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Por: Libardo Muñoz 

 

Entre los meses de enero y noviembre de 2018, fueron asesinados en Colombia 113 líderes de raíces populares, revela con una nota de alarma la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, anexa a la oficina de Michelle Bachelet.

 

El informe de DDHH sobre el deterioro de la seguridad personal y social en el territorio colombiano confirma denuncias que de manera reiterada divulgan organizaciones indígenas, agrarias, sindicales urbanas y rurales, en el sentido de que se trata de asesinatos selectivos y sistemáticos.



La Comisión de DDHH de la ONU hace notar que de los 113 líderes asesinados 9 eran mujeres y que los hechos se desarrollaron en 24 departamentos colombianos donde la presencia del Estado es nula o muy débil, como el Cauca, de alta presencia de población indígena.



La lista de líderes sociales asesinados en Colombia ha crecido desde agosto durante el gobierno de Ivan Duque.

 


La Región Caribe de Colombia es otro escenario de lo que sin duda, obedece a un plan de exterminio de líderes agrarios comprometidos con un programa de restitución de tierras fértiles, abandonadas en un éxodo campesino por presión de grupos paramilitares. 



Cartagena, capital de Bolívar, es la ciudad con más alto volumen de recepción de población campesina desplazada que huye de las amenazas y los asesinatos sistemáticos.



Coincide con el informe de la ONU un deplorable abandono del Estado, acumulado y reflejado en la ausencia de atención en salud pública, falta de abastecimiento de agua potable, inexistencia de vías terrestres, de fomento agrícola, de escuelas y de nutrición infantil, carencia de asistencia hospitalaria y de maternidad, como en el caso varias veces señalado del departamento de La Guajira.

 


La cuestión del Cauca



En las últimas 72 horas la represión policial ha sido la única respuesta del gobierno de Duque a los reclamos de la Minga Indígena del Cauca.


Giovani Yeli, asesor indígena de la Minga, denunció que el presidente Duque declaró que "no tiene agenda" para el problema del Cauca, a donde hizo llegar a una delegada, cuando lo que reclaman es la presencia del jefe del Estado.
El asesor de la Minga exige el cese de los gases y la represión del escuadrón del ESMAD.



El asesor indígena hizo notar que Duque no tiene agenda para ellos pero si para involucrarse durante tres días en la frontera con Venezuela en un plan con el llamado grupo de Lima, en una agresión ilegal contra otro gobierno que es también firmante orgánico de la ONU.



El pasado fin de semana hubo una arremetida policíaca en la sede indígena del Cauca, un allanamiento y destrozos de bienes materiales de la organización. 



La Minga indígena del Cauca manifestó que no abandonarán la concentración pese a la que consideran un exagerado uso de la fuerza policial contra una comunidad desarmada. 



Foto: Fecode

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Por: Fundación Lazos de Dignidad -FLD-

 

Primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó. Después se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Luego se llevaron a los obreros, pero como yo no era obrero, tampoco me importó. Mas tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual, tampoco me importó. Después siguieron con los curas, pero como yo era cura, tampoco me importó. Ahora vienen por mi, pero es demasiado tarde. (Bertolt Brech).



La Fundación Lazos de Dignidad -FLD-, organismo no gubernamental Defensor de Derechos Humanos fundado desde el año 2007, miembro de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos, emite la presente ACCIÓN URGENTE debido a la sistemática intimidación, estigmatización y acoso contra nuestra organización y varios de sus integrantes, de acuerdo a lo siguiente:



1. Durante los últimos 3 años, la FLD ha desarrollado labores de promoción a la Paz, inicialmente, apoyando a la Mesa de Diálogos de La Habana en la revisión de la situación jurídica de personas procesadas o condenadas por pertenecer o colaborar a las FARC-EP y, posteriormente, apoyando el proceso de reincorporación y acceso a la justicia de exintegrantes de las FARC-EP, en marco de la implementación del Acuerdo Final de Paz firmado el 24 de noviembre de 2016 y de la normatividad de Paz vigente.



2. En reconocimiento a dicho compromiso con la Paz, tanto la FLD como sus abogados y abogadas han sido vinculadas al Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) pactado en el Acuerdo Final de Paz, reglamentado por la Ley 1820 de 2016 y el Decreto 1166 de 2018, el cual es administrado por la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y tiene por finalidad la prestación de un servicio gratuito de defensa jurídica, asistencia, asesoría y representación legal a personas comparecientes ante la JEP y demás componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). Por lo tanto, es de pleno y público conocimiento que la labor del SAAD es legal, autónoma y de confianza.


3. Trabajar para la Paz ha generado para las y los abogados de la FLD una sistemática estigmatización, intimidación, acoso, injurias, calumnias, vigilancia ilegal y hasta violación de domicilio, por parte de personas desconocidas, medios de comunicación y funcionarios del Estado que desconocen el Acuerdo Final de Paz, situación que hemos denunciado formal y públicamente, por lo cual, teniendo en cuenta nuestra vulnerabilidad, hemos solicitado medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.



4. El día de ayer, 5 de marzo de 2019, en medio de la campaña de desacreditación emprendida contra la JEP, el periodista Daniel Jerez de “La FM”, publicó una “nota” de prensa temeraria titulada “Los defensores de Jesús Santrich y sus contratos con la JEP”, la cual se puede consultar en el link https://www.lafm.com.co/politica/los-defensores-de-jesus-santrich-y-sus-contratos-con-la-jep; en dicha nota, sin contexto alguno ni mención de la normatividad de Paz vigente referida en el numeral 2 de la presente, el periodista manipula información y genera animadversión contra tres (3) abogados adscritos al SAAD, contratados por la Secretaría Ejecutiva de la JEP, entre quienes se encuentran los integrantes de la FLD NADIA GABRIELA TRIVIÑO LÓPEZ y WILLIAM ALBERTO ACOSTA MENÉNDEZ, exhibiéndoles de manera malintencionada con evidentes fines de estigmatización e intimidación. Así mismo, el periodista muestra con sospecha que los abogados en mención sean integrantes de la FLD y que ésta trabaje por la libertad del ciudadano Seuxis Paucias Hernández Solarte, también conocido como “Jesús Santrich”, quien como todo ciudadano colombiano tiene derecho a la defensa y al respeto del debido proceso.



5. Las reacciones a la “nota” de prensa del periodista Daniel Jerez de “La FM” fueron inmediatas y dañinas; bajo el hashtag #CarruselDeLaJEP y desde las cuentas de twitter @KstroJerry (FRANCOTIRADOR), @martik1214, @Helenpomar, @nanilike02, @Margot60861660, @JusiticiaEsPaz35, entre otras, se ha reproducido la estigmatización, el acoso e intimidación contra la FLD y los abogados NADIA GABRIELA TRIVIÑO LÓPEZ y WILLIAM ALBERTO ACOSTA MENÉNDEZ, mediante exhibición de sus imágenes y difusión mensajes calumniosos que además de atentar contra su honra y buen nombre, promueven el odio y constituyen un grave riesgo que puede generar agresiones contra la integridad personal y la vida de los integrantes de la FLD.

 

ALERTAMOS QUE:



La “nota” de prensa temeraria del periodista Daniel Jerez de “La FM” se suma a la ola estigmatización, acoso e intimidación que desde octubre del año pasado se ha incrementado contra la FLD, lo cual no sólo genera censura y animadversión contra las y los abogados que trabajamos en apoyo a la implementación del Acuerdo Final de Paz, sino que también constituye un riesgo para el derecho a la vida y la integridad personal de la totalidad de defensores de derechos humanos que integran la FLD, sin que el Estado Colombiano haya tomado medidas para garantizar la protección de nuestros derechos conforme a la Constitución Política de Colombia, la Directiva Presidencial No. 007 de 1999, la Directiva Ministerial No. 09 de 2003, los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados (1990) y la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos (1998), que establecen la obligación del Estado y del gobiernos en garantizarán el desempeño de la abogacía y el ejercicio de la defensa de los derechos humanos sin intimidaciones, obstáculos, acosos, interferencias indebidas ni persecuciones.



Consideramos de extrema gravedad que, en flagrante violación a los principios del Estado Social de Derecho, funcionarios del Estado y los medios de comunicación “La FM”, “El Tiempo” y “Agencia API” promuevan animadversión y generen una matriz de odio contra las y los abogados y defensores de derechos humanos que integran la FLD y adscritos al SAAD, puesto que, en el pasado, prácticas similares han provocado atentados y asesinatos, máxime si se tiene en cuenta que, según la Defensoría del Pueblo, ascienden a 164 los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos cometidos entre noviembre de 2018 y enero de 2019.



Responsabilizamos al Estado Colombiano y a los medios de comunicación “La FM”, “El Tiempo” y “Agencia API” de cualquier atentado o violación a la vida y la libertad que se cometa contra las y los defensores de derechos humanos afiliados a la FLD y otros defensores adscritos al SAAD administrado por la Secretaría Ejecutiva de la JEP.



PETICIONES URGENTES

 

1. A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Tener como nuevos hechos de agresión lo narrado en la presente acción urgente y conminar al Estado Colombiana a garantizar y proteger los derechos de las y los defensores de derechos humanos que integran la FLD.



2. Al Presidente de Colombia IVAN DUQUE: Ofrecer GARANTÍAS Y PROTECCIÓN a las y los defensores de derechos humanos que integran la FLD y a las y los abogados que se encuentran adscritos al SAAD, en cumplimiento de la Constitución Política de Colombia, la Directiva Presidencial No. 007 de 1999, la Directiva Ministerial No. 09 de 2003, los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados (1990) y la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos (1998).

 

3. A la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz: Pronunciarse con urgencia y solicitar a los medios de comunicación y entidades estatales respetar la labor de las y los abogados adscritos al SAAD.

 

4. A los medios de comunicación “La FM”, “El Tiempo” y “Agencia API”: Respetar los principios del Estado Social de Derecho, el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y el desempeño de la abogacía en Colombia, especialmente en la sensible labor de apoyo a la implementación del Acuerdo de Paz, en consecuencia, abstenerse de continuar intimidando, promoviendo el acoso y el odio contra las y los abogados que integran la FLD y que se encuentran adscritos al SAAD.

 

5. A la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación: Adicionar los hechos de esta acción urgente a la investigación que se esté adelantando por las denuncias que formal y públicamente la FLD ha formulado, en las cuales hemos pedido celeridad y promover pronta sanción contra los responsables de los sistemáticos hechos de agresión consumados contra integrantes de la FLD.


6. A la Comunidad Nacional e Internacional y Organizaciones Solidarias: Difundir y respaldar la presente Acción Urgente.


Colombia, marzo 6 de 2019.


#PorElDerechoADefender

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Las palabras del gran tribuno de Angostura esparcidas como semillas por los vientos libérrimos del Orinoco de 1819, fueron dictadas por la pasión, y la fuerza del amor a la libertad, la justicia y la humanidad. Durante mucho tiempo había analizado el Libertador los sistemas de gobierno que habían brillado sobre la tierra para sugerirnos caminos y cartas de navegación que condujeran a la estructuración de gobiernos, que concebidos pensando en lo mejor para sus pueblos, produjesen la mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Sin copiar códigos extranjeros, y recurriendo a leyes propias redactadas con el limo terroso de nuestra geografía y nuestras costumbres, pero siempre con la bendición del soberano que es el pueblo, quería Bolívar leyes justas, legítimas y sobre todo útiles.

 

Estimaba que para formar un gobierno estable se requiere la base de un espíritu nacional, que recogiendo el sentir del soberano, reduzca el roce entre los gobernantes y los gobernados, lo cual exige al frente de las instituciones a mujeres y hombres virtuosos que amen la patria, ciudadanos de moral intachable, no corruptos ni ladrones; Servidores públicos que nunca pierdan de vista que sólo están autorizados por la Constitución para hacer el bien y no el mal. Y que el pueblo no es ni rebaño ni manada, ni el polígono de la maldad de pastores crueles y tiránicos. El pueblo es el soberano, es el que manda. Y al pueblo se le respeta. Él mismo sabrá dispensar amor a los altos cargos más virtuosos y justos.

 

Las bases de un gobierno republicano -predicaba El Libertador Simón Bolívar hace 200 años en Angostura- deben ser la soberanía del pueblo, la división de los poderes, la libertad civil, la proscripción de la esclavitud, la abolición de la monarquía y los privilegios. Necesitamos de la igualdad para refundir, digámoslo así, en un todo, la especie de los hombres, las opiniones politicas y las costumbres públicas.

 

La necesaria sinfonía de los poderes para hacer la felicidad del pueblo, que reforzada con un cuarto movimiento o potestad cuyo dominio era la infancia y el corazón de los hombres, “un cuarto poder que purifique lo que se haya corrompido en la república, que acuse la ingratitud y el egoísmo, la frialdad del amor a la patria, el ocio, la negligencia de los ciudadanos”, dimanaban del deseo de Bolívar de robustecer el establecimiento social y lograr a través de la unidad y la conciencia el imperio de la libertad, la paz y la justicia.

 

Pareciera que desde entonces el tiempo se hubiese congelado, y con ello, la visión y el sueño del Padre de Nuestra América. Desde 1825 Estados Unidos, el santanderismo continental y la Santa Alianza europea -que sigue viva- se coaligó para anular el proyecto de Bolívar. Nada ha cambiado. Los representantes de los Estados Unidos en Lima y Bogotá, Tudor y Harinson, conspiraban con Santander y la aristocracia de Lima para derrocar a Bolívar. Sus objetivos eran: Dividir y desmoralizar al ejército libertador. Sabotear el Congreso Anfictiónico de Panamá.

 

Desmembrar a Colombia. Asesinar a Bolívar y a Sucre, y abolir la obra política y legislativa bolivariana. Y hoy, el autodenominado “Grupo de Lima” liderado por el santanderismo de Colombia, Washington y algunos gobiernos europeos, luchan para derrocar al presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, pero buscando al mismo tiempo borrar de nuestra historia a Bolívar para enterrarlo definitivamente en las catacumbas yertas del pasado y el olvido. Le temen a su proyecto que sigue vivo, y por eso en Colombia, desde hace rato, ya no se enseña historia patria en los planteles educativos.

 

Sin duda, la Gran Nación de Repúblicas que dominaba el sueño de Bolívar, su persistente empeño en la unidad de los pueblos como escudo de nuestro destino, como trinchera de resistencia a los embates de potencias coloniales, y su revolución social que amenazaba insoportables privilegios, fueron la causa del odio de los Estados Unidos y de la oligarquía colombiana.

 

Odiaban al Bolívar libertador de esclavos. Detestaban al transformador social, al alfarero de repúblicas y creador de Estados sobre la base de la soberanía popular, al organizador de la hacienda pública y administrador pulquérrimo, al estratega de las relaciones internacionales y adalid de la unidad, al apóstol de la igualdad y de la ruptura de las barreras étnicas, al forjador de conciencia de patria y de soberanía, al fundador de periódicos, de hospitales e ingeniero de caminos, a ese poliedro de espejos que destellaba luces en todas las direcciones de la rosa de los vientos, en fin, a esa especie de Quijote, “arquitecto de castillos en el aire”.

 

Pensando en el pueblo, en su dignificación, Bolívar declaró la educación como la primera necesidad de la República y decretó que esta debía ser gratuita, laica y generalizada; y para ello no se cansó de fundar escuelas, colegios y universidades en toda la extensión del teatro de sus campañas liberadoras.

 

Santander acusaba a Bolívar de “hablar de soberanía del pueblo y guardar silencio sobre las libertades individuales”. Y creía socavar al héroe difundiendo entre las élites de aquellos años 20, que “Bolívar quiere provocar una guerra interior en que ganen los que nada tienen, que siempre son muchos, y que perdamos los que tenemos, que somos pocos”. Estaban molestos con esa potencia moral que tronaba: “yo antepongo siempre la comunidad a los individuos”.

 

Resentidos los poderosos por la abolición de la servidumbre y por las medidas de justicia agraria que devolvía las tierras a los indígenas, protestaban infamemente que con ello Bolívar levantaba las “heces de la sociedad”. Para los santanderistas el pueblo era “gente baja”, o simplemente una “manada de carneros”. En cambio, para Bolívar, -llamado por las oligarquías, caudillo de los descamisados- “la ofensa hecha al justo es un golpe contra mi corazón”. Proscribía las distinciones, los fueros y los privilegios. “Tales son nuestros liberales –denunciaba-: crueles, sanguinarios, frenéticos, intolerantes y cubriendo sus crímenes con la palabra libertad que no temen profanar”.

 

¡Qué les iba a gustar a los predicadores del libre comercio la prohibición de las importaciones de manufacturas para forzar, mediante la producción diversificada, el desarrollo de la industria nacional! Ellos lanzaron contra Bolívar sus anatemas de fuego cuando tomó la decisión de nacionalizar las minas del suelo y el subsuelo. “Santander es un pérfido, no tengo confianza ni en su corazón”, -expresaba Bolívar- y por eso escribe a Soublette: “Ya no pudiendo soportar más la pérfida ingratitud de Santander, le he escrito hoy que no me escriba más, porque no quiero responderle ni darle el título de amigo”. Ya lo había advertido: “En cuanto a Santander, este hombre perverso ya nada le queda por hacer, toca todos los resortes de la intriga, de la maldad, y la maldad es para dañarme y formarse su partido… La existencia de ese monstruo de iniquidad y de perfidia es una asechanza perpetua al gobierno, a mí mismo y a Colombia”.

 

En conspiración con el representante de los Estados Unidos en Lima, Santander alentó al general Lamar a invadir a Colombia tomándose Guayaquil, empeño miserable que fue derrotado por Sucre en la batalla del Portete de Tarqui. Pero al final asesinaron a Sucre en total indefensión. Santander condecoró con la Cruz de Boyacá a los asesinos del gran Mariscal de Ayacucho, los generales bandidos, José María Obando y José Hilario López. Con esa herencia maldita del santanderismo, la actual Colombia no tendrá futuro. No tendrá paz porque su esencia es la perfidia, la trampa y el incumplimiento. El movimiento social y político del país, sus liderazgos, la juventud que contiene la fuerza arrolladora del cambio, las mujeres, los políticos honrados, los militares y policías virtuosos que aun anidan en su corazón el legado de Bolívar, si reúnen sus fuerzas, constituirán la potencia transformadora, la fuerza capaz de construir el futuro delineado por Simón Bolívar en el Congreso de Angostura.

 

Retomemos el discurso del Libertador a orillas del Orinoco: “Dignaos Legisladores concedernos… un Gobierno eminentemente popular, eminentemente justo, eminentemente moral, que encadene la opresión, la anarquía y la culpa. Un Gobierno que haga reinar la inocencia, la humanidad y la paz. Un Gobierno que haga triunfar bajo el imperio de leyes inexorables, la igualdad y la libertad”.

 

Bolívar tiene quehacer en América todavía.

 

Iván Márquez, Oscar Montero, Aldinéver Morantes, Edinson Romaña, Albeiro Córdoba, Iván Alí, Enrique Marulanda, Iván Merchán, Rusbel Ramírez, Villa Magdalena, Nelson Robles y otros

 

Febrero 14 de 2019

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Bogotá, 02 de marzo de 2019

 

Las organizaciones abajo firmantes dirigimos este comunicado a la opinión pública, al Gobierno nacional y al Congreso de la República, con el fin de presentar algunas consideraciones sobre la conveniencia política y viabilidad constitucional de la sanción presidencial del proyecto de ley estatutaria de administración de justicia de la Jurisdicción Especial para la Paz (PLE JEP), el cual fue objeto de control previo y automático de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, en la sentencia C-080 de 2018, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

 

Somos un grupo plural de organizaciones de la sociedad civil, de académicos y de centros de investigación adscritos a universidades, que apoyamos una salida negociada al conflicto armado interno. Aunque algunos tuvimos posiciones diversas frente al plebiscito sobre el primer Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP, coincidimos en que en este momento conviene al país implementar el Acuerdo Final de Paz, tal y como quedó después de su renegociación y su paso por el Congreso y la Corte Constitucional.

 

En ese sentido, reconocemos los indudables réditos del proceso de paz y la puesta en marcha del andamiaje institucional a favor de las víctimas dispuesto en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) del que hace parte la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

 

En este contexto, consideramos que el ágil y adecuado funcionamiento de la JEP contribuirá a la sostenibilidad de la terminación del conflicto y la construcción de paz, lo cual guarda relación directa con los propósitos de legalidad y estabilidad que el actual Gobierno nacional ha defendido. En efecto, dicho mecanismo de justicia es indispensable para otorgar un cierre jurídico y definitivo al conflicto armado, pues brinda una respuesta efectiva a los derechos de las víctimas, así como seguridad jurídica a miembros de la Fuerza Pública, excombatientes y terceros que comparezcan ante aquel.

 

Para ello, es necesario que el SIVJRNR cuente con un marco normativo claro, a partir del cual base sus decisiones y actuaciones, lo cual dotará de seguridad jurídica a los procedimientos que allí se tramiten, por ejemplo, en relación con los cinco casos abiertos hasta ahora respecto a crímenes atroces cometidos en el país. Es así como resaltamos la enorme importancia de que la JEP fundamente sus procesos en la ley estatutaria, pues esa norma fija las reglas sustantivas, procesales y orgánicas de dicha jurisdicción, lo que asegura el debido proceso de los comparecientes, así como el derecho a la justicia de las víctimas de crímenes internacionales.

 

A continuación, exponemos las razones de inviabilidad jurídica e inconveniencia política de una posible objeción presidencial al PLE JEP:

 

  1. La objeción presidencial es una facultad que debe atender a los límites constitucionales y la separación de poderes. La facultad presidencial de objetar los proyectos legislativos debe respetar los límites constitucionales, por cuanto no puede recurrir a esta para insistir en la discusión o aprobación de contenidos que jurídicamente no existen al momento de elaborar la objeción, ya sea porque no se incluyeron o fueron rechazados en el trámite legislativo, o porque fueron declarados contrarios a la Constitución Política, por parte de la Corte Constitucional. Así, por ejemplo, si la Corte declaró que un artículo o determinada interpretación del mismo era inexequible, el Presidente transgrediría la Constitución si intentara revivir jurídicamente tal artículo o interpretación, por medio de la objeción.

 

Respecto a proyectos de ley estatutaria, el Presidente de la República sólo está facultado para presentar objeciones por inconveniencia política. Debido a que estas leyes tienen control constitucional automático y previo a su sanción, el Presidente no está habilitado para objetar tales proyectos legislativos por razones de inconstitucionalidad.

 

En el caso del PLE JEP, el control previo y automático de constitucionalidad ocurrió en la sentencia C-080 de 2018. Este fallo judicial determinó claramente qué artículos del PLE JEP se encontraban o no ajustados a la constitución y fijó la interpretación de ese texto normativo en su totalidad, con el fin de asegurar que dicha norma respetara la Constitución Política. De ahí que ningún poder institucional, ni siquiera el Presidente, está habilitado para modificar el sentido constitucional del PLE JEP.

 

En concreto, el Presidente violaría el artículo 243 de la Constitución Política de 1991, según el cual “los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional”, por lo cual “ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución”. En consecuencia, si el Presidente recurre a las objeciones para revivir normas inconstitucionales no sólo desconoce el carácter vinculante de una decisión judicial, sino también rompe los principios de legalidad y de separación de poderes, pues la Corte Constitucional es el supremo guardián de la Constitución Política.

 

Hasta el momento, las posibles objeciones que han sido conocidas por la opinión pública, como las cuatro señaladas por el Fiscal General, se ven afectadas por esa inviabilidad jurídica, pues pretenden revivir contenidos rechazados por el Congreso de la República, en su momento, o declarados inconstitucionales, en la sentencia C-080 de 2018. Si una objeción se basara en argumentos de ese tipo y fuera aceptada por el Congreso, el resultado inevitable sería el retraso innecesario de la sanción del proyecto de ley sin ningún efecto de fondo, ya que el Congreso no podría reabrir el debate legislativo dado en su oportunidad ni revivir contenidos declarados inconstitucionales y, si eso ocurriera, la Corte declararía esas disposiciones otra vez inconstitucionales, cuando revise nuevamente el proyecto.

 

  1. La objeción presidencial al PLE JEP sería inconveniente porque afectaría la estabilidad de la construcción de paz.

 

  1. a) La aprobación del PLE JEP ha sido compleja y demorada. Su aprobación ocurrió en el último día de vigencia del fast track y la revisión de constitucionalidad y la publicación del texto de la sentencia tardó un año. Si bien la JEP no dejaría de existir ni colapsaría si no cuenta con esta norma, su funcionamiento sería más difícil e incierto. En ese escenario, la jurisdicción no tendría un marco normativo completo y claro, lo cual generaría inseguridad jurídica e ineficiencia frente a los reclamos de las víctimas y el cumplimiento de sus funciones.

 

  1. b) La objeción presidencial al PLE JEP es divisiva, ya que reanima la polarizaciónpolítica en torno a la paz, a pesar de que había surgido un relativo consenso acerca de la regulación de la JEP, como lo muestra la aprobación del PLE JEP por parte del Congreso de la República y su aval jurídico por la Corte Constitucional. Ello contraría los propósitos de unión y reconciliación, que han sido señalados por el Presidente de la República.

 

  1. c) Por último, el resurgimiento de debates previamente saldados respecto a la regulación normativa del SIVJRNR, en particular la JEP, podría crear incertidumbre entre los excombatientes quienes temerían por la seguridad y estabilidad de sus garantías jurídicas. En este frágil contexto, la disputa por la modificación de las reglas jurídicas envía un mensaje simbólico a quienes hacen parte de la reincorporación y a quienes comparecen ante la JEP, pues considerarían que este proceso no está completamente asegurado. Esto eleva el riesgo de que regresen a la ilegalidad, lo cual afecta la seguridad y el cometido de estabilizar los territorios más afectados por la violencia que se ha propuesto el Gobierno nacional.

 

Firman:

Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad –Dejusticia.

 

Comisión Colombiana de Juristas –CCJ.

 

Misión de Observación Electoral –MOE.

 

Instituto para las Transiciones Integrales - IFIT.

 

Fundación Ideas para la Paz – FIP.

 

Alejo Vargas – Director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional de Colombia.

 

Camila De Gamboa –Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Paz y Conflicto de la Universidad del Rosario.

 

Catalina Botero Marino –Decana Facultad de Derecho, Universidad de Los Andes

 

Iván Orozco –Profesor de la Universidad de Los Andes.

 

Laly Catalina Peralta – Profesora asociada Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.

 

Marcos Criado Griego, Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia.

 

Marco Romero –Director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES).

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Por: Libardo Muñoz

 

Armando Valbuena, reconocido dirigente wayuu de la defensa de derechos humanos recibió un panfleto de amenazas de muerte, en su casa de Manaure, Guajira.

 

Valbuena denuncia que por debajo de la puerta de su casa manos desconocidas, deslizaron un texto en el cual le dan 72 horas, para que abandone el pueblo.

 

En declaraciones de denuncia Valbuena responsabiliza a las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia de lo que pueda suceder con su vida.

 

La Organización Indígena colombiana, ONIC, y el indígena senador Feliciano Valencia, rechazan y alertan la presencia del paramilitarismo en la zona, y exigen una investigación de la Fiscalía, y un pronunciamiento inmediato de la Defensoría del Pueblo.

 

En Santa Marta

 

Cinco activistas de las denuncias contra la minería ilegal en la Sierra Nevada de Santa Marta fueron abordados por motociclistas enmascarados, que los amenazaron de muerte, si no abandonaban sus denuncias.

 

El paramilitarismo urbano está totalmente desatado en la capital del Magdalena, de acuerdo con un informe de los grupos sociales que hace varios años vienen luchando contra la depredación y el represamiento de los ríos que bajan de la Sierra Nevada.

 

Se denuncia además que la propia policía del Magdalena conoce esta situación, lo mismo que el gobierno nacional, pues en un pasado no muy lejano han caído asesinados indígenas arhuacos.

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