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Honorables Congresistas

 

COMISIÓN DE PAZ

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

 

E.S.M.

 

A dos años de la firma del Acuerdo Final, escribo estas líneas con la esperanza de que el anhelo de paz que nos ha unido, ansiando poner fin a la larga confrontación armada y a sus causas estructurales, no se ahogue en el mar de la perfidia. A nombre de tantos hombres y mujeres que nos levantamos en armas justamente buscando la paz con justicia social, y que hoy con entereza y dignidad seguimos luchando para que se concrete lo pactado en La Habana en su espíritu y contenido, quiero agradecer inmensamente todos los esfuerzos que desde esta Comisión de Paz se han dirigido durante esta legislatura a contribuir en la terminación de la guerra, así como todas sus iniciativas impulsadas para la salvación de los procesos de paz con las insurgencias de FARC y ELN.

 

Fui formado como rebelde creyendo firmemente en la sentencia de nuestro comandante Jacobo Arenas, que el destino de Colombia no puede ser la guerra civil. Por ello, veo con suma preocupación la actual coyuntura nacional donde lejos de avanzar hacia la consolidación de una paz estable y duradera, los ataques de los nostálgicos de la guerra, sumados a la indolencia –cuando no complicidad- de buena parte de la institucionalidad, abalanzan al país a un nuevo ciclo de violencia política. A 2 años de la firma, como lo han podido corroborar en sus visitas a los territorios, a pesar del férreo compromiso de los excombatientes el mero acallar de los fusiles de las FARC-EP no ha significado para las comunidades la armonía soñada, sino la continuidad de las victimizaciones por parte de sus verdugos históricos. Ya son 431 líderes sociales y más de 80 excombatientes “asesinados en paz”. Vivimos la reedición de otro genocidio silencioso. Es el momento de frenarlo y de corregir el rumbo del proceso de paz.

 

En sus manos hay instrumentos de diverso orden que les permite coadyuvar a la implementación de lo acordado en La Habana respecto a las garantías de seguridad para excombatientes y pobladores de las áreas sistemáticamente victimizadas del país. Sí es posible iniciar el desmonte de las poderosas estructuras paramilitares y mafiosas de distinta naturaleza, que contrariamente a lo pactado se han venido fortaleciendo, dejando una estela de muerte que además de vergonzosa e inmoral, es absolutamente incompatible con la perspectiva de construcción de Paz en nuestra patria.

 

No les escribo con ninguna aspiración personal. Los invito a aunar fuerzas para salvar el proceso de paz. Por virtud del Acuerdo Final y las decisiones de mi partido, tenía la responsabilidad de estar junto a ustedes respaldando la paz y la reconciliación desde el legislativo, pero la inquina del hoy cuestionado Fiscal General de la Nación, por ahora lo ha impedido. Pero en sus manos, señores congresistas, están muchas acciones para avivar nuevamente un proceso de paz que indudablemente se halla en grave crisis.

 

Valorando en buena estima sus visitas a varios ETCR, los invito también a ir a las cárceles, -no para hablar conmigo-, sino para que conozcan la tragedia humanitaria de 382 excombatientes que tras casi 2 años de la expedición de la Ley de Amnistía 1820, aún siguen en prisión. Sin duda uno de las situaciones más indignantes e injustas, es la sufrida por la compañera “Sonia” en el Buen Pastor de Bogotá, quien continúa privada de su libertad contra todo derecho, luego de 13 años en las mazmorras norteamericanas, a donde fue enviada y condenada sin prueba alguna con un montaje similar al que crearon contra Simón Trinidad y contra mí mismo, y por ello, se vio obligada a entrar en huelga de hambre junto a 16 prisioneras el pasado 11 de noviembre.

 

Frente a mi situación particular, que condensa varios de los grandes obstáculos del proceso de paz, solo acudo a ustedes para poner en su conocimiento la realidad jurídica y política de mis procesos de extradición y pérdida de investidura, intentando romper estigmas e imprecisiones aupadas por los enemigos del Acuerdo. Es su responsabilidad como congresistas para con el país, tener todas las claridades desde las diversas posiciones, cuando se avecina una etapa decisoria para el proceso de paz, y para mis casos judiciales.

 

Quiero ratificar ante ustedes y ante el país que soy inocente de los cargos que me han imputado. Quiero reiterarles que tras el montaje a 2 manos de la DEA y la Fiscalía General de la Nación, solo hay la nefanda pretensión de dinamitar el proceso de paz y esparcir la cizaña de la inseguridad jurídica entre los excombatientes. No es momento para olvidar, que estoy preso por obra y gracia del Fiscal Martínez Neira, que fue la “Celestina” jurídica de la corrupción de Odebrecht, y artífice de múltiples “falsos positivos judiciales” contra el proceso de paz que progresivamente han ido develando su farsa: contra la familia Mora Urrea, contra los hermanos Falla, en el caso de Surtifruver, entre tantos otros más. Lo digo sin eufemismos: un mentiroso pertinaz sin ninguna estatura moral, ha destruido las confianzas y tiene hoy en vilo, sin prueba alguna de sus acusaciones temerarias e injuriosas, años de esfuerzos conjuntos de diálogo y construcción de paz. El derecho síntesis, está amenazado por la síntesis de los males de nuestro sistema político.

 

No pido nada en beneficio personal. No exijo ningún trato preferencial: reclamo que la JEP y el Consejo de Estado obren acorde al derecho, incluyendo a ese nuevo derecho derivado de Acuerdo Final, aprobado por el Congreso de la República y declarado exequible por la Corte Constitucional, consignado en los Actos Legislativos 01, 02 y 03 de 2017. Ratifico que el Acuerdo Final debe ser reconocido como Acuerdo Especial acorde a los Convenios de Ginebra, como reza en lo firmado, y tal cual se realizó el procedimiento para su depósito ante la Confederación Suiza; señalando, que el Estado colombiano está obligado a su cumplimiento en virtud de su declaración unilateral ante la Asamblea General de Naciones Unidas, y por el principio de Pacta Sunt Servanda.

 

La Jurisdicción Especial de Paz está facultada por el artículo 19 del Acto Legislativo 01 de 2017 para evaluar la conducta de que se me acusa y solicitar las pruebas del caso para poder determinar la fecha. A la fecha el Fiscal solo ha pretendido entregar de manera irregular unos audios que anexo a esta nota, filtrados de manera calculada y manipulada a los medios de comunicación, cuyos contenidos no dan cabida a sospechar de delito alguno de mi parte; son pruebas espurias, correspondientes a otros procesos, de otras personas, por otros delitos, saltándose cualquier legalidad y violando mi derecho al debido proceso. Por el contrario, dan prueba de que la versión real de los hechos que se me imputan es la que he manifestado públicamente, a pesar de mi aislamiento ilegal, desde el inicio de este episodio y que prueban la mala fe  de un Fiscal farsante, que vive de engañar publicando fragmentos y escondiendo otros, mezclando hechos de circunstancias aisladas, de relaciones inexistentes, pretendiendo dar solidez a sus quiméricos relatos, absurdos a toda luz para  cualquier observador informado. No existe prueba en mi contra sobre los hechos que se me imputan en Colombia, ni en Estados Unidos, ni en ningún lugar del mundo, porque simplemente no ocurrieron. Nunca he violado mis compromisos asumidos con el Acuerdo de Paz.

 

La pretendida extradición que se me ha ordenado es hoy un imposible jurídico  así como un imposible material. Como ya lo he afirmado, tengo la claridad y la firmeza que no me dejaré extraditar. Si se cumpliera lo aprobado y declarado exequible en la Ley Estatutaria de la JEP (Artículo 156) mediante la sentencia C-080/18, mi extradición sería improcedente en derecho, ya que estoy compareciendo ante la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, y me he acogido plenamente al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, tal cual nos comprometimos en el Acuerdo de Paz. No habría que hallar entonces una rebuscada jurisprudencia para frenar este atentado contra el proceso de paz que es la amenaza de extradición contra los excombatientes. Pero mi batalla no termina allí, sino que es por recuperar mi libertad y mi dignidad. La consecuencia lógica a la inexistencia de pruebas no puede ser la prolongación infinita de mi presidio, buscando sosegar la insania de los enemigos de la paz, o sostener a un Fiscal que tambalea por sus escandalosos impedimentos éticos.

 

De igual forma, tengo la tranquilidad que en mi proceso por pérdida de investidura que adelanta el Consejo de Estado, me asiste la razón acorde a la ley. No tengo ningún proceso penal en mi contra en Colombia. El artículo 134 de la Constitución Nacional excluye como causal de “silla vacía” los procesos penales en el exterior, y el artículo 183 de la misma carta magna, excusa la no posesión cuando median motivos de fuerza mayor, como lo es claramente mi presidio arbitrario, en el que además se me niegan permisos y remisiones a los que tiene derecho cualquier recluso en el país. Conocen de sobra los congresistas que lo que cursa en un caso como el mío es declarar la falta temporal y llamar al siguiente en la lista a ocupar la curul, máxime cuando se trata de escaños excepcionales cuantificados claramente en el Acto Legislativo 03 de 2017. Mantener indefinidamente desierta la curul de la Cámara de Representantes por el Atlántico de mi partido, no es cosa distinta que incumplir el Acuerdo, desvertebrando la esencia misma de todo pacto de paz: el cambiar la oposición en armas, por la participación política legal.

 

Entiendo la división formal de poderes que opera en el Estado colombiano. No pretendo la intromisión del legislativo en lo competente a otras instituciones, pero si me permito informarlos de estas realidades soslayadas, y solicito sus buenos oficios justamente para que se impidan presiones políticas y manipulaciones mediáticas que aspiran sacrificar en la hoguera a quienes hemos hecho oposición al régimen político en las más diversas formas. No pido que se viole la autonomía de las autoridades judiciales, si no por el contrario que se garantice la independencia de éstas y mis derechos constitucionales. No más allanamientos, persecución judicial ni coacción indebida contra funcionarios y defensores relacionados con la JEP.

 

Ustedes y el país saben que cuentan en mí, con un soldado de la paz con justicia social, presto como siempre a trabajar conjuntamente por la reconciliación de nuestra patria, y abierto a apoyar lo que la Comisión de Paz estime conveniente, ávido de conocer su respuesta y de hacer los intercambios que se requieran en pos de consolidar el proceso. No permitan que se marchite la frágil rama de olivo de la paz, sin que siquiera fructifique. No dejemos que estos años de esfuerzo sucumban, lanzando lo conquistado en La Habana al inmenso abismo de los armisticios fracasados que llenan nuestra historia. Trabajemos por salvar la paz.

 

Con anhelos de reconciliación,  

  

JESÚS SANTRICH Plenipotenciario del Acuerdo Final de Paz

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