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Por: Jorge Forero[i]

 

 

La batalla de los puentes fue el calificativo utilizado por el periodista francés Romaín Migus, para describir los sucesos del 23 de febrero en la frontera colombo-venezolana, en particular en los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander[ii], en los cuales se jugó la soberanía, la integridad territorial y la existencia de la República Bolivariana de Venezuela.  

 

 

Durante semanas esta frontera fue el centro de atención de medios de comunicación de todo el mundo, a partir del anuncio de ingreso forzoso de una caravana de presunta ayuda humanitaria[iii], por parte del gobierno paralelo promovido en Venezuela desde finales de enero de 2019[iv], bajo la dirección y el apoyo explícito del gobierno de los Estados Unidos.

 

 

El ingreso forzoso de esa caravana, denominada por el procónsul como una avalancha, fue concebido públicamente como un punto de quiebre que presuntamente precipitaría el colapso del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Tal situación fue percibida por la administración Trump, como una oportunidad inmejorable para lograr un cambio de régimen por la vía violenta en Venezuela.

 

 

Las previas visitas del Vicepresidente estadounidense y del Jefe del Comando Sur, y la presencia de las FF.AA. de los EE.UU. en las localidades colombianas de la frontera, así como la organización de un concierto formato Miami realizado en las adyacencias del puente Las Tienditas (elegido como lugar de ingreso de la avalancha), formaron parte orgánica de esa agenda de golpismo e intervencionismo, disfrazado de una retórica humanitaria y demócrata.

 

 

El 22 de febrero Venezuela fue objeto de una operación de guerra sicológica de gran magnitud, el concierto fue un instrumento para el linchamiento mediático y cultural de la institucionalidad venezolana. El menguado y desprestigiado Grupo de Lima sentó posición mediante la presencia de los presidentes de Colombia (con una función especialmente protagónica en la campaña: en un papel servil de los intereses norteamericanos), Chile y Paraguay. En horas de la tarde de ese día, el procónsul se sumó a la escena.  

 

 

Aparentemente, todo estaba preparado para el gran golpe. Los más altos funcionarios de Washington, en una obscena transgresión de los principios más básicos del derecho internacional, desplegaron una ofensiva hacia la FANB, que transitó, desde ofertas de amnistía y protección internacional (como premio si manifestaban su apoyo al gobierno paralelo), hasta amenazas directas de muerte a los militares que se mantuvieran leales al orden constitucional venezolano.

 

 

El 22 de febrero, el gobierno de Venezuela anunció el cierre temporal del tránsito fronterizo por los puentes internacionales, y convocó una movilización popular en defensa de la soberanía de Venezuela, enmarcada en un concierto denominado Para la Guerra Nada.

 

 

Más allá de las posiciones ideológicas particulares que median la situación política y de la gravedad de la crisis económica venezolana, es innegable que el complejo militar-financiero-industrial-cultural concentrado en los Estados Unidos de América, estaba fraguando una intervención internacional con tendencia belicista, bajo la fachada de una ayuda humanitaria.

 

 

 

  1. El 23F: una derrota estrepitosa de Washington

 

 

Precisamente la combinación de esa movilización popular con una posición de defensa de la República, por parte de la FANB y cuerpos de seguridad de carácter civil, determinaron que el 23 de febrero se produjera una de las derrotas más estruendosas de la historia política exterior estadounidense en el continente.

 

 

El gobierno paralelo subordinado a Washington, por el cual Estados Unidos desplegó una intensa agenda diplomática: la más notable de la administración Trump; se mostró incompetente para producir un quiebre institucional y para activar una masa crítica con capacidad de poner en jaque al gobierno venezolano.

 

 

De manera simultánea,  el grupo de choque organizado y concentrado en la frontera colombo-venezolana para ejecutar la avalancha, fue incompetente en su objetivo de penetrar por la fuerza en el territorio venezolano.

 

 

La derrota de la administración de Donald Trump ante la situación política venezolana, resultó más que evidente ante la reunión extraordinaria del Grupo de Lima realizada en Bogotá el 25 de febrero, bajo la égida del vicepresidente de los Estados Unidos.

 

 

En ese encuentro se hizo visible el fracaso de la escalada conflictiva dirigida por el gobierno de los Estados Unidos, en cuyo desarrollo fueron inevitables las posiciones críticas hacia la agenda belicista del 23F, y además se subrayó el carácter títere y subordinado del gobierno paralelo, pues el desenlace de la reunión resultó en todo lo contrario a lo planteado por el procónsul en redes sociales el día anterior.

 

 

  1. La prolongación indefinida del conflicto

 

 

El 23F se convirtió entonces en un gran descalabro para los intereses de Washington respecto a la situación venezolana y paradójicamente ha significado el fortalecimiento interno y externo del gobierno del presidente Maduro, así como la prolongación indefinida del conflicto.

 

 

A pesar de que se mantiene una posición hostil e intervencionista, las vocerías estadounidenses han reducido la intensidad de sus agresiones hacia Venezuela. Los plazos de la caída del gobierno de Venezuela se han dilatado y la opción militar, que sonaba inminente en la narrativa del gobierno norteamericano, parece lejana y poco probable.

 

 

  1. Perspectivas post 23F

 

 

El 23F se ha convertido en un nuevo hito histórico para la Revolución Bolivariana. Pero más allá de las crónicas de victoria popular en condiciones asimétricas –reales y legítimas-, la guerra de amplio espectro en contra de Venezuela se mantiene vigente y se adapta a las nuevas circunstancias.

 

 

En el ámbito internacional, el gobierno de los EE.UU., ha insistido en potenciar el cerco diplomático y los hostigamientos en foros multilaterales (la propuesta de resolución ante el Consejo de Seguridad de la ONU es un primer paso en esa dirección).

 

 

Mientras en el ámbito nacional, el procónsul  ha anunciado que regresará al país el 4 de marzo, con lo cual se plantea un nuevo escenario de definiciones (similar al del 23F), pues las instituciones venezolanas tendrán una prueba de fuego. En apariencia debería detener al presidente paralelo por incumplir la prohibición de salida del país, pero eso implica una nueva escalada de conflictividad política nacional e internacional. Otra opción es jugar al desgaste del gobierno paralelo y dejar que el mismo se diluya en la impotencia.

 

 

Lo cierto es que la crisis política no ha sido superada. Los factores que la han acentuado durante los últimos meses, seguirán atizando las tensiones en búsqueda de un hecho desencadenante de violencia que produzca una conmoción, como prerrequisito para una nueva avanzada en el escalamiento del conflicto hacia niveles bélicos. No es un hecho menor que desde Colombia se anuncie la creación de un ejército paralelo, que amenaza con ingresar a Venezuela para imponer por la vía de la fuerza al procónsul.

 

 

Otro factor que atenta contra la paz nacional, es la grave y severa crisis económica que experimenta Venezuela. No se puede hablar de paz, mientras la clase trabajadora venezolana (obreros, pequeños campesinos, artesanos, profesionales y asalariados en general, entre otros), se enfrentan a enormes problemas para satisfacer sus necesidades fundamentales.

 

 

Contrario a lo esperado por Washington, los hechos del 23F mostraron que la mayoría del pueblo venezolano no tiene interés en una agudización del conflicto. Una guerra civil o una intervención militar extranjera, son escenarios rechazados por la población. Los dirigentes nacionales del conflicto, así como los intereses transnacionales asociados al mismo, deben respetar nuestro derecho de vivir en paz y deben trabajar en la búsqueda de un consenso nacional para mitigar y superar la crisis económica.  

 

 

La comunidad internacional tiene el deber de promover fórmulas políticas de negociación sobre la base de los diversos instrumentos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De igual manera, debe ser un agente de cooperación para superar la crisis económica y las tensiones políticas de Venezuela, en vez de ser un factor de exacerbación del conflicto a través de amenazas, sanciones ilegales y agresiones de diverso signo.

 

 

[i] Investigador del Centro Internacional Miranda.

 

[ii] Los cuales interconectan a las ciudades de San Antonio y Ureña (del estado Táchira de la República Bolivariana de Venezuela), con Villa del Rosario, y San José de Cúcuta (del departamento del Norte de Santander de la República de Colombia) respectivamente.

 

[iii] El signo humanitario de esa operación está en entredicho, por las descalificaciones realizadas hacia la misma por organismos como la Organizaciones de las Naciones Unidas y la Cruz Roja Internacional, los cuales denunciaron sus intereses políticos.

 

[iv] Mediante el cual se ha fomentado la instauración de una especie de procónsul de los intereses de Washington en Venezuela.

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