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Los acuerdos de paz firmados entre el Estado Colombiano y la insurgencia de las FARC-EP, han sido uno de los mayores logros de la sociedad colombiana en los últimos 50 años. La lucha por el reconocimiento del derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas, es parte fundamental de la lucha por la paz.

 

El Partido Comunista Colombiano y la Juventud Comunista Colombiana, frente al anuncio presidencial de objetar parcialmente la ley estatutaria, en 6 artículos de los 159 que contiene esta norma, señalan que esta decisión profundiza los reiterados incumplimientos del gobierno nacional en la implementación de los acuerdos.

 

Está en desarrollo una ofensiva que tiene como objetivo fracturar de forma irreversible el acuerdo para la culminación del conflicto armado logrado entre el Estado Colombiano y las FARC – EP. La objeción genera efectos y consecuencias de inseguridad jurídica para los excombatientes, para las víctimas y para la comunidad internacional que ha apoyado el proceso de paz y la implementación de los acuerdos. La objeción del presidente Duque y el Uribismo confronta lo constitucional y jurídico, que había sido ya resuelto por el texto mismo de los Acuerdos, el Congreso y la Corte Constitucional. La ley estatutaria tuvo su control de constitucionalidad a través de la sentencia C-080 de 2018. Esta decisión es un ataque al derecho a la paz, al principio de legalidad y de constitucionalidad. Con estas posturas el gobierno desconoce la buena fe de lo pactado entre el Gobierno y las Farc-Ep, las recomendaciones de la Misión de Seguimiento de la ONU y del Consejo de Seguridad, así como los buenos oficios de los países amigos.

 

El gobierno de Duque reiteradamente elude el cumplimiento de los compromisos del Estado con el Acuerdo de Paz. Designó a Rubén Darío Acevedo Carmona, que tiene como postura teórica el “negacionismo” del conflicto armado interno como director del Centro Nacional de Memoria Histórica CNMH busca imponer una “historia oficial “que niega el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad, la reparación y a las garantías de no repetición.

 

El Uribismo, Duque y el Fiscal General de la Nación actúan de consuno para torpedear el Acuerdo final. Este último, desde agosto de 2016 cuando se posesionó, abogó por reanudar las fumigaciones aéreas de glifosato, declarando que la erradicación manual de los denominados cultivos ilícitos era un fracaso y más recientemente ordenó la inspección judicial al caso 01 -sobre secuestro- que adelanta la JEP, lo que fue una “intromisión indebida”, violatoria de la reserva judicial e intimidatoria con la independencia judicial, por parte del ente acusador. En el 2018 ordenó la captura de Jesús Santrich, con fines de extradición con el apoyo de la DEA, afectando la seguridad jurídica del acuerdo para judicializar sin el debido proceso a excombatientes de las Farc. Con shows mediáticos le sigue apostando a destruir la Jurisdicción Especial Para la Paz, en el marco de la discusión falsa entre la jurisdicción ordinaria y jurisdicción especial con todas estas tretas tiende una cortina de humo el Fiscal inmoral, para ocultar sus comprobados nexos con la red de corrupción y criminalidad en Odebrecht.

 

El Acuerdo de Paz, propuso la creación de una Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales “sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo” Desde la firma de los acuerdos a la fecha han persistido de manera sistemática estas conductas de criminalidad, sin que la fiscalía haya dado resultados eficaces. Esta inoperancia afecta negativamente las garantías de no repetición y vulnera la seguridad de los territorios y sus líderes.

 

Los enemigos de la paz intentan incrementar la guerra interior al renunciar a la solución política con el ELN. Apuestan a la desestabilización política, el golpe de Estado y la intervención militar contra la república bolivariana de Venezuela. Criminalizan al campesinado cocalero con la erradicación forzada y el retorno a las fumigaciones con sustancias tóxicas, lo cual es una imposición de Estados Unidos. Además, insisten en la no implementación de los acuerdos, por tanto, lesionan la paz estable y duradera. Por otra parte, propician la impunidad de crímenes perpetrados contra la población colombiana. Está cuestionada la legitimidad del poder gobernante, que desconoce los compromisos contraídos bajo su propia legalidad institucional tanto como el orden jurídico transicional de paz que es garantía de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. El pueblo colombiano tiene toda la legitimidad para reclamar en las calles, las carreteras y las plazas, la libertad, la justicia social y el derecho a la paz, mediante movilizaciones cívicas unitarias.

 

Por todo ello, exigimos que se respete el principio de la buena fe de lo pactado, dentro de los estándares internacionales para asegurar la integridad del Acuerdo Final de paz. Al mismo tiempo, convocamos a las iniciativas y movilizaciones en el territorio nacional e instamos, como Partido Comunista y Juventud Comunista a los diferentes partidos políticos, organizaciones, procesos y personalidades democráticas, a apoyar la convocatoria del II Congreso Nacional de Paz, que tiene como objetivo sumar esfuerzos para frenar la escalada guerrerista y avanzar de manera certera en la edificación de una paz estable y duradera.

 

PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO Y

JUVENTUD COMUNISTA COLOMBIANA

 

BOGOTA, 13 de marzo de 2019

 

 

Bogotá D.C. Carrera. 16 Nº 31A – 49 Tel: 57-1-3203204 / 2854188 fax: 57-1- 3384742 Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. Página Web. www.pacocol.org

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