Por: Iván Márquez

 

No es la consolidación de paz el objetivo del Uribismo en el poder, sino la conspiración permanente contra ella. En tiempos de post acuerdo es el miedo a la verdad y al desplome del búnker de su impunidad lo que impulsa sus desatinadas decisiones. En otras palabras le tienen miedo a la verdad del General Rito Alejo del Río, a la de más de dos mil militares que se acogieron a la JEP, a la verdad que quieren aportar cientos de empresarios y para politicos, y a la verdad de las víctimas del conflicto y de las organizaciones defensoras de derechos humanos.

 

Lo que está detrás de las objeciones del Presidente Duque a la Ley Estatutaria de la JEP, es entonces, un pánico terrible a la verdad y al eventual derrumbe de la impunidad. Uribe y su facción política saben muy bien que a pesar de que excluyeron de la Jurisdicción Especial a los terceros involucrados en el conflicto en contravía de lo pactado, no les será fácil escapar de la escena del crimen. Durante sus gobiernos, por ejemplo, se provocaron mas de 3 millones 500 mil victimas (el 41% del total de victimas en 50 años de guerra), y se emitió la Directiva 029 del ministerio de defensa, que desencadenó los falsos positivos y la muerte de miles de jóvenes inocentes. La cúpula política, junto a empresarios, terratenientes y otros, son los verdaderos determinadores de la violencia, los autores detrás del autor.

 

Valdría la pena ahora preguntarnos por qué no dejaron prosperar la Unidad Especial del punto 74 de la JEP que debía ocuparse de los casos de paramilitarismo. Son 100 mil los ciudadanos asesinados por esa máquina de muerte… Ya es hora que el Fiscal explique por qué no dejó funcionar esa Unidad.

 

Aquí lo que se debe objetar es la guerra, no la paz, presidente Duque. La paz es el derecho síntesis porque garantiza la vida. Sin vida, derechos fundamentales como la alimentación, la vivienda, el agua, la salud, el trabajo, se disuelven en el aire, se quedan sin objeto.

 

Cuando un Gobierno incumple la Constitución y desconoce y desacata los fallos de la Corte interponiendo falsas inconveniencias politicas, e  ignora la división y autonomía de las ramas del poder, es porque ha iniciado la marcha hacia el infierno de la tiranía.

 

Teniendo en cuenta que el Acuerdo de Paz ya fue hecho trizas y sus aspectos esenciales hundidos o denegados por el anterior Congreso, y observando el panorama desolador de la falta de implementación, las actuales objeciones de Duque a la estatutaria -cumpliendo obedientemente el dictado de Sarmiento Angulo a traves del Fiscal Martínez- para ser precisos, no buscan destruir la paz sino demoler sus ruinas.

 

Nuestras preocupaciones impresas en cartas dirigidas a la Segunda Misión de Naciones Unidas, a los países garantes, a la Comisión de Paz del Senado, a la Jurisdicción Especial para la Paz, al Secretario General de la ONU Antonio Gutérrez dando cuenta del taciturno hundimiento de la paz de Colombia, ya pueden empezar a considerarse como constancias históricas.

 

Esta cadena de sucesos desafortunados de traición a lo acordado, a los principios de pacta sunt servanda y de buena fe, llenaron de desconfianza a los excombatientes, incluyendo los de la fuerza pública, a los que ahora pretenden intimidar con inseguridad jurídica para que mantengan sus bocas cerradas y no hablen nunca de la responsabilidad principal en el conflicto de la cúpula política y los poderosos.

 

Las objeciones son maniobras de engaño del Estado para eludir su responsabilidad de reparar a las víctimas del conflicto; para instituir el absurdo de que haya dos jurisdicciones investigando sobre los mismos hechos; Llenar la nueva Jurisdicción con millones de casos para hacerla inoperante; y para que se pueda extraditar sin pruebas a comandantes guerrilleros para saciar así su sed de venganza. Esto último fue lo que hizo Uribe con Simón Trinidad a quien extraditó a los Estados Unidos, sin ser solicitado por esa potencia, mediante un sucio montaje judicial. Simón terminó condenado a 60 años de cárcel por un delito inventado a última hora, que ni siquiera hacía parte del montaje inicial.

 

El gobierno de Duque es una desgracia para Colombia que arrastra la peor crisis humanitaria de la region. Negar el derecho a la paz es una aberración -y de las peores- si lo que se busca es borrar el más hermoso anhelo humano sólo para ahuyentar el miedo a la verdad que siente una casta política que ejerce el poder desde la violencia. Nada justifica hacer trizas un Acuerdo de Paz para que un grupo minúsculo de privilegiados siga flotando apaciblemente en el éter de la impunidad.

 

A la calle; hay que salir a la calle a defender el derecho a la paz.

 

Marzo 14 de 2019