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Por: Narciso Isa Conde

¿Tiene pertinencia o no en República Dominicana la reflexión acerca de la necesidad de un nuevo Poder Constituyente? Veamos:

Después de la Asamblea Constituyente del 1944, la reunión como Asamblea Constituyente del Congreso electo en los comicios de diciembre de 1962, es lo políticamente más cercano al Poder Constituyente fundacional de la República Dominicana.

De esa Asamblea surgió la Constitución de 1963 que sustentó una nueva institucionalidad y una agenda en franca contradicción con un poder de facto (oligárquico, militar y pro-imperial), opuesto a las libertades, soberanía y reformas sociales consagradas en ella.

Esa contradicción determinó el golpe reaccionario del 1963 que derrocó el gobierno de Bosch y la Constitución de 1963, seguido en abril de 1965 del inicio triunfal de una revolución popular, democrática y soberana que asumió su restauración.

Sin embargo, la invasión militar de EEUU y la contrarrevolución consolidada meses después, reinstaló el viejo orden colonizador y represivo, obstruyendo por 50 años la transformación inconclusa.

Al día de hoy la resultante de esa recolonización ha sido neoliberalismo empobrecedor y lumpen capitalismo dependiente bajo una dictadura política y de clase sustentada en la Constitución del 2010, manipulada por las facciones dirigentes del PLD, “partido único de Estado” (más bien gran corporación mafiosa asociada a otras menores); carcomida por su creciente decadencia y putrefacción institucional, enfrentada recientemente a una especie de tsunami verde transformador.

Un sistema así, con una institucionalidad y un régimen de partidos generadores de auto-impunidad, obliga a hacerlo colapsar o dimitir mediante una movilización multitudinaria de la sociedad que procure establecer un régimen transitorio que convoque a una nueva Asamblea Constituyente Popular y Soberana.

Nos reta a crear un nuevo Poder Constituyente que opte por reemplazar un sistema de corrupción, impunidad y degradación ambiental negado a hacer justicia y cambios por la vía de sus instituciones y mecanismos electorales, todas bajo absoluto y pernicioso control de las fuerzas gobernantes.

Un Poder Constituyente, que una vez derrotado el carcomido régimen vigente mediante la democracia de calle, tenga como función básica establecer un orden político-institucional, económico-social-cultural basado en libertades, soberanía, justicia y dignidad humana.

Sería, en consecuencia, una Constituyente dedicada a superar la provisionalidad transitoria y a definir democráticamente la orientación de la refundación del país en dirección a conjurar la multi-crisis que estremece esta sociedad y a recrear la legitimidad institucional y el bienestar colectivo. Una Constituyente esencialmente programática.

Esta nueva lucha política precisa ver más allá de la curva. Necesita un Norte.

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