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Por: Violeta Guetnamova

Integrante del "FARC - ETCR Amaury Rodríguez"

 

Joaquín Gómez (Milton Toncel) excomandante de las antiguas FARC-EP y uno de los pocos miembros de la actual dirección del partido FARC que continua al lado de los ex guerrilleros en un ETCR [Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación], en este caso en La Guajira, hizo un importante llamado de alerta a todos los integrantes sin excepción del partido FARC, en relación a que "el plan que hay es aniquilarnos a todos (...) destruirnos físicamente" por parte de un sector de la clase política dirigente que siempre se ha opuesto a cualquier posibilidad de construir una Colombia para todos.

 


Las declaraciones que giraron en torno a la denuncia que interpuso Gómez ante la procuraduría General el 9 de abril, sobre diversos hechos que atentan contra su vida e integridad física y en la que responsabilizó al Estado de cualquier hecho que atente contra su persona; fueron ofrecidas en rueda de prensa el día 24 del mismo mes, en el Espacio Territorial de Pondores en la Guajira, cuyo video fue publicado por la oficina de prensa del ETCR. 

 



En su denuncia puntualiza diversos hechos, entre ellos el entramado de un montaje contra él, al estilo Santrich por parte de "agentes encubiertos, y a veces descubiertos" para involucrarlo en negocios ilícitos como lo es la compra y venta de dólares y adquisición de armas, según explicó Gómez "tratan de hacerme un montaje, seguramente para impedir que yo participe en política, o apresarme".

 



Durante la rueda de prensa, el dirigente apuntó que uno de los grandes errores de las otrora FARC-EP aparte de lo que significó haber separado la entrega de armas, del proceso de reincorporación, fue "haber negociado el proceso de paz con un gobierno que no tiene soberanía", Colombia no es un Estado autónomo de sus decisiones "cada vez que el presidente Trump amanece de mal genio le mete una tanda a Duque, como si fuera el muchachito de hacer mandados de la casa", aseveró Joaquín Gómez, al tiempo que resaltó la forma en la cual el saliente embajador gringo whitaker ejerció presión sobre algunos congresistas para que votaran a favor de las objeciones que presentó el Centro Democrático en cabeza de Duque, dicha presión hoy recae sobre magistrados de la Corte Constitucional, estamento que será el que defina el incierto futuro de la JEP. 

 



Gómez criticó la doble moral de los medios masivos de comunicación, quienes callan contra los crímenes cometidos en contra de los líderes sociales y los exguerrilleros, al tiempo que llaman a cerrar filas ante cualquier "agravio" pronunciado en contra de Uribe Vélez.

 



Joaquín Gómez hizo referencia a quienes históricamente se han lucrado del conflicto político, social y armado "ese sector desea que el conflicto continúe, porque cuando los muertos son ajenos y las ganancias son propias, entonces que continúe" refiriéndose a aquellos que han hecho de la violencia un negocio. 

 



Joaquín Gómez habla desde los hechos y de allí que exprese sin titubeos, que fue un error no haber impuesto el tema del cambio de la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN) como uno de los puntos en los diálogos de la Habana "hasta que no se cambie la Doctrina de la Seguridad Nacional, van a seguir los muertos, va a continuar la impunidad y esto va en ascenso progresivo e interminable de líderes sociales, sindicalistas (...) es decir, todo aquel que disienta del establecimiento (...) esa doctrina considera el paramilitarismo como una fuerza auxiliar para hacer los trabajos sucios que el ejército institucional no puede hacer" enfatizó, al tiempo que subrayó que la impunidad es una condición sine qua non para que opere el paramilitarismo, motivo por el cual "todos los días matan" y no capturan a los responsables, lo anterior no sería posible de acuerdo a sus palabras, sin la connivencia de los tres poderes públicos, de allí que la exacerbada violencia contra los sectores populares no se solucione únicamente aumentando los esquemas de protección, "son crímenes que se están dando de manera sistemática (...) ellos saben lo que se está dando y no pasa nada".

 



Referente al Paisa e Iván Márquez, Joaquín Gómez afirmó "si el Paisa e Iván no se retiran (del ETCR de Miravalle) sobre todo el Paisa, los hubieran asesinado hace tiempo". Gómez reiteró las denuncias que en su momento realizó Iván Márquez, dejando al descubierto que los gringos con complicidad del Estado colombiano; han propendido por neutralizar al Paisa y a Iván, de la misma forma como tienen prisionero a Jesús Santrich bajo montaje judicial sin ninguna prueba en su contra. De la misma forma han pretendido suprimir y callar la voz de Gómez, uno de los dirigentes de FARC más críticos frente al incumplimiento del Estado, en relación al proceso de paz. 

 



El excomandante junto a Bertulfo Álvarez, ha sido una de las voces más críticas del proceso de paz. Su aporte y gestión a la reincorporación de la base guerrillera del ETCR Amaury Rodríguez en Pondores-Conejo, La Guajira, ha permitido que dicho espacio a partir de la autogestión sea uno de los más organizados a nivel nacional.

 

Fuente: https://www.lahaine.org/ 

 

 

 

 

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Este sábado se conoció del asesinato de Gionvany Murillas, excombatiente de las FARC firmante del Acuerdo de Paz, y quien cumplía con su proceso de reincorporación en el departamento de Guaviare. La noticia se conoció gracias a un mensaje de la senadora Sandra Ramírez en su cuenta de twitter, en el que agregó un panfleto de amenaza contra todos los excombatientes del departamento, así como contra algunas organizaciones sociales, por parte de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). (Le puede interesar: «Militar implicado señala que Ejército ordenó seguir a Dimar Torres»)

 

 
 
Aunque no hay más información sobre el homicidio de Murillas, a raíz del panfleto la Senadora acusó al paramilitarismo del hecho; y exigió que se respete la vida de quienes firmaron la paz, pues según relatan algunas organizaciones defensoras de derechos humanos, desde la firma del Acuerdo hasta la fecha se cuentan más de 100 excombatientes asesinados. Algunos de los más recientes atentados contra la vida de quienes le apostaron a la paz son los asesinatos de Dimar Torres, y el atentado contra  Carlos Enrique González y Sandra Pushaina, que terminó en el asesinato de su hijo, Samuel David.
 
 
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Por: Iván Márquez

 

 

El mundo entero está presenciando la decadencia del imperio más brutal de la historia de la humanidad: el de los Estados Unidos. La Casa Blanca siente por dentro el tremor de estar perdiendo el control del mundo, y por eso intenta desesperadamente imponer una dictadura fascista mundial que le permita vivir más allá del ocaso.

 

 

Metido en el ojo del huracán de su angustia, Estados Unidos se cree con patente de corso para aplicar las arbitrariedades que le venga en gana contra los países del hemisferio, mientras lanza tarascazos contra Rusia, China, Korea del Norte, Siria e Irán -que tienen cómo defenderse. La ira impotente del imperio que se marchita, radica en que éstos no son países subordinados ni satélites de nadie. De ahí su agresividad.

 

 

Cuba y Venezuela son blancos, sin duda, menos poderosos materialmente que los capitalistas de Estados Unidos, pero son mucho, mucho más poderosos en decoro, en dignidad. Y esa es la fuerza que puede. No necesitan que nadie les perdone la vida. Saben resistir. Sus pueblos tienen la estirpe de Bolívar y de Martí, de Chávez y de Fidel, que no se doblegan ni se humillan. Y los pueblos latinoamericanos nunca han tenido afecto por la Doctrina Monroe del terrible monstruo del norte.

 

 

Es hora de desencadenar la solidaridad del mundo hacia Cuba bloqueada y agredida desde 1959. Nada justifica la destrucción de la soberanía de ese país ni la obra socialista de su revolución. La razón obliga a condenar la aplicación del título III de la Ley Helms-Burton, la transgresión al derecho internacional y a las leyes del comercio, que afectan no solo a Cuba sino a terceros Estados.

 

 

Fuera manos de Venezuela! Washington le está cobrando al bravo pueblo su sueño de socialismo bolivariano que se erige como muro de contención al saqueo del petróleo, el oro, los diamantes y los minerales que generan nuevas energías; por eso conspira para derrocar al gobierno legítimo del presidente Maduro, agudizando la crisis humanitaria con sus inhumanas medidas de bloqueo, expropiación de empresas como Citgo y la congelación de fondos que impide la compra de alimentos y medicinas.

 

 

Si no le dan lo que quiere, Estados Unidos lo toma de todas maneras. Con mentiras descaradas edifica la manipulación mediática. Amenaza con guerras de invasión. Suelta sus halcones locos para que justifiquen el atropello. No le importa las resoluciones de la ONU. No le importa destruir el planeta, y menosprecia los esfuerzos que buscan frenar el cambio climático.

 

 

Debemos hacer conciencia -leyendo en las páginas de la historia- que los imperios no son inmortales ni eternos. Que la respuesta a los desafueros es la movilización de los pueblos en rebeldía mundial. Se deben crear confederaciones de repúblicas hermanas en todos los continentes para resistir por encima de creencias religiosas, tonalidades de la piel, y todo prejuicio social, si se quiere preservar la vida, la dignidad humana.

 

 

Una alianza de Estados y pueblos soberanos por la dignidad y el respeto. La construcción de un mundo mejor exije hoy la movilización de la resistencia contra la tiranía mundial. De nada sirve la inacción. La estupefacción y la parálisis de nada sirven. Hay que reaccionar, pasar a la respuesta unida del mundo contra el atropello. Necesitamos la unidad para derrotar siglos de injusticia, con la certeza de que tendremos de nuestra parte a la inmensa mayoría del pueblo norteamericano.

 

 

La estrategia de dominación que conjuga en una poderosa batería de fuego, tecnología, manipulación de la mente, guerra cultural, pedagogía del miedo, ciencia aplicada, diplomacia, desestabilización, azuzamiento de conflictos, no logrará disuadir la lucha por la dignidad humana.

 

 

Mayo5 de 2019

 

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Comunicado de prensa

 

Mi nombre es Fabián Ramírez Cabrera, excombatiente de las FARC-EP en proceso de reincorporación. Militante de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC, que he asumido con total convicción y franqueza nuestro compromiso de aportar a la reconstrucción y reconciliación de la familia colombiana. Muestra de ello, es mi decidida participación en la Jurisdicción Especial para la Paz; en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; así, como una labor denodada junto a la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Cada uno de estos componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición puede dar fe de ello.

 

De igual manera, he venido trabajando de la mano de decenas de excombatientes en el sur del país para sacar adelante el proceso de reincorporación, pese al sistemático incumplimiento por parte del Estado colombiano. Junto con cada uno de los y las excombatientes, nos hemos mantenido, hasta el momento, en la ardua tarea abrir caminos de paz y entendimiento y así lo seguiremos haciendo. ¡Que de ello no haya la menor duda!

 

Sin embargo, lo cierto es que hoy no contamos con garantías de seguridad: ni jurídica ni física. Estamos completamente desprotegidos, después de la dejación de las armas que por más de medio siglo fueron salvaguarda de vida misma. Evidencia de esto, son los asesinatos sistemáticos de miembros de nuestro Partido, más de 80 desde la firma del acuerdo; siendo el caso más renombrado, el atroz asesinato por parte del Ejército Nacional de Dimar Torres en el departamento de Norte de Santander. En mi caso, como ya reposa debidamente en la Fiscalía General de la Nación, tengo conocimiento de un plan que se adelanta para atentar contra mi vida y, posiblemente también, contra mi familia y el núcleo de personas que me colabora en el proceso de reincorporación para dar cumplimiento al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.

 

Además de lo anterior, esta situación se ve agravada por lo que parece ser un “montaje judicial en curso”, Como el que intentaron fabricar en contra de Joaquín Gómez; como los que se han urdido contra la JEP; o el que hoy mantiene de manera injusta en prisión al camarada Jesús Santrich.

 

En lo que a mí respecta, los enemigos de la paz –usurpando mi nombre e historia en las antiguas FARC-EP– hacen amenazas de muerte y buscan extorsionar vía telefónica a varios habitantes del departamento del Caquetá. Es indudable, que aquí se busca tejer un manto de duda sobre mi compromiso irrenunciable con la paz de Colombia, asociarme con actos delictivos y justificar un proceso judicial en mi contra, a partir de engaños. Sin embargo, tengan por seguro que esto nos prosperará, no solo por mi férreo compromiso con este proceso, sino porque las gentes humildes y que han sufrido el rigor de la guerra en el departamento, conocen de mi trabajo abnegado a favor del proceso de paz y la reconciliación.

 

Ante esta grave situación que hoy se presenta en mi contra –pero que hace parte a todas luces de un plan sistemático y estructurado de perfidia contra el proceso de paz– no puedo menos que:

 

    1. Hacer un llamado al conjunto de la población colombiana a mantener una férrea defensa del acuerdo de paz y exigir su implementación.

  

    2. Exigir las garantías de seguridad pactadas en el Acuerdo Final, en especial el cumplimiento del punto 3.4: “sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo.

 

     3. Responsabilizar al Gobierno Nacional en cabeza del presidente Iván Duque Márquez, como jefe del Estado colombiano, por mi seguridad física y jurídica.

 

    4. Hacer un llamado a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y a los países garantes, para tomar medidas urgentes para impedir que se siga ultimando a nuestros reincorporados y se continúen consumando montajes en contra nuestra.

 

Para finalizar, quiero reiterar un clamor que desde diferentes orillas se ha elevado: ¡pacta sunt servanda! Los acuerdos son para cumplirlos, señor presidente.

 

Muchas gracias.

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Por: Iván Márquez, Oscar Montero (El Paisa)

 

Con cierta tristeza tenemos que decir que la JEP, con decisiones como la tomada frente a Oscar Montero, El Paisa, se está causando un profundo daño a sí misma, porque no consulta la inseguridad jurídica y la absoluta falta de seguridad física para comparecer.Algo debe estar pasando. A pesar de la autonomía constitucional que los cobija, entendemos la presión enorme que tienen que soportar los magistrados de la JEP a causa de las maniobras persistentes de los enemigos de la paz.

 

Para sustentar su decisión en la inexactitud de que el jefe guerrillero no ha hecho nada por la reincorporación, se necesita ignorar totalmente el contenido de nuestra respuesta a la JEP sobre ese tema en la carta del 20 de octubre de 2018. Es muy desafortunado no mirar la catedral de hechos y de proyectos exitosos que se han erigido de la nada por la gestión de un excepcional gerente de la reincorporación en Miravalle, a pesar de la ausencia de compromiso del Estado.Y todo sin valorar el influjo negativo de mantener el caso Santrich en ellimbo de la indefinición cuando todo el mundo sabe que se está frente a un montaje concebido para aplastar toda esperanza de paz.

 

La reacción de Duque a la decisión de la JEP fue utilizar de nuevo, con cálculo mediático dañado, el calificativo de “terrorista” y la oferta de recompensas por la cabeza del guerrillero,como en el farwest de Donald Trump.Eso es lo que quieren para sepultar la verdad de lo acaecido en el conflicto y parainvisibilizar la responsabilidad del Estado. Por eso Duque sigue en su camino terco de objetar la paz y no la guerra.

 

No se pierde de vista nunca que la actual JEP no es la misma pactada en La Habana, por voluntad, capricho o temor a la verdad de los que emitieron las órdenes desde el Estado, y que son los responsables máximos del conflicto. Han sido constantes los cambios unilaterales que no respetan lo acordado.

 

Sinceramente hay hechos que aún no logramos entender, como aquel que personas que hicieron parte del equipo negociador del Estado y se opusieron a la JEP, ahora intervengan como jueces o procuradores, lo cual equivale a actuar como juez y parte.

 

La primera preocupación de la JEP debería ser garantizar la seguridad de los excombatientes -mas de 90 asesinados hastahoy- y ser mas mesurada en sus decisiones que deben aplicar siempre el principio de favorabilidad, como lo establecen el Acuerdo de Paz y las normas de desarrollo.

 

Siempre se ha esperado ver que citen -con la misma vehemencia que lo hacen con la contraparte-, a los involucrados del Estado que victimizaron a millones con sus decisiones políticas y sociales. La comparecencia colectiva ha perdido razón de ser por la imposición de unas comparecencias individuales que en el acuerdo aparecían como voluntarias y la JEP viene exigiéndolas como obligatorias, incluso sin antes haber contrastado y depurado los informes de acusación, sin antes informar a los comparecientes de cuáles acusaciones tienen un mínimo de credibilidad.

 

Debiera llamarse a comparecer a personajes como Uribe por paramilitarismo, falsos positivos, la Comuna 13, y el rosario de sus barbaridades si de verdad lo que preocupa son las víctimas del conflicto. Una justicia interesada solo a conocer los hechos atribuidos a algunos de los actores y que es permisiva y elude exigir responsabilidad a otros, no es digna de llamarse con ese nombre.

 

 

Iván Márquez                          Oscar Montero (El Paisa)

 

Abril 29 de 2019

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