Comunicado de prensa

 

Mi nombre es Fabián Ramírez Cabrera, excombatiente de las FARC-EP en proceso de reincorporación. Militante de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC, que he asumido con total convicción y franqueza nuestro compromiso de aportar a la reconstrucción y reconciliación de la familia colombiana. Muestra de ello, es mi decidida participación en la Jurisdicción Especial para la Paz; en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; así, como una labor denodada junto a la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Cada uno de estos componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición puede dar fe de ello.

 

De igual manera, he venido trabajando de la mano de decenas de excombatientes en el sur del país para sacar adelante el proceso de reincorporación, pese al sistemático incumplimiento por parte del Estado colombiano. Junto con cada uno de los y las excombatientes, nos hemos mantenido, hasta el momento, en la ardua tarea abrir caminos de paz y entendimiento y así lo seguiremos haciendo. ¡Que de ello no haya la menor duda!

 

Sin embargo, lo cierto es que hoy no contamos con garantías de seguridad: ni jurídica ni física. Estamos completamente desprotegidos, después de la dejación de las armas que por más de medio siglo fueron salvaguarda de vida misma. Evidencia de esto, son los asesinatos sistemáticos de miembros de nuestro Partido, más de 80 desde la firma del acuerdo; siendo el caso más renombrado, el atroz asesinato por parte del Ejército Nacional de Dimar Torres en el departamento de Norte de Santander. En mi caso, como ya reposa debidamente en la Fiscalía General de la Nación, tengo conocimiento de un plan que se adelanta para atentar contra mi vida y, posiblemente también, contra mi familia y el núcleo de personas que me colabora en el proceso de reincorporación para dar cumplimiento al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.

 

Además de lo anterior, esta situación se ve agravada por lo que parece ser un “montaje judicial en curso”, Como el que intentaron fabricar en contra de Joaquín Gómez; como los que se han urdido contra la JEP; o el que hoy mantiene de manera injusta en prisión al camarada Jesús Santrich.

 

En lo que a mí respecta, los enemigos de la paz –usurpando mi nombre e historia en las antiguas FARC-EP– hacen amenazas de muerte y buscan extorsionar vía telefónica a varios habitantes del departamento del Caquetá. Es indudable, que aquí se busca tejer un manto de duda sobre mi compromiso irrenunciable con la paz de Colombia, asociarme con actos delictivos y justificar un proceso judicial en mi contra, a partir de engaños. Sin embargo, tengan por seguro que esto nos prosperará, no solo por mi férreo compromiso con este proceso, sino porque las gentes humildes y que han sufrido el rigor de la guerra en el departamento, conocen de mi trabajo abnegado a favor del proceso de paz y la reconciliación.

 

Ante esta grave situación que hoy se presenta en mi contra –pero que hace parte a todas luces de un plan sistemático y estructurado de perfidia contra el proceso de paz– no puedo menos que:

 

    1. Hacer un llamado al conjunto de la población colombiana a mantener una férrea defensa del acuerdo de paz y exigir su implementación.

  

    2. Exigir las garantías de seguridad pactadas en el Acuerdo Final, en especial el cumplimiento del punto 3.4: “sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo.

 

     3. Responsabilizar al Gobierno Nacional en cabeza del presidente Iván Duque Márquez, como jefe del Estado colombiano, por mi seguridad física y jurídica.

 

    4. Hacer un llamado a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y a los países garantes, para tomar medidas urgentes para impedir que se siga ultimando a nuestros reincorporados y se continúen consumando montajes en contra nuestra.

 

Para finalizar, quiero reiterar un clamor que desde diferentes orillas se ha elevado: ¡pacta sunt servanda! Los acuerdos son para cumplirlos, señor presidente.

 

Muchas gracias.