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Por: Libardo Muñoz 

 

En Cúcuta, tanto el comercio como la vida ciudadana corriente, se presenta en la actualidad un agravamiento de la crisis social ya conocida, en el desempleo, la caída de las ventas en el comercio y el acoso de la economía informal, desde el 23 de febrero pasado, cuando el gobierno de Iván Duque cerró la frontera con Venezuela, como parte de una agresión ordenada por el gobierno de Trump para derrocar al Presidente Constitucional del país vecino Nicolás Maduro.



El gremio de comerciantes de víveres, abarrotes, calzado, insumos para producción de manufacturas y derivados de Cúcuta, denuncian que hay una estruendosa reducción de las ventas en todos los renglones, pues también Venezuela ordenó cerrar la frontera, ante la inminencia de una entrada por la fuerza de una "ayuda humanitaria", que disfrazaba una operación apoyada por paramilitares y pandillas incendiarias pagadas por la oposición derechista de los dos países.

 

El dirigente gremial Miguel Ángel Herrera, colombiano, comerciante de calzado de Cúcuta declaró que el cierre fronterizo ha creado un caos enorme y que ya no se vende ni por unidades. Las ventas han bajado en un 40% en todos los ámbitos de la vida económica de Cúcuta.



Carlos Luna, integrante de la Federación Nacional de Comerciantes Fenalco Cúcuta, también manifestó su preocupación ya que el desempleo en esta ciudad es del 16.9 %, con posibilidad de aumentar.



Unas 30 mil personas, entre venezolanas y colombianas hacen tránsito todos los días, incluyendo niños escolares.

 

Ciro Ramírez, otro ciudadano cucuteño, integrante del Comité Intergremial se pronunció contra el desinterés del gobierno de Duque de quien dijo "vino tres días a Cúcuta pero no vio la ciudad".



En realidad el Presidente colombiano, acompañado por un opositor venezolano que se declaró presidente en la vía pública, por el presidente Piñera, de Chile y de Elliot Abrahams, y de varios diputados de la Asamblea Nacional en desacato de Venezuela, se instalaron en una sala de crisis en Cúcuta, en espera del golpe fronterizo con el que pretendían reventar las barandas del puente Simón Bolívar y bajo un rótulo de la USAID, instalar una "cabeza de playa" y sembrar a Venezuela de muerte y violencia, de tal modo que se "necesitara" una intervención de fuerzas especiales de EEUU.



Previamente se hizo un concierto musical en Colombia para maquillar la "ayuda" y obtener aportes por 100 millones de dólares, un negocio que tampoco les resultó pues no llegaron ni al 3%.



Los camiones fueron incendiados dentro del territorio colombiano y lo que se descubrió fue una carga de cables, metralla y máscaras anti gas destinadas a unos sujetos que con el rostro cubierto harían su parte a lo largo de las carreteras venezolanas, pero no contaban con la defensa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana FANB.



El gobierno de Duque se instaló en Cúcuta pero no para buscar soluciones para las 60 mil personas que viven en la miseria en esa ciudad ni para crear empleo a su 16.9% de desocupación, para reabrir sus hospitales públicos en crisis o para recuperar el sistema de vías terrestres.



La operación fronteriza de los días 22 y 23 de febrero pasado en la frontera colombo venezolana fue una agresión creada y financiada por Trump, con el apoyo del denominado "grupo de Lima", una violación del Estatuto de la Organización de las Naciones Unidas, que prohíbe a los países que la integran atentar contra otros gobiernos miembros de la ONU.


La ciudad de Cúcuta fue usada para un teatro de agresión ilegal sin el consentimiento de sus ciudadanos de bien que históricamente se han movido en términos económicos y productivos en ambos sentidos, incluso con nexos familiares y fraternos muy profundos.



Se denunció que el gobierno de Duque sigue fomentando en la frontera tachirense la formación de focos hostiles de paramilitares, donde actúa la mano del uribismo y la asignación de millones de dólares por parte de la Casa Blanca. En cuatro hoteles de Cúcuta se hospedan paramilitares de Colombia bajo la máscara de la USAID, esto se denunció en medios periodísticos pero tanto Duque como sus amigos del "grupo de Lima" guardan silencio, pues se trata de un golpe de Estado que incluye una operación de guerra.



Colombia deberá sufrir las consecuencias de prestar su territorio para una guerra que tendría proporciones monstruosas para unas 80 millones de personas de los dos países.



Gráfica.-En el puente Simón Bolívar, que comunica a Colombia con Venezuela, personas ofertan pastillas de acetaminofén (analgésicos) a unos 60 centavos de dólar. Foto: AFP

 

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