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Por: Libardo Muñoz



En audiencia de imputación de cargos nueve concejales del Distrito de Cartagena fueron acusados del presunto delito de cohecho, contra ellos se solicitó medida de aseguramiento, pero no aceptaron los cargos al terminar la diligencia que se realizó en la sede administrativa de la judicatura, el viernes pasado.

 


La imputación de cargos contra los concejales de Cartagena está enmarcada en la llamada "Operación Heróica" de la fiscalía, desde mediados del año pasado, cuando fueron detenidos el ex alcalde mayor  Manuel Vicente Duque, la ex contralora Nubia Fontalvo, la ex concejal Angélica Hodeg y José Julián Vásquez, primo del alcalde señalado de ejercer un poder en la sombra para nombramientos y adjudicación de contratos, quienes esperan ser llevados a un juicio por el presunto delito de cohecho.

 


La audiencia de imputación de cargos contra los nueve concejales de Cartagena fue presidida por el juez segundo municipal con control de garantías Marvin Hoyos y en ella comparecieron Luz Estela Cáceres, ex secretaria general del Distrito durante la alcaldía de Duque y el ex concejal Zaith Adechine acusados de prevaricato por acción y cohecho.

 


La fiscal Liliana Velásquez, quien lleva  la investigación por corrupción en el Concejo y la Alcaldia mayor de Cartagena, dijo tener pruebas de los delitos mencionados, por declaraciones de testigos clave recopiladas en los últimos meses. Sobre los concejales Edgar Mendoza Antonio Salim Guerra, Luis Javier Cassiani, William Pérez, Duvinia Torres, Lewis Montero, Américo Mendoza y los ex concejales Zaith Adechine, Ronald Fortich y Luz Estela Cáceres pesa una solicitud de medida de aseguramiento formulada por la fiscal Liliana Velasquez.

 


De acuerdo con unas conclusiones conocidas en medios judiciales de Cartagena, desde la alcaldía mayor, y en contubernio con casas políticas que manejan la corrupción al dedillo, orientadas por un ex senador condenado, se montó una empresa criminal para nombrar funcionarios y tener acceso a los recursos de la administración.

 


La audiencia del viernes pasado era esperada con creciente interés entre la ciudadanía cartagenera, pues la capital de Bolivar se encuentra en un limbo administrativo, el alcalde mayor está en interinidad y además, como reflejo de la corrupción, se vive un escándalo por construcción de 16 edificios con licencias falsas.

 


Precisamente, el estallido de la reciente crisis político-administrativa de Cartagena se originó en el derrumbamiento de un edificio ilegal, donde murieron bajo los escombros 21 albañiles el jueves 27 de marzo de 2017.

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