su PIB –superior al 3% del mismo[5]-, únicamente superado en esa área por los Estados Unidos. El Ministerio de Hacienda colombiano, registró 33,6 billones de pesos en presupuesto militar para el año 2019, equivalente al 13% del Presupuesto General de la Nación.

 

 

2.2 El mito de la lucha contra las drogas

 

 

     Colombia sigue siendo el principal productor de cocaína del mundo al registrar aumentos históricos de las plantaciones de coca y de su capacidad para producir esa droga en 2017, según informe de la ONU publicado en septiembre de 2018.

 

 

     Los cultivos de hoja de coca crecieron 17% hasta 171.000 hectáreas, mientras que el potencial de producción de cocaína subió 31% respecto de 2016 a 1.379 toneladas, un récord desde que comenzaron estas mediciones en 2001, dijo la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudc).

 

 

"Quiero expresar mi profunda preocupación por la cantidad de dinero que mueven las drogas ilícitas", dijo el representante en Colombia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudc), Bo Mathiasen, en la presentación de dicho informe anual.

 

 

     Las cifras presentadas por el organismo dependiente de la ONU, demuestran el fracaso de la presunta guerra contra las drogas, implementada por la DEA y el gobierno de Colombia mediante el denominado Plan Colombia desde 1999. Por el contrario, los resultados demuestran que desde la ejecución de ese convenio regentado por los Estados Unidos, el negocio del narcotráfico ý las nefastas consecuencias de sus actividades conexas- ha crecido exponencialmente en Colombia.

 

 

     Mathiasen señaló que además del crecimiento de la superficie cultivada y las plantaciones, hay un rendimiento de producción que supera en un 33% más de hojas que en 2012. "Una de las razones para el incremento es la percepción de menor riesgo frente a la actividad ilegal. Ante esta baja percepción en el riesgo, aumentó el área sembrada", afirmó.

 

 

     La ONU alertó que las zonas periféricas son las más afectadas, en particular las fronteras con Venezuela y Ecuador son las más impactadas por los narcocultivos, actividad a la que están vinculados 119.500 hogares colombianos, los cuales se encuentran marginados por el Estado colombiano y por ende sin otras opciones de reproducción social.

 

 

     El departamento más afectado sigue siendo Nariño, limítrofe con Ecuador (un punto estratégico de salida de droga a Estados Unidos), que tiene un área sembrada mayor a la de todo el Perú, segundo país con más cultivos ilícitos con 43.900 hectáreas. Según el informe reseñado, el precio del kilo de cocaína se puede multiplicar desde 1.300 dólares en la selva de Colombia hasta 27.000 en Estados Unidos, 53.000 en Europa y 200.000 en Australia.

 

 

Los números permiten inferir que la denominada guerra contra las drogas no ha sido más que un pretexto para sostener el Plan Colombia, asentar bases militares estadounidenses, así como militarizar e imponer un Estado de excepción en amplias zonas del país, en detrimento de los derechos del pueblo colombiano, especialmente de los sectores más marginados.

 

 

A modo de conclusión

 

 

Paradójicamente, los indicadores presentados en el documento –todos de origen oficial-, demuestran que el Estado colombiano exhibe un déficit notable, precisamente en las dimensiones que pretende descalificar a Venezuela: desplazamientos forzosos y refugiados; derechos humanos y libertades políticas; desnutrición infantil; marginación y desigualdad; belicismo y asociación con crímenes como el narcotráfico, entre otros. 

 

 

    Estos datos permiten apreciar la verdadera cara del establecimiento colombiano, y demuestran la hipocresía del gobierno de Iván Duque (agente subordinado al imperialismo estadounidense que reproduce la subordinación tradicional de la clase política colombiana ante los designios de Washington), el cual en nombre de la democracia, las libertades y de defensa de los derechos humanos, pretende desencadenar un conflicto que alcanzaría dimensiones y escalas trágicas para nuestros pueblos.

 

 

    La respuesta de nuestros pueblos debe ser la unidad y la integración en la lucha por la verdad, la justicia plena, la democracia auténtica y el derecho de vivir en paz.

 

 

 

[1] Investigador del Centro Internacional Miranda

 

[2] El informe aclara que esa cifra podía crecer, debido a que los procesos de declaración, valoración y registro tardan en entrar en la base de datos.

 

[3] Los líderes sociales es la denominación que se le otorga a un sujeto social de escala comunitaria que ha sido objeto de una campaña sistemática de violencia, cuyo trabajo se centra en la defensa de derechos humanos, sociales, políticos, económicos y ambientales.

 

[4] Algunos estudios independientes registran 178 víctimas en ese rango.

 

[5] Mientras que Venezuela –la presunta amenaza a la seguridad regional- destina menos del 0,5% de su PIB al área militar.

¡Venezuela vencerá!

 

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