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Jorge Freytter-Florián, refugiado político colombiano: “Hay que desterrar el paramilitarismo de las universidades colombianas”

Para Jorge Freytter-Florián no hay duda: Colombia vive tiempos de esperanza. Las conversaciones van sucediéndose en La Habana y parece que, aunque lentamente, van incorporándose otros actores a un proceso de paz fundamental para el futuro del país. Jorge acaba de publicar, con Alexander Ugalde, el libro 'Presente y futuro de Colombia en tiempos de esperanza. En memoria al profesor Jorge Freytter Romero', un ejercicio de memoria histórica tanto personal como de la sociedad colombiana en su conjunto, un libro que quiere ser una herramienta más para la verdad, la justicia y la reparación y que ha llegado ya a la mesa de negociaciones. Hablamos con él en Bilbao, donde está exiliado y ha terminado recientemente el grado de Ciencias Políticas en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

- El libro nace gracias al impulso de la Asociación/Elkartea Jorge Adolfo Freytter Romero, que agrupa a personas colombianas y vascas. ¿Nos hablas un poco del trabajo que ha venido realizando?

- La asociación surge en el décimo aniversario de la muerte de mi padre. La Universidad del País Vasco se implicó y varios profesores del departamento de Ciencias Políticas, Sociología y Relaciones Internacionales se volcaron a respaldar este caso. Un caso puntual de un profesor, un sindicalista, asesinado en Colombia. Nuestro eje principal es el estudio de la violencia política en las universidades públicas colombianas, porque sabemos que se ha trabajado la generalidad del conflicto, la solución política, se ha seguido toda la historiografía, pero no sabemos, ese conflicto, en qué ha repercutido en las universidades públicas colombianas. Es ahí donde queremos hacer hincapié, estudiar la persecución del pensamiento crítico, el asesinato selectivo de sindicalistas y líderes estudiantiles de la Universidad del Atlántico, de Antioquia, de la Universidad del Magdalena, de Córdoba…

- ¿Qué significa la publicación de este libro en este trabajo?

- Es el primer proyecto en papel que tenemos, respalda nuestro engranaje social y de articulación con la sociedad vasca. Escriben profesores como Juan Hernández Zubizarreta, Francisco Letamendia, Alexander Ugalde, que es el compañero coordinador, entre otras personas del espectro vasco.

- Piedad Córdoba define a tu padre, en su artículo en el libro, como “humanista y demócrata”. ¿Qué te hacen sentir estas palabras?

- Que fue válida la lucha de todos aquellos sindicalistas, todos aquellos líderes sociales, populares, todos aquellos estudiantes que fueron acribillados por el Estado y el paramilitarismo, porque revindicaban el derecho a ser libres, a una democracia plena. Recoge toda una sintonía de sentimientos por crear una nueva Colombia, llena de humanismo, donde seamos más tolerantes. El conflicto ha polarizado la sociedad colombiana. Muchos asesinatos, muchas muertes, mucha confrontación. Creemos que se debe reconstruir todo el tejido social y nos llena de orgullo que se catalogue a todos estos líderes sociales que han sido asesinados como humanistas y grandes demócratas.

 

- ¿Qué opinión tienes en el debate sobre el concepto de victima?

- Es un gran debate. Que se les reconozca a las personas asesinadas su lucha, que fueron sujetos políticos, luchadores populares que estaban ahí prestos a construir una nueva universidad, un nuevo movimiento social, un nuevo paradigma en Colombia.

 

- Iván Cepeda acusaba a Uribe recientemente en un debate televisado de mantener vínculos con el paramilitarismo. En el libro, Dario Azzellini[1] habla de “Uribe y el Estado narco-paramilitar”. Sin embargo, en los medios europeos la imagen que se ha venido transmitiendo de Uribe es la de un gran demócrata. ¿Crees que, en algún momento, se llegará a hablar abiertamente en estos medios de la parapolítica?

- La parapolítica es un término que fue vetado durante diez años, los diez de gobierno de Álvaro Uribe. Hay elementos que el movimiento social y algunos otros líderes, como Piedad Córdoba, Gloria Cuartas, o el sacerdote Javier Giraldo, ya venían trabajando. La sociedad colombiana ya sabe quién es su enemigo, quién está directamente relacionado. Los auspició, los financió y les dio un proceso de paz y la legalidad, con el Pacto de Ralito. Es un elemento importante, mucho más ahora en un proceso de paz, cuando los movimientos sociales y políticos colombianos están fortaleciéndose y los exiliados están participando desde fuera. Otra cosa es que esto se lleve a tribunales internacionales y que pueda pasar lo que sucedió con Fujimori, que se instaure una Comisión de la Verdad y se juzgue a Uribe.

 

- ¿Cómo se habla de memoria histórica cuando estamos en un proceso abierto de diálogos y hay matanzas, asesinatos, hostigamientos?

- El Estado no perdona, nunca olvida. Tenemos que reflexionar sobre eso y replantear todo el debate de la reconstrucción de la memoria histórica. No existe olvido, queremos la verdad, la justicia y la reparación de todos los crímenes. En el caso de la universidad, queremos una comisión directa dentro del proceso de paz para que se estudien todos los casos. Porque sabemos que el paramilitarismo está allí, tiene fuerza militar y tiene fuerza política, que eso hay que desterrarlo de las universidades públicas colombianas.

La comunidad internacional o los medios de comunicación se fijan solamente en lo que está pasando en La Habana, y el conflicto colombiano no es solamente eso. Es que se trunquen procesos, la privatización de la educación… Hay que consolidar grandes medios alternativos de comunicación. Destaca lo que está pasando ahora en Bogotá con el Canal Capital, donde los sectores más recalcitrantes de la oligarquía colombiana quieren privatizar el canal y judicializar a la dirección y a los periodistas, porque llevan la otra cara del conflicto colombiano.

 

- ¿En este sentido, que piensas de la propuesta que han llevado las FARC a La Habana en cuanto a la democratización de los medios?

- Es efectiva y práctica. Los medios de comunicación colombianos trabajan, podríamos decir, con las uñas. No hay un canal fuerte de la izquierda colombiana, o de los movimientos sociales. En el Pacífico, ¿qué sabemos que está pasando con las comunidades afro?

 

- Retomando el tema de los asesinatos en la universidad, ¿cuál es la situación actual de la presencia paramilitar en estas instituciones, tras el supuesto proceso de desmovilización?

- El paramilitarismo nunca se ha ido de las universidades. Sus estructuras siguen dentro, señalando a los líderes sindicales, profesores, estudiantes. Todavía siguen apareciendo listados, todavía siguen apareciendo dentro hombres encapuchados con armas, como en marzo del presente año en la Universidad Nacional, en Bogotá.

Eso sucede porque el paramilitarismo ha utilizado a las universidades como testaferros. Ha lavado dinero allí, ha puesto rectores, ha creado dobles nóminas administrativas, ha generado un ambiente de cercenamiento del pensamiento crítico. Como planteamos en el libro, hay una gran connivencia entre algunas administraciones de las universidades públicas, como la Universidad de Córdoba, la del Magdalena y la del Atlántico, con el paramilitarismo. Esto ha generado asesinatos selectivos, como el de los compañeros Humberto Contreras y Reinaldo Serna. Reinaldo era un líder estudiantil de Alma Máter, un movimiento estudiantil de la Universidad del Atlántico. El Estado lo apresó, lo estigmatizo y estuvo preso casi un año en Barranquilla. Cuando salió se fue a estudiar a Chile, regresó un año después y lo asesinaron frente a su hijo, en la puerta de casa.

Es matar a quien piensa diferente, a quien quiera la justicia social, a quien quiera fomentar el pensamiento crítico en Colombia. El caso de mi padre es emblemático en la Universidad del Atlántico, porque fue secuestrado, retenido, por una unidad del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con ayuda del GAULA, un grupo antisecuestro y antiextorsión creado con Álvaro Uribe Vélez. Es una locura, porque supuestamente ése era su trabajo, pero lo que hacían era secuestrar y torturar. Ahora el Gobierno de Juan Manuel Santos quiere que esa unidad vuelva al Departamento del Atlántico. No queremos, porque comete infracciones de los derechos humanos. En el proceso penal de mi padre se está investigando a cargos del GAULA.

 

- Pinzón Sánchez[2] recoge en su artículo un recorrido por los procesos de paz que se han intentado en Colombia desde 1978 hasta la actualidad. ¿Por qué este proceso es diferente?

- Es diferente por la participación y auge de los movimientos sociales, reflejados en la Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos, el Comosoc{3}, la Ruta Pacífica de las Mujeres, Colombianos y Colombianas por la Paz, la Coordinadora Nacional Agraria, la Mesa de Interlocución Agraria, el Proceso de Comunidades Negras, y la Organización Nacional Indígena de Colombia. Hay una gran participación del movimiento social que no había en el proceso del Caguán. Por otro lado, ahí no teníamos Comisión de Esclarecimiento Histórico del conflicto.

Es un elemento importante para el debate sobre de dónde surge el conflicto colombiano, más aún cuando participa todo el espectro político, gente que viene del partido comunista, de la socialdemocracia, de sectores afines al Gobierno colombiano o hasta del mismo uribismo. Es un logro importante, así como la participación de las víctimas en el proceso. También se está buscando que se cree una Comisión de la Verdad, que se firme una paz en términos de cese de hostilidades, de cese bilateral de confrontación militar. Pero sabemos que la Paz va mucho más allá de la dejación de armas, también hay que ver el tema de la privatización de la educación, de la salud, el tema de las zonas de reservas campesinas, qué va a pasar con las personas refugiadas y exiliadas, o con la participación de la mujer en el proceso de paz.

 

- ¿En qué cuestiones no deben ceder, para el mantenimiento y consolidación de la paz, la sociedad colombiana y los movimientos sociales?

- En la verdad, la justicia, la dignidad del pueblo colombiano. Es necesario que se constituya esa Comisión de la Verdad, que se incorporen las otras guerrillas colombianas a un Proceso de Paz y que se debata en público. También, que se hagan vinculantes los procesos constituyentes en Colombia y fuera de Colombia.

 

- ¿Qué esperan de la comunidad internacional los actores involucrados ya en las negociaciones y los movimientos sociales que por el momento, al menos, no están presentes físicamente en La Habana?

- En primer lugar, que la comunidad internacional se vuelque a respaldar el proceso de Paz. Que se respalden las investigaciones que se están haciendo justo ahora, en el caso de Álvaro Uribe Vélez, es una pieza en un puzle, importante para que se recuperen la dignidad del pueblo colombiano y la verdad. Como se dice por ahí, “todos los caminos conducen a Uribe”. Que también la comunidad internacional escuche la solidaridad y la sensibilidad de las personas colombianas en el exilio. Que el respaldo político, económico y humano sea directamente con los movimientos sociales.

Porque siguen bombardeando campesinos, sigue habiendo personas desplazadas, sindicalistas asesinados, sigue habiendo listados en la región Caribe, en la Pacífica… Queremos visibilizar esos casos, el conflicto, y que no pase como en Guatemala, que se olvidó y se dejó en la agenda internacional y ya no sabemos más.

 

- En todo proceso de paz existe el peligro de un “mal cierre”, como en Guatemala. En el caso de Colombia, una de las consecuencias podría ser una intensificación de la injerencia de las multinacionales en el país. ¿Cuál es tu opinión al respecto?

 - Claro, es una tesis. En las zonas donde están las multinacionales hay presencia paramilitar, y donde está el movimiento insurgente en Colombia hay grandes riquezas naturales. Oro, agua dulce, esmeraldas, grandes zonas de reserva de agua, petróleo… El Gobierno colombiano quiere llevar a la insurgencia a una pacificación para incorporar todas las transnacionales, lo que pasó con Chiquita Brands, lo que está pasando con Drummond, una multinacional del carbón que está en la ciudad de Santa Marta, donde el paramilitarismo se mueve como pez en el agua.

Están privatizando zonas de ríos donde no les dan el derecho a ejercer el libre derecho sindical a los trabajadores y, por otro lado, se están muriendo de hambre, literalmente, en esas zonas. Uno de los puntos que se tiene que discutir es la soberanía nacional, la soberanía alimentaria, que va unida. Queremos que lo que se invierte en Colombia se quede en Colombia y se gaste en Colombia, y sea un beneficio para la sociedad colombiana, no que se explote al colombiano común, a la colombiana común, y que esas grandes riquezas vayan a parar a las bolsas noruegas, suecas o españolas, como están haciendo Aguas de Barcelona o el BBVA. El papel de las multinacionales también se tiene que ver en una Comisión de la Verdad. Como la implicación de Coca-Cola en el asesinato de varios sindicalistas de Sintrainal, por ejemplo.

 

- Respecto a este tema la posición de las FARC está clara, abogan por una reforma agraria como mejora para la situación del campo y del campesinado. ¿Y los movimientos sociales?

- Cuando se instaura una multinacional se privatiza la tierra, se privatiza el agua, y no se pueden desarrollar proyectos endógenos. Además, el Estado, por la vía administrativa o legal, quiere abolir las zonas de reserva campesina. Por eso el movimiento social rechaza las multinacionales y propone unos nuevos marcos jurídicos. En el contexto latinoamericano, vemos que países como Bolivia, Venezuela, Ecuador, Cuba, Nicaragua, todo el eje del ALBA, no tienen garantías jurídicas para estas transnacionales o lobbies empresariales. En cambio, regímenes represivos como el chileno, el peruano, el colombiano o el mexicano, sí. Son legalmente aceptadas para que exploten y saqueen el territorio.

En cuanto a la Reforma Agraria, son muy importantes la discusión y los encuentros que se vienen dando, como el caso del Catatumbo, las movilizaciones que cuestionan la propiedad privada. Un punto importante a considerar, que se ve plasmado en la Cumbre Nacional Agraria, Étnica y Popular, es el acceso a la riqueza minero-energetica, respetando los bienes del pueblo colombiano y la pachamama. Las explotaciones deben ser consultadas por el pueblo, ejerciendo la soberanía nacional.

 

- En el libro se contempla la posibilidad de que el conflicto se agrave, aunque esta idea choca con la tónica general de los artículos. ¿Qué podría fallar para que esto sucediese?

- Un elemento importante es el tema del cese bilateral al fuego. Es grave negociar bajo una confrontación militar, como está pasando en Colombia. Otra cuestión es que el Gobierno colombiano, el establishment colombiano, cambie su doctrina militar, que está subordinada a la Escuela de las Américas. Puede haber participación política, puede haber una Asamblea Nacional Constituyente, puede haber una guerrilla participando políticamente, puede tener escaños, el movimiento social también puede estar allí… Pero si las estructuras paramilitares están vigentes, si siguen los asesinatos, si no hay garantía política, no hay verdad, no hay procesos judiciales contra Uribe, contra toda la cúpula del paramilitarismo, no podemos hablar de una reconciliación, de una verdadera paz en Colombia. Y eso es lo que en algunos momentos algunos autores plantean en el libro.

 

- Dices en tu artículo que “la violencia es parte de los negocios en el país”. ¿A qué te refieres?

- La colombiana o el colombiano del común ven que han matado o han torturado a una persona y no se sorprende, no se alarma, es algo diario. Por otro lado está la industria militar en Colombia, que no es solamente un tema nacional, sino que está ligado a las grandes corporaciones estadounidenses e israelíes. Colombia firma tratados de libre comercio con Israel, con Corea, con Estados Unidos o con la Unión Europea, todo a costa de la sangre del pueblo colombiano.

 

- Además de los diálogos de La Habana, ¿hay otros procesos desde la sociedad civil que estén contribuyendo a avanzar en la resolución del conflicto?

- Ahora está todo el tema de la Constituyente. Se piensa plantear a nivel europeo una Constituyente de exiliados y perseguidos, y dentro de unas semanas se va a plantear un foro nacional e internacional sobre la participación de los presos políticos en el proceso de paz. Es un punto importante porque el Estado colombiano no reconoce la categoría de presos políticos en Colombia, sino que dice “son terroristas y están aquí por rebelión, y ya”. También está el proceso de unión de todo el movimiento social, no solamente de cara a un proceso electoral.

No sólo hablamos de paz, de reconciliación, de procesos de paz, de rutas metodológicas de cada movimiento, sino de ir más allá, consolidar un frente unido, o un frente por la democracia, por la justicia social en Colombia. Tenemos que seguir trabajando por todo lo que sería la democracia en Colombia. Consolidar una verdadera participación política, fomentar una cultura de memoria histórica.

Fuente: http://www.revistapueblos.org

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