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Por primera vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó en su informe anual a Estados Unidos al que manifestó su “preocupación”  por el “derecho a la libertad” de los prisioneros de Guantánamo. En paralelo, en el Informe Anual 2013, el organismo destacó a Cuba y Venezuela como casos especiales por considerar que en esos países es mayor el riesgo de “suspensión ilegítima, total o parcial” de los DDHH considerados en la Convención. 

En medio del debate nuestroamericano acerca del rol de la CIDH – y su connivencia con los poderes imperialistas- , el Informe del organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) fue presentado el miércoles por su presidenta Tracy Robinson.

En el capítulo IV desarrolla un “panorama de la situación de los DDHH en el hemisferio” durante el 2013 y menciona cuatro “asuntos de preocupación” entre los que destaca el derecho a la libertad personal de las personas privadas de libertad en Guantánamo y la situación de la libertad de expresión en Ecuador.

Luego, dedica tres informes especiales a desarrollar el “riesgo” de los Derechos Humanos en Cuba, Venezuela y Honduras.  Por su parte, Colombia fue excluida de la denominada  “lista negra”.

Estados Unidos

En el informe del año 2013, es la primera vez que la CIDH incluye a Estados Unidos. En relación a la Base Naval de Guantánamo –Cuba-,  la Comisión argumentó “la necesidad de poner fin a la detención indefinida de personas” y alertó sobre la gravedad de la huelga de hambre que los prisioneros iniciaron en febrero del año pasado. Bajo el título de “Derecho a la libertad individual”, la Comisión le dedica siete párrafos a la situación en el centro ilegal de detención, que ha sido denunciado por detenciones ilegales, y torturas físicas y psicológicas.

En ese marco, la CIDH señaló a EEUU como responsable del “incumplimiento de las medidas cautelares ya vigentes, la persistencia de situaciones de detención prolongada e indefinida, y denuncias de abuso y maltrato generalizado, incluyendo la realización de requisas innecesarias y humillantes, la alimentación forzada de detenidos que optaron por participar en una huelga de hambre, y el aumento de la segregación y el aislamiento de los detenidos”.

La CIDH fue fundada en 1959 bajo el amparo de Estados Unidos, país que no es miembro por argumentar que dicho organismo viola su soberanía judicial, pero que denuncia a los países que critican su parcialidad, al tildarlos de “semidictaduras”.

Ecuador

En un párrafo aparte, la Comisión Interamericana advirtió acerca de “las diversas situaciones que afectarían la libertad de expresión en Ecuador”, entre ellas la Ley Orgánica de Comunicación aprobada por la Asamblea Nacional el 14 de junio, a la cual acusó limitar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y “generar un fuerte efecto intimidatorio incompatible con una sociedad democrática”.

Luego, culpó al Gobierno de Rafael Correa de utilizar los medios públicos para “estigmatizar de manera sistemática a organizaciones no gubernamentales, defensores de derechos humanos y periodistas que han opinado o informado en forma crítica respecto a actuaciones estatales”.

En un duro apartado, el organismo de la OEA arremetió contra el programa presidencial Enlace Ciudadano; denunció “agresiones y amenazas contra periodistas, comunicadores y defensores de derechos humanos por razón de sus expresiones”; y  acusó al Estado ecuatoriano de  aplicar normas penales “para sancionar el ejercicio de la libertad de expresión”.

Un año atrás, el Gobierno de Correa impulsó la reforma de la CIDH en pos de luchar contra los avances de los países hegemónicos contrarios a los intereses de los pueblos nuestroamericanos.  Se cuestionaron diversos puntos que iban desde la ubicación de la sede –actualmente en Washington, Estados Unidos- hasta el origen de los fondos que financian al organismo- EEUU, Francia y España -.

No obstante, en marzo del 2013, la Asamblea General Extraordinaria de la OEA emitió una resolución en la que se dejaron a un lado todas las propuestas de reforma.

Cuba

Luego, en el capítulo IV se hace mención especial a los casos de Cuba, Venezuela y Honduras, a los cuales les dedica tratamiento particular por considerar de mayor gravedad el riesgo de “suspensión ilegítima, total o parcial” de los DDHH considerados en la Convención.

Respecto a Cuba, a lo largo de 40 páginas la Comisión hace referencia a “las restricciones a los derechos políticos y de asociación, libertad de expresión, circulación libre de ideas, falta de elecciones, falta de independencia del Poder Judicial, así como restricciones a la libertad de movimiento, que durante décadas han generado una situación permanente y sistémica de violación de los derechos humanos de los y las habitantes de Cuba”.

Entre los testimonios, se destacan los de las denominadas Damas de Blanco, Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Según la CIDH, “la situación general de los derechos humanos no ha cambiado” y persiste “la severa represión y restricción hacia las y los defensores de derechos humanos”. Si bien hace mención –en términos de “preocupación”- sobre el embargo de Estados Unidos a la isla centroamericana, destaca que ello “no exime al Estado de sus obligaciones internacionales” en materia de DDHH.

Venezuela responde

relación con Venezuela, la Comisión emplea 107 páginas para denunciar lo que denomina vulneración de la “independencia judicial” y en los “obstáculos que los defensores de derechos humanos enfrentan para llevar a cabo su labor, y limitaciones a la libertad de expresión”.

La Comisión también destacó “situaciones coyunturales, como por ejemplo, las graves situaciones de inseguridad ciudadana y de violencia en los centros penitenciarios las cuales implican una afectación al ejercicio de los derechos humanos a la vida y a la integridad personal de los venezolanos, entre otros”.

No obstante, el Gobierno de Venezuela respondió al informe y destacó que su país no calificaba dentro de ninguno de los criterios que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aplica para otorgar a mención especial. “En Venezuela las actuaciones de los Poderes Públicos se rigen por la Constitución y las leyes, cada uno de dichos poderes goza de independencia y autonomía y sus actos no vulneran la Convención Americana. Aun más, nuestra Constitución es más avanzada en materia de Derechos Humanos que dicha Convención”, respondieron desde el Estado Nacional.

“Durante el año 2013 se ha tenido conocimiento sobre distintos hechos de violencia en Venezuela, relacionados con el derecho a la vida y que, en algunos casos, reflejarían un supuesto uso excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales”, desafió la CIDH. En ese marco, expresó “preocupación respecto que, a través de la Milicia Nacional Bolivariana ciudadanos reciban entrenamiento militar y luego se incorporen a la vida civil para cooperar con el mantenimiento del orden interno”.

Venezuela se retiró de la CIDH en el año 2012 luego de conocer un fallo que condenaba al gobierno bolivariano por malos tratos hacia un detenido condenado por terrorismo y que luego se refugió en Estados Unidos. En esa oportunidad desde el Palacio de Miraflores denunciaron que el veredicto del organismo era una cuestión de persecución política.


 

Fuente: http://www.noticiaspia.org/

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