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Por: Marcha Patriotica

La Cámara de Representantes no tuvo suficiente número de votos en la Plenaria para votar este miércoles por la conciliación de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Con 54 votos a favor y 2 en contra, no fue posible la votación, por lo que fue pospuesto el próximo debate para el próximo 28 de marzo.

Jairo Rivera, integrante del movimiento Voces de Paz, catalogó de insólito y vergonzoso que por un voto se cayera la aprobación de la JEP en Cámara de Representantes. 

“Se evidencia una falta de cumplimiento y compromiso con los acuerdos de paz y eso nos preocupa muchísimo, tenemos que meterle pueblo a esto para que salga adelante”, sentenció Rivera sobre el levantamiento de sesión de la JEP en la Cámara de Representantes.

Por su parte Francisco Toloza, dijo que “La paz requiere compromisos y celeridad de todas las partes. Aplazar innecesariamente la conciliación y los trámites legales de la implementación legislativa del Acuerdo de Paz es posponer indefinidamente el día D+180 y el fin del conflicto”.

En el debate aplazado de hoy tenían relevancia tres temas en los que se basa la Justicia Espe-cial para la Paz: la creación del sistema de verdad, justicia y reparación en el que se establece la comisión para la búsqueda de la verdad, la comisión para la búsqueda de personas desapa-recidas y la Jurisdicción Especial para la Paz.

La Jurisdicción Especial para la Paz es el mecanismo de justicia a la que se someterán los gue-rrilleros y militares señalados de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y genocidio dentro del marco del conflicto armado, según fue contemplado en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc.

Oficina de Prensa Marcha Patriótica

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El Congreso al fin tramita el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, pero proposiciones aprobadas atentan contra su esencia.

Hacia las once de la noche de este 13 de marzo culminó el último debate del acto legislativo que crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, considerado la columna vertebral de los acuerdos de La Habana.
 
En plenaria del Senado, este proyecto -que incluye una serie de medidas como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)-, recibió 61 votos a favor y 2 en contra en su último trámite por el Congreso.
 
Pese a que la JEP se aprobó a través del mecanismo legislativo especial o “fast track”, su paso por el parlamento duró aproximadamente dos meses, debido a las dilaciones y retrasos que padeció.
 
La norma, que busca establecer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado y aplicar penas restaurativas para todos los responsables, sufrió de una “operación tortuga” que aplicaron algunos parlamentarios con posturas ambiguas frente a ella.
 
A falta de un debate para su aprobación, varios senadores presentaron impedimentos, lo que algunos señalaron como un recurso de dilación y otros como una confesión de su responsabilidad en el conflicto.
 
A parte de los impedimentos, la JEP sufrió una avalancha de proposiciones que modificaron el proyecto original, las cuales atentan incluso contra la esencia y espíritu del acuerdo de La Habana. El gobierno explicó que fueron 83 las modificaciones introducidas a la iniciativa original, confeccionada en la mesa de La Habana.
 
Tras su aprobación, el gobierno, las FARC y sectores políticos saludaron la noticia. “Gracias al Congreso por su aporte a la paz y la verdad. Las @FARC_EPueblo seguiremos trabajando por no más repetición. #LaPazNoSeDetiene”, publicó Rodrigo Londoño, líder de las FARC, en su cuenta de Twitter.
 
“Agradezco a @SenadoGovCo por aprobación mayoritaria de Justicia Especial para la Paz. Pilar de la reconciliación y la paz”, expresó por su parte el presidente Juan Manuel Santos.
 
Sin embargo, otras figuras expresaron más bien descontento ante los “micos” que se colgaron en el proyecto finalmente aprobado y que benefician a algunos de los responsables que tendrían que responder ante el Tribunal de Paz.
 
“Cambio Radical y gobierno, contradiciendo acuerdo (pag. 149) sacan de la JEP conductas de financiación y colaboración con paramilitares”, señaló por ejemplo, Judith Maldonado, representante de la agrupación Voces de Paz en el Senado.
 
Maldonado hace referencia a una proposición impulsada por Cambio Radical (uno de los partidos que más “peros” le pusieron a la JEP), que excluyó la financiación de grupos paramilitares como conducta para comparecer ante el Tribunal de Paz. “Con la exclusión de los financiadores del paramilitarismo se enloda implementación del punto 5”, añadió.
 
“Lo que se evidencia con modificaciones a la JEP es que se quiere favorecer a militares y sus responsabilidades en la guerra”, explicó por su parte Jairo Estrada, otro de los seis miembros de Voces de Paz en el Congreso que hacen veeduría al trámite de las normas del acuerdo de La Habana.
 
De otra parte, las dilaciones en la aprobación de esta norma, una de las más importantes del paquete de leyes y reformas constitucionales para la implementación de la paz, deja preocupaciones por la falta de compromiso de algunos sectores políticos con ella.
 
Si bien se cuenta con que el Centro Democrático vote en contra o se ausente en las votaciones del “fast track”, otras bancadas, que en teoría apoyan el acuerdo de paz, están generando ausentismo, dilaciones y votos en contra. Eso ha pasado con bancadas como Cambio Radical, los conservadores o la Alianza Verde.
 
El acto legislativo de la Justicia Especial de Paz pasa ahora a sanción presidencial y control de la Corte Constitucional para su puesta en marcha. Se sumará así a otras normas como la Ley de Amnistía y a la reforma que oficializa la participación de Voces de Paz en el Congreso. Normas que aunque ya están en firme requieren de su materialización para sacar adelante la implementación de los acuerdos y seguir avanzando hacia la paz estable y duradera.
 
Oficina de Prensa Marcha Patriótica
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Por Prensa Alterna

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en Colombia decidió, en un fallo de última instancia, absolver completamente del proceso en su contra por terrorismo, al periodista colombiano Fredy Muñoz Altamiranda, exiliado desde el año 2007 en la República Bolivariana de Venezuela.

El periodista, que encabezaba la oficina de la televisora multiestatal Telesur en Bogotá, fue detenido el 19 de noviembre de 2006 en el muelle internacional del aeropuerto El Dorado, cuando regresaba de una reunión de trabajo en Caracas.

La detención la hizo el extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, por orden de un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata de Barranquilla, que lo acusó de cometer actos terroristas consistentes en bombardeos a centrales eléctricas, instalaciones empresariales y edificios comerciales de Cartagena.

Muñoz Altamiranda, procesado en ausencia por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Cartagena, fue condenado el 25 de agosto de 2012 a 15 años de cárcel por los delitos de Rebelión y Terrorismo. En la misma sentencia el juez le impuso al periodista una inhabilitación para ejercer funciones y cargos públicos por el mismo tiempo de la pena.

El 16 de julio de 2014 el Tribunal Superior de Cartagena, actuando como segunda instancia confirmó la condena inicial.

Hoy, a través del recurso de Casación número 45814 de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el alto tribunal deshace todo lo actuado por las dos instancias anteriores y le restituye al periodista sus derechos civiles, al tiempo que ordena la suspensión de las órdenes de captura en su contra a las instancias policiales, militares e Interpol.

La Corte resuelve que durante el proceso “No hubo una seria y juiciosa investigación” de los hechos que se le endilgaron al periodista, y que estas imprecisiones constituyeron “una clara afrenta del debido proceso y del derecho a la defensa”.

El “casacionista”, magistrado que determinó este  recurso de última instancia contra el proceso seguido a Muñoz Altamiranda, determinó que los juzgadores acudieron a una “deficiente construcción indiciaria”, “incertidumbre probatoria”, y desestimó el valor como prueba de todos los informes de inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que fueron utilizados para condenar al periodista en las instancias anteriores.

Por todo esto, y otras razones más presentes en el documento de la Corte, la Institución “casó” la sentencia condenatoria de segundo grado emitida por el Tribunal Superior de Cartagena, y profirió esta decisión absolutoria.

El fallo resuelve entonces que a Fredy Muñoz Altamiranda se le absuelva del delito de terrorismo, amén de que ilustra además la prescripción de la condena por Rebelión impuesta en primera instancia, dejando al periodista libre de requerimientos judiciales.

Finalmente, el fallo pide al juez de primer grado cancelar “los registros y anotaciones que contra el procesado haya originado este diligenciamiento” y sella este amargo capítulo en la vida del comunicador, al anotar que “Contra la presente sentencia no procede recurso alguno”.

PA-COLVEN 14-03-2017

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Por Rubén Zamora

Porque no dejamos morir la esperanza es que hemos llegado hasta hoy, persistiendo por la reconciliación y la paz, y vamos a construirla entre todos y todas

Empoderar los acuerdos de paz en la sociedad es una necesidad histórica y un deber ético y moral. Y en eso estamos, socializando y convocando a los indiferentes, a los escépticos, a los indecisos, a todas y todos a converger por la implementación de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP y a que el diálogo con las demás organizaciones insurgentes fluya exitosamente. 

En los territorios siguen creciendo las convocatorias a eventos de pedagogía de paz y los pactos sociales y políticos que permiten a diversos sectores trabajar por el propósito común de la paz estable y duradera. Esta es en realidad una señal muy positiva de asimilación de la nueva cultura política necesaria para la convivencia y la divergencia democrática.

Entre todos los esfuerzos quiero destacar un evento muy importante realizado en Norte de Santander  el pasado 3 de marzo, con más de 400 delegados, que traza rumbo a un pacto político territorial por la paz. El evento que contó con el respaldo del doctor William Villamizar Laguado, gobernador del departamento, es muy significativo por cuanto ayuda a aunar esfuerzos por la reconciliación en un territorio de alta conflictividad social y armada, por la persistencia de fenómenos estructurales generadores de violencia, pobreza extrema y agitación social.

El Consejo Departamental de Paz fue creado mediante la Ordenanza 010 del 21 de mayo de 1998, y éste fue modificado el año anterior a través de la Ordenanza 011 del 5 de agosto, modificación que adaptó la composición de la figura a las nuevas realidades del Norte de Santander y a la institucionalidad actualmente existente. 

Que la administración departamental haya relanzado el Consejo Departamental de Paz, con bastante representación de las fuerzas vivas del territorio, es realmente significativo, cuando existen retos de alto valor cuya asimilación significa un emprendimiento transformador, en clave con la superación de las causas estructurales de la violencia y de la crisis en el orden económico y social. 

Es muy importante que se haya tomado la iniciativa de diálogo social y político puesto que este territorio es uno de los más marginales y conflictivos del país y donde la victimización llegó a horribles extremos: las cifras gubernamentales dan cuenta de que uno de cada cinco nortesantandereanos es víctima. Este diálogo va a permitir encontrar métodos prácticos e inteligentes para desactivar la conflictividad partiendo de construir espacios de reconciliación y de acciones transformadoras concretas.  

Una de las primeras necesidades es morigerar el lenguaje y tender puentes entre los diversos actores incluida la Fuerza Pública y, sobre todo, llenarse de mucha voluntad política. A todos y a todas ha de servirnos de horizonte los diálogos de paz de La Habana, Cuba. Pese a las profundas heridas del conflicto logramos construir consensos, con dificultad, pero lo logramos.  

Todas las voces por la paz, desde las comunidades rurales hasta los artistas regionales y nacionales y los medios de comunicación, hemos de multiplicar la fuerza que detenga toda posibilidad de fracaso e impulsar toda posibilidad transformadora por la reconciliación y la paz. 

Desde el Consejo Departamental de Paz y desde todos los espacios trabajemos por el gran pacto político territorial por la paz. Que este se convierta el tornillo dinámico de una nueva realidad territorial que prometa el buen vivir de los nortesantandereanos. 

Fuente: http://www.farc-ep.co

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Por Fredy Muñoz Altamiranda

24 congresistas decidieron no votar la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, con el argumento de ser descendientes directos o tener familiares condenados o procesados por paramilitarismo.

 

Las contradicciones entre el Congreso y la paz en Colombia tocaron fondo este martes cuando 24 “padres de la Patria” levantaron su mano para decir que no votarían el proyecto de Ley de Jurisdicción Especial para la Paz, por sus vínculos con el paramilitarismo.

Este acto de irresponsabilidad histórica deja en veremos el futuro de una de las herramientas más importantes para este proceso: una reforma judicial que debe dar origen a un tribunal que juzgará, de parte y parte, los crímenes cometidos durante la guerra.

Durante la sesión del martes que acaba de pasar, cuando debía producirse la votación del debate definitivo para la JEP, uno a uno, con una espontaneidad programada, estos congresistas que representan el 20% del cuerpo legislativo le asestaron, con sus argumentos, otro golpe directo a la Paz.

Primero tomó la palabra la senadora Nora María García Burgos, del paramilitarizado departamento de Córdoba, santuario de terratenientes y uribistas, el mismo donde el primo del expresidente Uribe, Mario Montoya Uribe, condenado por paramilitarismo, le entregó su causa política al hoy preso ex senador Otto Bula, famoso por la acusación que se le hace de haber sido el intermediario entre los millones de dólares de Norberto Odebretch, y la clase dirigente colombiana.

“Doña Nora” como le dicen en Montería, dijo que se apartaría de la votación de la JEP porque tiene abiertas sendas investigaciones por sus vínculos con los paramilitares uribistas (y aquí si vale la redundancia) Julián Bolívar y Ernesto Báez.

La senadora, con su actitud, confesó entonces que lo que aún no decide la Corte Suprema, es decir su vinculación en términos de testaferrato político y económico con estos alias, dos asesinos confesos de campesinos y obreros del Magdalena Medio y el Centro del país, son ciertos.

Luego siguió en el orden del sabotaje la senadora Teresa García, “Teresita” para sus compañeros de Cámara, quien es nada más y nada menos que la hermana del ex senador Álvaro García, “el Gordo García” condenado como determinador, autor intelectual de la masacre de Macayepo, en el Carmen de Bolívar, donde ordenó masacrar a 15 líderes campesinos y forzar el desplazamiento del pueblo entero.

La masacre de Macayepo fue perpetrada con palos, hachas, machetes y piedras, por un grupo de cobardes a sueldo que no usaron armas de fuego para evitar contacto con patrullas guerrilleras de la zona, y comandados por Norberto Pelufo, alias “Cadenita”, un sanguinario a sueldo de los García que armó un grupo de delincuentes a los que llamó “Héroes de Los Montes de María”, se sentó en la mesa de Santafé de Ralito a negociar con el gobierno de Uribe, y fue absuelto de sus crímenes, pero luego desaparecido por Jorge 40, otro paramilitar, que ambicionaba sus territorio.

En la cadena de confesiones siguió la de la senadora Olga Suárez Mira, una desconocida que está parada sobre los hombros de su hermano, el cacique electoral de Bello en Antioquia, Oscar Suárez Mira, quien a su vez sostiene su carrera política parapetada sobre la coacción de su financiador Diego Fernando Murillo, el tal Don Berna, ex guardaespaldas de Pablo Escobar y convertido en paramilitar gracias a la política de impunidad por falsa desmovilización promovida por Álvaro Uribe.

Oscar Suárez Mira, el verdadero “dueño” de la curul de su hermana Olga, fue condenado a nueve años de prisión por Concierto para delinquir agravado, luego de coaccionar, armas en mano y con Freddy Rendón Herrera, alias el Alemán, a poblaciones enteras del Valle de Aburrá y del Urabá antioqueño, para que votaran por él al Senado, y por Mauricio Parodi a la Cámara de Representantes.

A pesar de su condena, Oscar Suárez Mira está libre hoy bajo la figura de la libertad condicional, y conspira en la sombra contra la paz, promoviendo la inhabilidad de su hermana.

En la lista de autoincapacitados, o autoinhabilitados, como querría el derecho que se dijera, siguieron Bernardo el “Ñoño” Elías, quien además de arrastrar su propio lastre de corruptelas y desgracias políticas, está casado con la hija de Eric Morris, uno de los primeros nombres que saltó a la palestra cuando se puso de moda la “parapolítica”, nombre con el que los medios trivializaron en Colombia la grave incursión del paramilitarismo en todos los niveles de la administración pública del país.

Más adelante se inhabilitaron Samy Merheg, hermano de Habib Merheg, paramilitar de Risaralda, Andrés García, hijo de Piedad Zuccardi, cartagenera a punto de ser juzgada por la Corte Suprema de Justicia por sus servicios al paramilitarismo.

Y la fauna uribista de rigor: Fernando Nicolás Araújo, hijo de Fernando Araújo, que se declara víctima de las FARC, luego de haber victimizado a miles de familias pobres cartageneras al robarles sus terrenos en la popular pobrería de Chambacú, donde hoy su empresa constructora levantó un elefante blanco llamado “Edificio Inteligente de Chambacú”.

Este es el 20% de enemigos que la Jurisdicción Especial para la Paz tiene en el Senado, pero que decidieron, en un acto de lo más ladino, santanderista y uribista, no debatir con argumentos serios el proyecto, sino mostrar cuán anchas son sus espaldas, magulladas de soportar el descrédito de sus familiares.

En cualquier otro país, me decía hace poco un colega, el proceso de paz que vive Colombia habría despertado, aún en sus legisladores menos audaces, una oleada de participación en busca de un renglón en la historia que se está escribiendo, pero es sorprendente como esta casta de usurpadores insiste en hundir la cabeza en la tierra para no ver el futuro.

Finalmente la cosa busca ser resuelta a la colombiana: se creó una subcomisión que defina las inhabilidades de esta comisión. Y la subcomisión la integran dinosaurios de la talla de Antonio Navarro Wolf, Juan Manuel Galán (un joven demasiado viejo), Alfredo Rangel, que vendió su antiuribismo por un plato de lentejas, Eduardo Enríquez Maya, y otros más que da lo mismo no nombrarlos.

Esta subcomisión está obligada a emitir pronto un “concepto” sobre esta sinvergüenzura de 24 testaferros del paramilitarismo que, como dijo la senadora Claudia López, de llegar a radicar los argumentos de sus inhabilidades, habría que remitirlas directamente a la Corte Suprema de Justicia para que los juzguen también, porque lo que ha sucedido “O es una tomadura de pelo para sabotear la JEP, o es una confesión”, dijo textualmente la senadora.

 

 

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