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Por: PIA.

Esta semana entró en vigencia la ley que le otorga impunidad a las fuerzas policiales y militares para matar. El proyecto de ley, aprobado el año pasado por el Congreso y abalado por el presidente Ollanta Humala, conduce a la criminalización y represión de la protesta social, así lo aseguran organizaciones sociales y de derechos humanos quienes presentarán una demanda por inconstitucionalidad. A su vez, sostienen que se trata de una medida que obedece a los intereses de los grupos de poder para lograr la implementación de proyectos extractivos para el saqueo de los bienes comunes.

Según la nueva legislación, “está exento de responsabilidad penal el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que, en cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa, cause lesiones o muerte”.

La norma oficializada el lunes, modifica el artículo 11 del Código Penal al reforzar la figura de legítima defensa propia y de terceros a través del uso de armas no letales hasta de fuego. La legislación presentada bajo el argumento de contribuir a la “seguridad ciudadana”, fue aprobada por el Congreso en mayo de 2013 y ratificada por el presidente del Congreso Fredy Otárola y el presidente de la nación el pasado diciembre.

Frente a las denuncias de violación a los derechos humanos, el Ministro del Interior Walter Albán se refirió al respecto, “debemos estar muy claros en ese mensaje, porque creo, también, que no debemos contribuir a que esto se pueda entender o malentender como una suerte de cheque en blanco o una patente de corso”.  Asimismo aseguró que no se puede eludir “que la Constitución y las leyes que rigen en el país impiden la impunidad” e indicó que se profundizará la formación y capacitación de las fuerzas del orden para que no haya mal entendidos respecto a la nueva ley.

En el mismo sentido se manifestó el legislador Pedro Spadaro, quien presentó la ley en el Congreso, “no se trata de una carta blanca para que los policías maten a los ciudadanos. Los policías y militares están formados para actuar de acuerdo a la ley, y no se debe pensar que por una ley el policía va a salir a matar a personas”.

“Era necesaria, porque en muchos casos la policía era involucrada en procesos penales cuando tenía por ejemplo que combatir a unos ‘marcas’ [asaltantes], a unos sicarios, y al enfrentarse a balazos con estos sicarios y de repente herir o matar a un delincuente, este policía tenía que ir a un proceso penal por defender a la sociedad, a nuestros hijos, a las familias”, argumenta el legislador.

En este sentido, sostuvo que la norma busca restablecer el principio de autoridad en el país, “ya que los familiares y los mismos delincuentes y terroristas no dudan en denunciar a los policías cuando usan, en forma reglamentaria, sus armas de fuego”.

La polémica ley refuerza una legislación dictada durante el Gobierno de Alan García (2006-2011), la cual buscaba proteger a miembros de las fuerzas de seguridad cuando eran acusados de asesinato durante represión en manifestaciones sociales. La ley anterior, indicaba “en cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria”, la ley actual no incluye esta última parte que alude al reglamento de policías y militares para el uso de sus armas, por lo que se favorece la impunidad de las fuerzas represivas.

Al respecto, el director del Instituto de Defensa Legal Carlos Rivera, remarcó que “a partir de esta ley el fiscal o el juez ya no tienen el deber de verificar si es que el uso [del arma] ha sido un uso reglamentario porque la ley ha quitado esa condición legal. Por lo tanto sí podría ser esta norma una ley que [permita que] un hecho violento, quede simplemente en la impunidad”.

Desde los sindicatos de trabajadores, aseguran que la nueva medida es parte de un política del Gobierno Nacional dirigida a criminalizar y reprimir la protesta social, frente a un escenario de futuro aumento de conflictividad social. En este sentido, desde distintas organizaciones presentarán una demanda de inconstitucionalidad porque aseguran que la legislación atenta contra los derechos humanos.

Durante el mandato de García, 189 personas resultaron asesinadas en manos de las fuerzas represivas durante manifestaciones y otras 29 fueron asesinadas de la misma forma en lo que va del Gobierno de Humala, sin que se inicie ningún proceso judicial contra sus autores.

Quienes denuncian la nueva legislación, aseguran que responde a los intereses de grupos de poder vinculados a las multinacionales las cuales buscan implementar distintos proyectos extractivos para el saqueo de los bienes comunes por encima de los derechos del pueblo y soberanía peruana.

http://www.noticiaspia.org

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