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In Memoriam

“Camarada Alfonso Cano,

tú luz cruza el cielo de noviembre en Colombia y Nuestramérica,

ni las bombas, ni los disparos sobre la piel,

son lo bastante poderosos como para interrumpir

 la marcha de quien camina con el pueblo”.

 (Pablo Nariño ETCR Amaury Rodríguez. Pondores, Conejo la Guajira.)

 

Por: Partido FARC en Venezuela

 
Hoy, 24 de noviembre de 2018, se cumplen dos años del acto realizado en el Teatro Colón de Bogotá, en el cual se firmó el Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP. Resulta por lo tanto imprescindible la realización de un balance de lo que ha significado tal Acuerdo, y de cómo ha transcurrido la etapa pos-Acuerdo, la cual debía caracterizarse por la implementación de lo acordado.

 

Como estructura del Partido FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) en Venezuela consideramos que en la actualidad existen dos documentos de suma pertinencia para la realización de dicho balance. 


El primero es la ponencia escrita por Jesús Santrich para el XII Foro Nacional por los Derechos Humanos, en la cual hace una valoración rigurosa y coherente de la implementación, exponiendo las alteraciones unilaterales, los ataques y los incumplimientos sistemáticos de los cuales ha sido víctima el Acuerdo de Paz de La Habana, por parte del Estado colombiano. Compartimos plenamente esta lectura del Camarada la cual concluye que:


“Hoy por hoy, queda absolutamente claro que el objetivo central del Estado a alcanzar, utilizando las mínimas promesas y compromisos del Acuerdo de la Habana, era la DEJACIÓN DE ARMAS por parte de una insurgencia embriagada por la buena fe y el somnífero de las mentiras del establecimiento, que desde siempre tramó convertirla en el chivo expiatorio de la guerra fratricida que hemos padecido por más de medio siglo. 
La estrategia de negociación del Bloque de Poder Dominante nunca tuvo el propósito de introducir cambios de fondo al orden social vigente, ni de desarticular la estructura estatal y el sistema de “democracia excluyente”. Por el contrario, se han pervertido y derechizado todavía más con mayor rigor, logrando imponer un criterio por demás falso de ilegitimidad y de injustificación del ejercido derecho universal a la rebelión, desfigurando las causas históricas de la verdad sobre la confrontación, y reafirmando la actitud negacionista sobre la responsabilidad principalísima que tiene el Estado en la gestación y permanencia del conflicto y sus víctimas cuya causa se suele instrumentalizar, en muchos casos, en el discurso institucional, no para buscar su sincera reivindicación sino para deslegitimar la subversión”. 


Pero igualmente compartimos la senda a seguir que traza el Camarada Santrich: “Frente a tales retos nuestro deber y compromiso no tiene otra alternativa que radicalizar la subversión, la resistencia desde abajo, en todos los espacios sociales y políticos, en procura de sustituir el orden social vigente, en unidad con quienes tengan el mismo derrotero estratégico”.

 

A pesar de lo completo del análisis de Jesús Santrich, y quizás por su espíritu de dignidad y combate que no se doblega, sino que se crece ante la adversidad, este camarada no hace referencia a su propia situación, como prisionero político secuestrado por el régimen colombiano, con base en un montaje judicial tramado entre el Estado represor de Colombia y la histórica injerencia de los EEUU, en el intento de acallar una de las voces más rebeldes y críticas. 


Consideramos por ello necesario complementar, en el marco del balance propuesto, la ponencia mencionada con la reciente carta escrita por Iván Márquez, Oscar Montero, Romaña, Aldinever y otros camaradas, y dirigida al propio Santrich. 
Esta carta trae al debate nuevas denuncias y elementos, hace referencia a la situación de Santrich, y parte además de hombres y mujeres de las FARC, que en vista de la completa ausencia de garantías para su integridad y seguridad jurídica, se vieron obligados a resguardarse para proteger sus vidas. Realizar una valoración de la implementación, dejando de lado esta situación, correspondería a una lectura amañada, o en el mejor de los casos ingenua, del momento que vivimos, donde se impone la claridad y el análisis riguroso.


Algunos de los hechos de más gravedad, que denuncian Iván Márquez y otros camaradas se concentran en el siguiente párrafo:


“¿Qué nos pueden decir del asesinato de más 80 guerrilleros luego de la firma del Acuerdo de Paz de La Habana? Esto ya se parece al genocidio de la UP que fue exterminada a tiros como política de Estado. ¿Por qué retienen todavía en las cárceles a guerrilleros de las FARC en contravía de lo pactado, que fue su libertad con el compromiso de sometimiento a la JEP? Si Sonia ya cumplió pena en los Estados Unidos ¿por qué no la liberan o por qué no la pasan a la JEP? Ella está hoy en huelga de hambre. Si se acordó alejar las armas de la política ¿por qué siguen matando y exterminando a los líderes sociales de este país que ya suman más de 270 sacrificados?”


Es por todo lo anterior que como Partido FARC en Venezuela seguiremos recogiendo y sistematizando las posiciones, lecturas y opiniones de las comunas, militantes, simpatizantes y amigos, en función de construir un diagnóstico útil para los espacios de formación y discusión, que actualice el debate y posibilite trazar las líneas de acción necesarias para continuar el trabajo político del partido que se plasme en una Colombia en Paz con justicia social.

 

Reiteramos nuestro tributo de gratitud y fervor revolucionario, para Hugo Chávez Frías, músculo del acuerdo. Al pueblo Venezolano, hermano de todos los momentos. Gracias a Cuba por la solidaridad ejemplar, a los países garantes y acompañantes, y a todas las instituciones y personas que con la mejor buena fe, aportaron su voluntad a la concreción del Acuerdo de La Habana. Es éste, fortalecido, el que tendremos que seguir defendiendo.
Partido FARC en Venezuela.

 

A continuación se reproducen la ponencia y la carta mencionadas.

 

 

PONENCIA PARA EL XII FORO NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS, DEFENDER LA VIDA, CONSTRUIR LA PAZ, JESÚS SANTRICH

 

La Picota, noviembre 11 de 2018


“EL FALLIDO ACUERDO DE LA HABANA Ó EL ADIÓS A OTRO INTENTO DE PAZ ESTABLE Y DURADERA”.


Fraternal saludo de compatriota y luchador revolucionario comunista, bolivariano.
Esta ponencia no contiene análisis de coyuntura política específicos, ni de causalidades que refuercen la afirmación contenida en la titulación indicando el fracaso evidente del Acuerdo de Paz de La Habana. En tanto considero que el balance más aproximado a la realidad de lo que ha sido “el intento de materialización” del Acuerdo lo contienen los estudios del Centro del Pensamiento y Diálogo Político, prescindo de hacer los ejercicios detallados de reflexión que sobre cada aspecto central de lo pactado hicieron sus expertos, los cuales comparto en lo esencial, diferenciándome seguramente del optimismo con que este equipo respetable de trabajo todavía mira el Acuerdo en cuánto a posibilidades de realización.

 

Procedo entonces a hacer mis valoraciones sobre la situación actual del Acuerdo, sin comprometer en ello, ni cuestionar, las posiciones que sobre el mismo asunto tenga el Partido al que pertenezco, considerando además que las circunstancias de prisión en las que estoy puedan cargar de subjetividad mis afirmaciones.


Por marcar una fecha de referencia, al menos desde la noche anterior a la fecha misma de la firma del Acuerdo Final en el teatro Colón de Bogotá (noviembre 24 de 2016), lo pactado transitó por un proceloso rumbo que se desenvolvía entre la implementación y la perfidia. Uno de los primeros hechos de violación del consecutivo atropello a principios como el de buena fe y el de pacta sunt servanda fue el incluir un capitulo que en favorecimiento de los militares variaba y distorsionaba la estructura de la Jurisdicción Especial para la Paz pactada entre las partes. De ello existe una constancia de salvedad depositada por las FARC en manos de los garantes. 


En este viacrucis el Acuerdo de Paz de La Habana ha sido el único acuerdo de este tipo en el mundo, que ha sido sometido a renegociaciones forzadas y todos los días por el poder del Estado o variadas de manera unilateral por sus instituciones, configurando el execrable crimen de la perfidia. Ya he señalado que consecutivamente han sido lesionados principios universales de derecho como el de la buena fe y del pacta sunt servanda, lo cual de por sí implica una grave lesión también a los compromisos con la Comunidad Internacional. 


Después de más de medio siglo de confrontación política, social y armada derivada de las injusticias, la miseria, la desigualdad y las exclusiones de todo tipo impuestas por el régimen, la desconfianza para firmar un pacto de paz se superó acogiendo instrumentos que por parte de la insurgencia se creyeron suficientes para garantizar el respeto y el cumplimiento del tratado, al menos por tres periodos presidenciales (Agosto de 2018 – Agosto 2030). 


En el plano del Derecho Internacional, el Acuerdo Final se firmó como Acuerdo Especial del artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra y se depositó ante el Consejo Federal Suizo. 


El Acuerdo Final fue cobijado con una Declaración Unilateral del Estado de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas, lo cual es un compromiso de cumplimiento de orden vinculante e imperativo. 


El Acuerdo Final fue suscrito como documento oficial anexo a la Resolución 2261 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 


En el orden del Derecho Interno y el Acuerdo final tuvo las siguientes “salvaguardas”
Refrendación del Congreso el 30 de noviembre de 2016.

 
Se introdujo a la Constitución Política de Colombia por vía del Acto Legislativo No. 002 del 11 de mayo de 2017, el cual fue declarado exequible por la Corte Constitucional, asumiendo que “las instituciones y autoridades del Estado” tenían la obligación de “cumplir de buena fe lo establecido en el Acuerdo Final”. Queriendo decir esto, claramente, que actuaciones de órganos y autoridades del Estado, desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación debían “guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final”. 


No obstante, estos “seguros” que en teoría impedirían que el Acuerdo Final pudiera ser alterado por cualquier conducto, ha sido manoseado por la institucionalidad en este y en el anterior Gobierno, haciendo realidad aquello dicho por Fernando Londoño en la convención del Centro Democrático de mayo de 2017, en cuanto a “volver trizas ese maldito papel que llaman acuerdo con las FARC”.


Las llamadas “mejoras” al Acuerdo no son otra cosa que alteraciones hechas vía legislativa o vía interpretación y “ajustes” jurisprudenciales e incluso vía “aplicación” gubernamental, en todos los puntos cardinales, lo cual se suma a las graves acciones, omisiones y negligencias de incumplimiento.

 

En el tránsito del Acuerdo entre la implementación y la perfidia, entre la violación a la buena fe y el pacta sust servanda, no obstante, se ha construido a instancias del proceso, un incipiente marco jurídico que pese a las transgresiones e incluso contraindicaciones que el impone a los textos originales, se forjó con el anhelo de que sirviera de base para lograr fases más profundas de transformación jurídica, política, social, que beneficiarían a las mayorías.

Tal nuevo marco jurídico derivado del Acuerdo con los trastornos ya mencionados, se resumen en lo que se conoce como “implementación normativa temprana”, textos básicos, formales cuya materialización práctica en su mayor dimensión está por verse. Estas son:

 
6 Actos Legislativos 
9 Leyes surgidas del proceso Fast Track 
36 Decretos Ley presidenciales 
84 Decretos ordinarios 
5 Directivas presidenciales 


Otros desarrollos normativos quedaron proyectados e incluso radicados sin pena ni gloria en el Congreso y lanzados por ahora al cajón del olvido, como la reforma a la Ley de Víctimas, la reforma política, las circunscripciones territoriales de paz etc.


A dos años de iniciada la llamada “implementación” se puede decir con certeza que cumplidos todos los pasos que comprometió la insurgencia para completar la “DEJACIÓN” de las armas e iniciar la reincorporación y la participación en la implementación de los acuerdos, se acentuaron los incumplimientos por parte del Estado. De un carácter de débil implementación parcial y desfigurada de los acuerdos, se ha pasado a su obstrucción, desatención y anulación y distorsión generalizada; obviamente sin que las salvaguardas que habíamos reseñado sean para nada tomadas en cuenta, sin que a esta tendencia negativa se le observe reversibilidad. Más bien se agudiza en beneficio del régimen y su orden social establecido.


Es ya evidente que las transformaciones pactadas en el Acuerdo, nada de fondo cambiaron en el sistema de miseria, desigualdad y exclusiones imperante, y que, claramente, aquella máxima de las conversaciones de La Habana que dictaba que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, en realidad quedó convertida en que “nada de esto esté acordado así todo esté acordado”. Aspecto de no poca monta que debe ser muy tenido en cuenta por el Ejército de Liberación Nacional si se llegaren a adelantar las conversaciones entre su Delegación en La Habana y el Gobierno Duque.

 

El incumplimiento del Acuerdo es, sin duda, un hecho notorio y de tendencia irreversible en lo que respecta a lo que depende de las instituciones- Y se le agrega al mismo la interpretación de una guerra mediática de baja intensidad orientado a desacreditar y descalificar la historia de la resistencia insurgente, de la subversión, para colocarnos en la condición de victimarios y quitar piso a cualquier intento por superar el orden vigente. 


El incumplimiento gubernamental al Acuerdo de Paz de la Habana, es un incumplimiento de Estado que ha llevado a una situación generalizada de inseguridad jurídica, inseguridad personal, inseguridad socioeconómica, agravada con la desfinanciación del Acuerdo en lo nodal y trascedente. 


Paradójicamente, en la época de “implementación” de los Acuerdos, tiempo en el que se debería estar forjando la reconciliación, a lo que se asiste, además del incumplimiento, es la estigmatización de la Fuerza Alternativa del Común, y de sus integrantes, tratándolos como victimarios perse, moviendo todavía los hilos de la guerra de baja intensidad mediática contra ellos. De tal manera que asistimos a un escenario de difusión de verdad parcializada, distorsionada, a medias y falseada, que NO ES VERDAD, movida para avivar la vindicta y aplicación de la justicia penal del enemigo en el marco de la desfiguración de la Jurisdicción Especial para la Paz y por ende del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, del cual hace parte también la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Reconciliación y la No Repetición. 


No se puede borrar el pasado, para no perder de vista las razones ciertas del presente y la perspectiva de la marcha de las sociedades hacia el buen vivir. Lo cual exige un sentimiento HISTÓRICO de la verdad, a fin de no caer en las enredaderas de una apariencia de verdad. 
Los hechos del conflicto político, social y armado tienen causas, orígenes y factores que posibilitaron su expansión, intensidad y permanencia, como matrices y caracterización regionales y locales, etc. Que no podrían pasarse por alto si se quiere construir verdad, reconciliación y no repetición. Y si se pretende ciertamente lograr una nueva sociedad en condiciones de justicia y dignidad, lo adecuado, lo correcto era proceder con las reformas mínimas que abrieran vías a la superación de las causas del conflicto. Sin estas reformas el fin del conflicto es una falacia, y el statu quo es el peor atentado contra la paz. Esta es la circunstancia que estamos padeciendo. De tal manera que está claro que con la permanencia de los obstáculos a la reforma política que le de paso a la apertura democrática, el Estado viola el acuerdo de NO REPETICIÓN y, por ende, la RECONCILIACIÓN, en la misma dimensión en lo que es la traición a la Reforma Rural. Sin resolver estos problemas continuará la violencia, una violencia de trasfondo evidentemente político, la VIOLENCIA POLÍTICA, que ha sido la mayor degradación victimatizante de nuestra historia. 
Una paz estable y duradera sin verdad no puede ser posible, pero la verdad sin contextos históricos no es tal. Y la reconciliación es improbable sin la no repetición. Pero la verdad que tenemos desde los momentos de inicio de la implementación temprana, “es la violación del Estado a la buena fe y al pacta sunt servanda; el crimen de la Perfidia que es -entre otros crímenes de lesa paz- temprana violación del deber de NO REPETICIÓN, por su reincidencia en sus acciones y omisiones generadoras de la violencia y repitiéndose como genitor de la misma. 


La repetición consiste en la persistencia del modelo económico, en la acentuación del consenso de acumulación neoliberal en manos del mismo bloque del poder dominante que ha reprimarizado y financiarizado la economía y ha desbocado a sangre y fuego la acumulación por despojo. Nada de esto es asunto del pasado. Todo está latente como lo está la violencia como instrumento principal de su imposición estructural. 


Pero a tal descripción general irrefutable por lo evidente agréguesele el despojo también continúo al ingreso de los trabajadores mediante políticas tributarias que descaradamente se orientan al favorecimiento del gran capital.


Recordemos que así como se ha hecho despojo a sangre y fuego de la tierra generando una criminal reconfiguración espacial del capitalismo, también se ha propiciado el despojo normativo de la tierra, como por norma tributaria se ha saqueado los bolsillos de la clase trabajadora, las llamadas capas medias y la población empobrecida. Reflejada se encuentra esta práctica tributaria en la propuesta de Ley de Financiamiento del ministro Carrasquilla, personaje para quien “el salario mínimo, en Colombia es un chiste escandalosamente alto”.

Gravar con el 18% del IVA casi toda la canasta familiar es muestra del carácter salvaje de su reforma.


Las imprecisiones sobre las enormes falencias y mal rumbo del proceso han sido advertidas por organismos que como la ONU para nada tienen sospecha de afinidad con las FARC.

Recordemos, que por ejemplo que en noviembre 15 del año pasado, en el primer año de la implementación temprana Jeffrey Felman, Secretario General Adjunto para asuntos políticos, manifestó sus preocupaciones por las incertidumbres especialmente legales que generaba la implementación para los miembros de las FARC, luego, el 30 de noviembre, el Consejo de Seguridad respaldó lo dicho por Felman, y pidió la implementación y el proceso normativo en consonancia con lo acordado, al tiempo que abogó por la participación política de las FARC.


En contrario sentido, hoy la implementación normativa está paralizada y lo poco que avanza lo hace en deterioro del Acuerdo Final como ocurre respecto a la JEP en medio de circunstancias de persecución judicial pertinaz, crecimiento de la represión, eliminación de dirigentes sociales y de excombatientes en proceso de reincorporación, apartheid político contra el nuevo partido FARC, obstrucción y condicionamientos inadmisibles al ELN que imposibilitan la confinación del diálogo con esta fuerza insurgente. 


El Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, designada para hacer seguimiento de la implementación del Acuerdo, pese a su enorme sesgo institucional, que le ha restado imparcialidad y credibilidad, apunta en su segundo informe (que es menos cuestionable que el primero) que sólo se ha concretado el 10% de las disposiciones del Acuerdo. Aunque no es posible tal alcance, aún si fuera acertado el cálculo, ese es un nivel que muestra el fracaso del propósito de la participación política de la apertura democrática y de aquello de “ampliar y cualificar la democracia como condición para lograr, bases sólidas para forjar la paz”. 


Los puntos esenciales del Acuerdo Final están traicionados, y esta traición, además de abonar nuevos ciclos de violencia inimaginables, pesará enorme y negativamente en lo que pudiere ser un reinicio de conversaciones de paz entre ELN Y Gobierno, con el agravante de los incalculables daños a la confianza que se desprenden de la devaluación de la palabra empeñada, y el incumplimiento de lo rubricado, e incluso la inanidad de lo que se normatiza en fin la perfidia aniquila no sólo la confianza, sino también la fe. Recuperar estos tesoros para cualquier proceso de reconciliación puede costar mucho tiempo y muchas vidas, mucho futuro y zozobra. 


Hoy por hoy, queda absolutamente claro que el objetivo central del Estado a alcanzar, utilizando las mínimas promesas y compromisos del Acuerdo de la Habana, era la DEJACIÓN DE ARMAS por parte de una insurgencia embriagada por la buena fe y el somnífero de las mentiras del establecimiento, que desde siempre tramó convertirla en el chivo expiatorio de la guerra fratricida que hemos padecido por más de medio siglo.


La estrategia de negociación del Bloque de Poder Dominante nunca tuvo el propósito de introducir cambios de fondo al orden social vigente, ni de desarticular la estructura estatal y el sistema de “democracia excluyente”. Por el contrario, se han pervertido y derechizado todavía más con mayor rigor, logrando imponer un criterio por demás falso de ilegitimidad y de injustificación del ejercido derecho universal a la rebelión, desfigurando las causas históricas de la verdad sobre la confrontación, y reafirmando la actitud negacionista sobre la responsabilidad principalísima que tiene el Estado en la gestación y permanencia del conflicto y sus víctimas cuya causa se suele instrumentalizar, en muchos casos, en el discurso institucional, no para buscar su sincera reivindicación sino para deslegitimar la subversión. 


El Estado que es el victimario por antonomasia instrumentaliza el dolor de las víctimas y la victimización que se deriva del conflicto en general para descalificar hasta la subversión como acción política sin armas y el cuestionamiento al orden establecido burgués, o a la búsqueda de un escenario post capitalista de buen vivir, pretendiendo condenarnos a la resignación y a la desesperanza.


Frente a tales retos nuestro deber y compromiso no tiene otra alternativa que radicalizar la subversión, la resistencia desde abajo, en todos los espacios sociales y políticos, en procura de sustituir el orden social vigente, en unidad con quienes tengan el mismo derrotero estratégico. 


Fraternalmente, Santrich.

 

Carta a Jesús Santrich de Iván Márquez, Oscar Montero, Romaña, Aldinever y otros
 

Apreciado JESÚS SANTRICH

 

Va nuestro cálido saludo de hermanos con el afecto de miles de guerrilleros de los Espacios Territoriales y de los dispersos en la geografía nacional que esperan noticias del cumplimiento de los acuerdos, y también de la gente buena de este país que anhela tu libertad abrazada al anhelo de paz.


De corazón estamos contigo. Te reiteramos nuestra solidaridad total. Nos enorgullece tu dignidad que la equiparamos con la de Simón Trinidad. Una eventual extradición tuya por cuenta de un burdo montaje judicial de la DEA y la Fiscalía, o la perpetuación injustificada de tu presidio, significarán el fracaso irremediable de la paz. Poco a poco se están cayendo las mentiras del Fiscal Martínez. Si no hay pruebas, contra ti, deben aplicarte el principio de favorabilidad produciendo tu excarcelación inmediata.


Nos asombra la intromisión descarada del embajador de los Estados Unidos en los asuntos internos del país, sin que ninguna autoridad asuma la dignidad de la patria ni la voz de nuestra soberanía política y jurídica. Debiera el señor Whitaker actuar con el talante de los diplomáticos acreditados en Colombia que no se inmiscuyen en nuestros asuntos internos ni socavan la paz para derribarla.


El proceso soporta hoy presiones infernales de gente muy poderosa implicada en la violencia, que emitió órdenes a la Fuerza Pública que terminaron victimizando a millones de seres humanos, gente acostumbrada a la impunidad y a las tinieblas, que le aterra el sol de la verdad, y que por eso prefiere el caos para enterrar la ilusión seráfica de ver a Colombia trazando su futuro a partir del Acuerdo de Paz.


Por esta razón el Acuerdo de La Habana, llamado por sus detractores “el maldito papel”, no ha podido, por ahora, apagar el incendio del conflicto. Hay personas tan vacías de humanidad y tan llenas de insania que habiendo hecho trizas el Acuerdo ahora quieren demoler sus ruinas.


Lo que hoy llaman acuerdo de paz no es el convenido por las partes en La Habana. Es un horroroso frankenstein santanderista. Comparémoslo con el texto del acuerdo del 24 de noviembre de 2016 refrendado por el Congreso de la República y podremos constatar que le cercenaron el alma y cambiaron su esencia por obra y gracia de la interpretación jurisprudencial, la implementación legislativa y la perfidia del Estado. Estas ramas del poder ignoran, encogiendo los hombros, la existencia del principio pacta sunt servanda que establece que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.


Pero cambiaron unilateralmente las reglas en medio del juego sin tener en cuenta que este principio del derecho ha sido y es parte del ordenamiento jurídico colombiano. Parece que no se han percatado que al presentar ante Naciones Unidas el Acuerdo en la manera de una declaración unilateral de cumplimiento, y de haberlo convertido en un acuerdo especial del artículo 3 de los Convenios de Ginebra, el Estado adquiere obligaciones internacionales que no puede soslayar.


“Un Acuerdo -como dice Enrique Santiago- por su naturaleza bilateral, solo puede ser mejorado de común acuerdo entre las distintas partes que lo suscribieron.
Cualquier otro supuesto es una vulgar usurpación de la voluntad y la legitimidad de las partes y en este caso sería una falsificación de la historia sin validez jurídica alguna y con dramáticas consecuencias políticas para Colombia”.


Tenemos que sugerirles, Santrich, a todos los guerrilleros asentados en los ETCR y a los que hoy se mueven fuera de ellos, que estudien el artículo de Enrique Santiago sobre estos asuntos publicado por la Revista IZQUIERDA #76. Es fundamental para la comprensión de la encrucijada de la paz y la guerra.


Las alteraciones al contenido del Acuerdo por parte del Estado son al mismo tiempo problemáticas como desconcertantes: Si la JEP se concibió para todas las partes involucradas en el conflicto ¿por qué excluyen de su competencia a los terceros que son civiles o agentes del Estado no pertenecientes a la Fuerza Pública que de alguna u otra manera victimizaron colombianos con sus determinaciones? Es necesario reiterarlo: la Jurisdicción Especial no fue acordada solamente para la guerrilla, sino para todos los actores del conflicto.


Sin duda constituye un grave error jurídico y político lo que está haciendo la astuta clase dominante con relación a los militares, los cuales, sabiendo que recibieron órdenes de la cúpula política, no debieran dejarse arrastrar ni impresionar con cantos de sirena que lo que buscan es salvar a la rancia casta política del régimen de sus responsabilidades en el conflicto para endosárselas sin más ni más a las Fuerzas Armadas. Los utilizaron en la guerra sucia y en victimizaciones horrorosas y ahora quieren lavarse las manos como Pilatos. Eso no es justo y no obedece a la verdad. Todo el tiempo utilizaron a las FFAA para mantenerse en el poder mientras se enriquecían con la corrupción y se llenaban de privilegios.


Ahora han tratado de impulsar a través de un Acto Legislativo la creación de salas especiales en la JEP para resolver las imputaciones contra integrantes de las fuerzas militares en el marco del conflicto, con jueces de instituciones del Estado que deben ser expertos en un repentino “derecho operativo” cuando existe para ello la normativa internacional del Ius in Bellum. Con esto solo lograrán activar un pandemonium. Los guerrilleros siempre actuaron bajo normas y un régimen disciplinario severo con el que fueron sancionados muchos de ellos. La “juridicidad insurgente” en la guerrilla tuvo por tanto el mismo sentido y valor que el llamado “derecho operacional” en las FFMM. Pero lo más grave y riesgoso de la creación de salas especiales para los militares con jueces ad hoc o jueces a la carta, es que, si se configura favorecimiento de la impunidad, pueden terminar conducidos a los estrados de la Corte Penal Internacional. Es obvio que esto es una jugarreta de los políticos para aplazar el nacimiento de la verdad en torno a lo acaecido en el conflicto y de sus verdaderos responsables.


Santrich: para concluir, estamos muy impactados con la inseguridad jurídica que expande la desconfianza en todo el universo guerrillero rebelde derivada de tu injusta detención. Sólo basta que la DEA invente un cargo para que surja el fantasma de la extradición fraudulenta a los Estados Unidos con lo que hundirían la paz en el turbulento mar de la confrontación. A esta desconfianza se le suma la gran desconfianza histórica surgida del hecho notorio de que los más caracterizados comandantes de la insurgencia en diálogos de paz, como Guadalupe Salcedo, Jacobo Prías Alape (Charro Negro), Carlos Pizarro, Iván Marino Ospina, Alvaro Fayad, y otros, como los candidatos presidenciales Jaime Pardo y Bernardo Jaramillo de la UP -surgida del Acuerdo de La Uribe- fueron indefectiblemente asesinados. Esa traición extrema, esa perfidia impúdica del Establecimiento es lo que no ha dejado construir una paz estable y duradera.


¿Qué nos pueden decir del asesinato de más 80 guerrilleros luego de la firma del Acuerdo de Paz de La Habana? Esto ya se parece al genocidio de la UP que fue exterminada a tiros como política de Estado. ¿Por qué retienen todavía en las cárceles a guerrilleros de las FARC en contravía de lo pactado, que fue su libertad con el compromiso de sometimiento a la JEP? Si Sonia ya cumplió pena en los Estados Unidos ¿por qué no la liberan o por qué no la pasan a la JEP? Ella está hoy en huelga de hambre. Si se acordó alejar las armas de la política ¿por qué siguen matando y exterminando a los líderes sociales de este país que ya suman más de 270 sacrificados?


Que el Estado de la cara y responda ante la Segunda Misión de Naciones Unidas, los países garantes, los países acompañantes, los notables, la Unión Europea, y en general, ante la comunidad internacional que celebró el silenciamiento de las armas luego de medio siglo de conflicto armado.


Colombia debe despertar. Sólo la nación en masa con acciones de calle, de campo y de carreteras podría frenar la felonía y el engaño y obligar al Estado a cumplir los acuerdos firmados de buena fe, teniendo en cuenta que la paz se sustenta también en la garantía de los derechos políticos, económicos y sociales de las mayorías empobrecidas.


Bueno Santrich, recibe nuestro abrazo lleno de sentimientos tiernos reforzado con la certeza de que esta época de tempestad y crispación tendrá que desembocar, más temprano que tarde, en la normalización de la vida pacífica colombiana, si así lo decide el pueblo y el sentido común. Debemos compenetrarnos con la idea de que la fuerza para la salvación del proceso reside en la potencia de la movilización del pueblo.


Hasta pronto.

 

Iván Márquez, Oscar Montero, Aldinéver Morantes, Edinson Romaña, Albeiro Córdoba, Iván Alí, Enrique Marulanda, Iván Merchán, Rusbel Ramírez y otros

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