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Por: Comité Bolivariano de Solidaridad #SantrichLibre



El pasado sábado (22 de septiembre, 2018) se realizó en los espacios de la Librería Colombeia, ubicada en el centro de la ciudad de Caracas, un foro titulado “judicialización como herramienta de agresión contra el movimiento popular”, un espacio de análisis, reflexión e intercambio organizado por el capítulo venezolano de Alba Movimientos.



Dicho espacio contó con la intervenciones in situ de Aline Piva, del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra del Brasil y de Paula Companioni, del Congreso de los Pueblos de Colombia. A través de video-conferencias se pudo apreciar los análisis de Gonzalo Armúa, militante argentino de Patria Grande y de Ivonne Amores, de la organización Bulla Zurda del Ecuador.



Aline Piva hizo una lectura del actual momento que vive Brasil, en vísperas de las elecciones presidenciales. Calificó la coyuntura de muy compleja y planteó que la actual persecución y judicialización contra el movimiento popular en el Brasil, ha usado la idea de la corrupción, como un nuevo equivalente al fantasma del “terrorismo”, siendo de esta manera una categoría útil para estigmatizar a quienes se quiere contener. El caso paradigmático de este fenómeno es en la actualidad el de la judicialización del ex-presidente Luiz Inacio Lula da Silva, privándolo de la posibilidad de candidatizarse en las venideras elecciones.



Este fenómeno de persecución y judicialización en contra del movimiento popular ha contribuido con el golpismo y su pretensión de desarticular el proyecto social propuesto bajo los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff, que a pesar de no haber constituido una transformación revolucionaria, logró importantes reivindicaciones sociales en beneficio del pueblo brasilero.



En ese sentido Piva alertó sobre la intención de edificar en Brasil un fascismo neoliberal, para lo cual están jugando un importante papel las fuerzas militares, y sus prácticas de disciplinamiento social, a través de los miedos y el control.



Por su parte Gonzalo Armúa trajo a colación los conceptos de guerra no convencional, la cual incluye la arista jurídica y la mediática, y de golpe blando; conceptos éstos, los cuales contribuyen en el análisis de la coyuntura actual de la región. Señaló igualmente que en el escenario argentino se ha dado procesos de “judicialización selectiva de la corrupción”, invisibilizando el hecho de que la corrupción es un fenómeno inherente al sistema capitalista. Algunos de los ejemplos paradigmáticos en el marco de la persecución política en Argentina son la judicialización de la ex mandataria Cristina Kirchner, bajo causas insostenibles, la detención de la lideresa social Milagro Salas, quien lleva dos años presa a pesar de no contar con una sentencia, así como los casos de Fernando Esteche, dirigente político, y de Facundo Huala, líder mapuche.



La militante ecuatoriana Ivonne Amores hizo un análisis de lo que ha significado para el Ecuador y su pueblo el gobierno del actual presidente Lenín Moreno, el cual se ha caracterizado por una traición al programa planteado por la Revolución Ciudadana.



Ivonne señaló que el proceso electoral de consulta popular efectuado el año pasado en el Ecuador, además de ser inconstitucional, tenía como objetivo revertir importantes logros sociales obtenidos por la Revolución Ciudadana como la ley de plusvalía. En el marco de esta desarticulación de la Revolución Ciudadana se ha implementado la judicialización en contra de dirigentes políticos como Jorge Glass, y el ex mandatario Rafael Correa, quien en la actualidad no puede ingresar al país sin correr riesgos de ser detenido.



La integrante del Congreso de los Pueblos, Paula Companioni, presentó el caso de la judicialización de Julián Gil, militante de la misma organización colombiana. Contextualizó este caso además en la realidad colombiana, señalando que las fuerzas militares de este país asumieron como doctrina militar la llamada “Doctrina Damasco”, implementada por la OTAN. Esta doctrina sigue profundizando la concepción contrainsurgente del “enemigo interno”, por lo cual la protesta social y popular, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las llamadas “disidencias”, son fuertemente perseguidos y golpeados. Como las principales características de la persecución y judicialización contra el movimiento popular en Colombia Paula mencionó las siguiente:



1) la estigmatización de toda protesta popular tildándola de “castro-chavista” y por lo tanto “terrrorista”;



2) ataque hacia el corazón organizativo con el fin de golpear y desarticular las colectividades y sus procesos y dinámicas;



3) se considera innecesario mostrar pruebas de los supuestos delitos de los cuales se acusa a los líderes y lideresas sociales, por lo cual a veces las supuestas pruebas nunca son mostradas, o en otros casos son falsificadas de manera burda;


4) se da un juicio paralelo, a en casos incluso anterior, en los medios de comunicación, que de esta manera contribuyen con la difusión de calumnias y la estigmatización;



5) se busca generar miedo en la colectividad del líder o lideresa, así como desgastar emocional y económicamente a las y los compañeros y familiares del detenido/a. También se quiere debilitar la moral del mismo.



Para finalizar se abrió el derecho de palabra en el marco del cual intervinieron, entre otros asistentes,  integrantes del Comité bolivariano de Solidaridad por la Libertad de Jesús Santrich. En esta intervención se señaló que el caso de la detención de Jesús Santrich se puede considerar característica en el marco de la judicialización con el fin de atacar el movimiento popular en Colombia, pero que además esta detención injusta y arbitraria es un evidente ataque al Acuerdo de Paz firmado entre las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo) y el gobierno de Colombia. Igualmente se caracterizó a Jesús Santrich como líder estudiantil destacado, luego comandante de la insurgencia, arquitecto del Acuerdo de Paz de La Habana, y en la actualidad importante líder del partido FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común).



Al ser una de las voces más críticas frente al incumplimiento por parte del Estado colombiano al Acuerdo de Paz, le fue impuesto un montaje judicial, organizado entre el injerencismo de los EEUU y la fiscalía colombiana. Llama la atención en este caso la ausencia de pruebas contundentes, y la amenaza de extradición, que demuestra una vez más la ausente soberanía nacional de Colombia.


Sin embargo este caso es sólo un caso paradigmático en el marco de la inexistencia generalizada de seguridad jurídica e integral para las y los integrantes de las FARC, producto de los incumplimientos del Estado colombiano. Como triste saldo de este último cientos de prisioneras y prisioneros políticos de las FARC continúan en las cárceles colombianas, y más de 70 ex combatientes han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz.


Otra participante en este foro alarmó sobre las venideras y peligrosas acciones judiciales y políticas que desde la derecha internacional se pretende imponer al presidente de Venezuela Nicolás Maduro y a Daniel Ortega, mandatario de Nicaragua.



A pesar de este complejo panorama regional la conclusión de las y los asistentes a dicho espacio fue la necesidad de resistir ante estos embates, y que para ello es necesario continuar con la denuncia, así como fortalecer la organización y movilización popular en toda Nuestra América y el Caribe.  

 

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