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Por: Horacio Duque Giraldo | Foto: Ernesto Che Mercado Jones. El Turbión.

La despenalización de la protesta social es un paso necesario en la construcción de la paz y la democracia ampliada. No más cárcel ni persecución de los líderes populares.

Resulta de la mayor trascendencia para los desarrollos de los consensos de paz alcanzados en la Mesa de conversaciones de La Habana entre el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y la delegación plenipotenciaria de las Farc, las decisiones sobre los Movimientos sociales, sus derechos y garantías políticas.

En el documento sobre Participación política y democracia ampliada se encuentra un extenso capítulo sobre los Movimientos sociales y sus derechos políticos esenciales. Hacia el futuro deberá establecerse un marco de reconocimiento de los movimientos populares y su proyección política democrático en favor de las reformas y cambio sociales.

Bien es sabido que ante la crisis de los denominados partidos políticos de la burguesía y los terratenientes, me refiero al conservatismo y al liberalismo, y más recientemente a las aglomeraciones electorales configuradas por las elites dominantes con el fin de canalizar masas ciudadanas cohesionadas con las prebendas clientelares, como Cambio Radical, la U y el Centro Democrático, se ha configurado un amplio y potente Movimiento social y agrario, como el que se registró durante los meses del año 2013, con banderas y pliegos que reivindican sus derechos esenciales y formulan alternativas de poder que corresponden a los intereses generales de la nación.

Esos Movimientos sociales han sido objeto de la persecución, violencia y atropello de las clases dominantes, tanto en el nivel nacional, como regional y local.

El Esmad de la policía ha sido especialmente utilizado para destruir y aplastar a los movimientos sociales. Por supuesto también los grupos paramilitares, las bandas criminales y el legalismo de alcaldes, gobernadores y otras autoridades del orden nacional, han jugado su papel en el cerco y destrucción de los movimientos sociales y populares.

Con el reciente acuerdo en materia de derechos de las víctimas dado a conocer el pasado 15 de diciembre y específicamente con el componente de justicia se ha dado otro paso significativo en la democratización política al establecer en dos de los puntos lo siguiente.

En el punto 35 se dispone que “la protesta pacífica, la defensa de los derechos humanos, y el liderazgo de grupos de la sociedad civil, no pueden ser por sí mismos tipificados penalmente, ni penados. En caso de haber sido sancionados se otorgarán mecanismos de tratamiento especial que puedan llegar incluso hasta la extinción de la responsabilidad. La Sala de Amnistía e Indulto y la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz serán competentes para decidir si extingue, revisa o anula las sanciones, investigaciones y sentencias impuestas en los anteriores supuestos”.

El numeral 64 del mismo consenso dispone que “la Sala de definición de situaciones jurídicas podrá aplicar mecanismos de cesación de procedimientos con miras a la extinción de la responsabilidad, cuando se trate de contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta o disturbios internos. Las autoridades estatales, las organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos y procesos que hacen parte de la Cumbre Agraria, étnica y popular allegarán la información a la Sala cuando se trate de los siguientes delitos: asonada, obstrucción de vías públicas, lanzamiento de sustancias peligrosas, violencia contra servidor público, perturbación del servicio de transporte público, daños en bien ajeno, lesiones personales y demás delitos ocasionados en el marco de la Ley de Seguridad Ciudadana”.

Lo coherente con tanto anuncio de paz de gobierno es que estas medidas entren en funcionamiento de manera inmediata para resolver casos aberrantes de líderes populares sometidos al ultraje y el atropello carcelario, como una manera de cercenar y aplastar sus derechos.

Casos como los de Húbert Ballesteros, David Rabelo, Miguel Ángel Beltrán y de tantos otros importantes dirigentes sociales, demandan una solución inmediata en los términos de los pactos en la Mesa de diálogos de La Habana.

Nota. En la perspectiva de la ejecución de las tareas y competencias de la Unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, es conveniente considerar la propuesta planteada por la destacada columnista Sara Leukos, para que se construyan los mapas de las fosas comunes, con el concurso de los alcaldes y otras autoridades locales, desde luego con el apoyo de equipos de medicina legal y criminalística (http://bit.ly/1QPO3cL).

Fuente: http://prensarural.org

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