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La política del horror da cuenta de 46 seres humanos, hombres y mujeres, asesinados en los primeros 150 días de 2017, por su probada dedicación en la defensa de derechos humanos y su calidad de líderes sociales de profundas y reconocidas convicciones éticas. El solo dato impacta y debería provocar el repudio unánime de partidos, academias, medios, iglesias; así como promover una reflexión por el real sentido del valor de la vida en un país ad portas de cerrar la guerra. La paz avanza lenta por entre caminos inhóspitos pero podrá ser estable y duradera si los componentes del Estado se vuelcan a impulsar una cultura de derechos que preserve la vida de sus líderes y reafirme la implementación efectiva y material de los acuerdos entre Estado e insurgencia, eliminando las barreras que los beneficiarios de la tragedia impulsan tratando de: invalidar el espíritu de paz, presionar a una renegociación jurídica y moral de lo acordado e impedir que los sectores populares tengan existencia política.

Detrás de los 46 líderes asesinados hay más que una estrategia de eliminación de líderes sociales y defensores de derechos humanos, y no es solo un reto teórico [1], si no también práctico al indicar que hay una política de muerte (aunque no cumpla los requisitos formales) que tiene misión, visión, estructura, metas, responsables, recursos, tiempos, modos de acción, actores y territorios en los que se ejecuta el programa de guerra sucia orientada por los “defensores” de los privilegios que les ofrece el capital y el poder. No hay hechos aislados, hay conexión orgánica entre política de horror, capital y poder político y persiste una tendencia de resultados con datos como que “En los últimos 14 meses hubo 120 homicidios de defensores de derechos humanos y líderes sociales, además de 33 atentados y 27 agresiones a este mismo grupo poblacional (Defensoría, elheraldo.co /marzo 3, 2017)"; “Entre 2002 y 2016 hubo 558 líderes sociales asesinados (verdadabierta.com)”; "En abril de 2017 fueron asesinados más de 10 indígenas awua, woman y kite kiwe (Amnistía)"; y “Van 2500 sindicalistas asesinados en 20 años (verdadabierta.com)”.

Queda al descubierto un continúo de barbarie que remite a advertir un genocidio en marcha, un plan de exterminio sistemáticamente ejecutado contra personas protegidas e indefensas que conforman una comunidad política llamada sociedad civil. Los 46 líderes y defensores fueron asesinados en lugares precisos de una geopolítica de riqueza estratégica y en el momento político concreto en que se construye paz en los territorios y la verdad contada por otras voces que saca a flote las reales intenciones y a los responsables del horror padecido.

La tragedia es más grave que la que nos acostumbraron a mirar en otras latitudes, porque en un contexto de paz el asesinato de un líder es aún más condenable que en época de guerra, es un agravio a la humanidad sobre todo porque ocurre como parte de una política que se creía superada. En la guerra las muertes de líderes y defensores inocentes fue negada, los victimarios condecorados y los agraviados humillados, las víctimas acusadas de terroristas y guerrilleros para justificar el orden criminal. Pero en época de paz la víctima, el victimario, la sistematicidad del horror y el móvil político y social del exterminio son visibles, aunque funcionarios del Estado -que guardan lealtades personales a las élites- sigan creyendo que perseguir y eliminar líderes y defensores de derechos es normal porque, según sus creencias, cuestionan o ponen a debate el orden natural de las cosas y enfrentan a las jerarquías del poder y por ello ese es el precio de sus conductas desobedientes.

Sin embargo es momento para llamar a las instituciones a abandonar esa mentalidad, a superar el código de guerra amigo-enemigo, y entender que al país entero arrastra la vergüenza de ser el país en el mundo que más asesinatos de líderes sociales ha producido en tiempos de guerra y ahora está produciendo en tiempos de paz. Matar a los defensores del bien común, de lo justo y de lo correcto, por reclamar del estado respetar, hacer respetar y ofrecer garantías a los derechos es un crimen genocida.

Aunque no haya leyes concretas ni órdenes expresas que promuevan el horror, el Estado es el primer responsable de estos crímenes sistemáticos que anuncian la existencia de una política criminal de exterminio. Los ejecutores del horror son apenas piezas brutas del engranaje del poder. No se ejecutan homicidios aislados, ni inconexos, hay secuencia, tendencia e intencionalidad y por los rasgos y características del modus operandi descubren que hay una estructura paramilitar encargada de las ejecuciones, que controla una máquina de aniquilamiento, no para combatir enemigos, si no para provocar terror, imponer miedo, seleccionar y organizar la matanza de humanos indefensos como si mataran animales.

Han asesinado por degüello, picado cuerpos a machete, descuartizado con motosierras, torturado, mutilado y violado; pero nunca han enfrentado a un líder social en combate alguno, porque ninguno de los dos va al combate. Los asesinan en calles, universidades, campos de cultivo, barrios populares, oficinas y sedes sindicales. Son crímenes de odio, para los que no importa si lo comete un cazador solitario o un grupo de inhumanos, drogados o enardecidos vengadores, lo que cuenta es el plan, la intencionalidad y el móvil político de exterminarlos por ser líderes. Y ese plan activa a la máquina de horror sea como banda, grupo o clan en connivencia o aquiescencia del Estado.

En la política genocida no hay odio personal, ni cuentas por cobrar, ni desadaptados, ni obsesivos con ganas de matar; debajo o detrás hay un estructurado y consiente programa de odio racial, étnico, político, sexual, social o ideológico que sale de los centros de mando de la política tradicional cuyos intereses económicos y desprecio por la vida humana coinciden en borrar de la historia a rebeldes y adversarios. Ideológicamente han acostumbrado al país a ver morir violentamente a sus líderes, a contar a sus muertos y a olvidarlos, a perder el asombro ante cada masacre superior en crueldad a la anterior y a convivir con resignación sin reparar en la proximidad entre el asesino y la víctima.

Es hora de que el presidente, jefe de Estado y de gobierno, y su bancada temporal en el Congreso convoquen a los otros poderes del Estado a respetar los acuerdos de paz alcanzados, que son el sustrato político y social del derecho humano a la paz conquistado; desmonten sin dilación la política del horror, reconozcan y detengan el genocidio en marcha contra líderes, defensores de derechos y adversarios políticos. El gobierno sabe, y bien conoce, del libreto criminal del genocidio cuyo relato empieza cuando unos poderosos invitan a sus amigos a un almuerzo, una fiesta o una reunión social y les cuentan historias [2] y entre risas y bromas configuran a enemigos tildados de ateos, comunistas, guerrilleros, homosexuales, negros, indios o campesinos, a los que marcan con la señal de peligrosos para sus intereses. Los que oyen se lo cuentan a otros, hasta que alguien actúa, amenaza, persigue y mata, como si lo hiciera por cuenta propia, como si estuviera cumpliendo una misión de su destino personal.

Esa es la sistematicidad y a ese responsable no se les puede buscar con las mismas herramientas que ofrecen como criminales. Los 46 asesinados en 2017, y los cientos en este siglo, no son homicidios simples producto de odios individuales, ni de desquiciados veteranos de guerra; son una parte estructurada de un genocidio en marcha contra un tipo de seres humanos que responden a una lógica de adversarios políticos y sociales, asesinados por una ideología y prácticas de ultraderechas incrustadas en el poder, cuya mayor victoria ha sido dividir a sus víctimas, ponerlas en contradicción y lucrarse de ellas convertidas en su multitud de fieles electorales.

Multitudes negadas

Los líderes sociales, hombres y mujeres, de todas las latitudes están hoy al frente de una diáspora nacional de movilizaciones sociales provocadas por la negación de derechos, el déficit de democracia, la corrupción y el clientelismo. Son multitudes negadas, invisibilizadas. 12 días de paro, miles de vehículos estacionados en la vía al puerto más importante del país (Buenaventura), cientos de indígenas apostados en carreteras, campesinos y afros movilizados; los tres sectores hacen parte de un mismo grupo de olvidados unidos en una insurrección desarmada. 10 días de paro cívico en el Choco. 10 días de paro nacional con miles de maestros en las calles y cese de actividades de 350.000 profesores y ocho millones de estudiantes. Bloqueos, plantones, marchas de centrales obreras, reclamantes de salud, educación, guardianes, jubilados y desalojados de sus viviendas. Protestas contra la Corte Constitucional por sus decisiones adversas a la paz. Protestas y mítines universitarios contra la privatización y la pérdida de autonomía...una guerrilla en asamblea permanente y otra en conversaciones de paz.

Hay también oportunistas políticos, gases lacrimógenos, gases pimienta, tanques de guerra y tanquetas de agresión, aeronaves de guerra, avión fantasma, policía de choque y motorizada, infiltrados, fuerza desbordada, muertos, heridos desaparecidos, detenidos y judicializados reclamantes de derechos... Hay un país en revuelta pero faltan los medios, ¿dónde están los medios? ¿Dónde sus lentes que no ven a estas multitudes? ¿Dónde sus micrófonos que no escuchan los susurros de este pueblo? ¿Por qué de esto no hablan los medios ni se preguntan por los causantes del horror?

Publicado en: Alai

Fuente: http://prensarural.org/

[1] Una Fundamentación, puede hallarse en mis libros Teoría de DDHH y políticas públicas (2006); Derechos humanos, capitalismo global y políticas públicas (2006); Lectura crítica de los derechos humanos a 20 años de la Constitución colombiana (20011, colectivo)

[2] En el film: Carta a una Sombra (Colombia 2015), homenaje a Héctor Abad, hay expresiones que condensan mejor esta afirmación.

 

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Comunicado No. 3 CSIVI FARC EP

Recientemente informamoscon satisfacción al país haber logrado consensuar con el Gobierno el proyecto de decreto “Por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras”, avanzando con ello en la superación de las dificultades ocasionadas por los reiterados incumplimientos del gobierno en el trámite de la implementación normativa de la RRI (ver Comunicado No.  1 de la CSIVI FARC 14 de mayo de 2017).

 

En sesión formal de la CSIVI la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, se comprometió a enviar tal proyecto a la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas para el procedimiento de Consulta Previa. Sin embargo, el día de ayer conocimos que el proyecto radicado no sólo no corresponde a la versión elaborada conjuntamente por la CSIVI, sino que introdujo cambios abiertamente contrarios a las disposiciones acordadas.

 

Leal al Acuerdo Final de Paz, la versión acordada reconocía como beneficiarios del acceso a tierras a campesinas y campesinos. La versión amañadamente radicada, amplia los beneficios a grandes propietarios a través del otorgamiento de derechos de uso.  Adicionalmente, limita la participación comunitaria que se había previsto.

 

Con este acto tramposo el Gobierno Nacional no sólo traiciona el Acuerdo Final de Paz, sino a los campesinos y campesinas que albergan la esperanza de que la Reforma Rural Integral haga posible la desconcentración y democratización de la tierra, que este decreto viabilizaba a través de la creación del Fondo de Tierras, los procedimientos para adjudicación y formalización y la participación comunitaria.

 

Está en riesgo la oportunidad histórica de lograr el cierre del ciclo de violencia cuyo origen ha estado en el problema irresuelto de la tenencia de la tierra. 

Fuente: http://www.farc-ep.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Por: Comando de Dirección PTN Silverio Mora

Esta afirmación de la unidad encargada de nuestra protección se refiere a que no hay condiciones en esta región para ejercer pedagogía de paz, y significa un grave retroceso al proceso de paz.

El Comando de dirección del Punto Transitorio de Normalización Silverio Vidal Informa que el 15 de Mayo, un día antes de una salida de pedagogía de paz en la cuenca del rio Jiguamiandó programada con las comunidades, el mecanismo local de Monitoreo y Verificación nos transmitió una nota proveniente del teniente Luis Alfredo Justacaro Chona, responsable de Seguridad y Protección de DIPRO-UNIPEP para el PTN de Caracolí. Esta misiva nos informa que, según el concepto de esta unidad, no hay condiciones para acompañarnos en esta jornada por “ antecedente en días anteriores donde hostigaron la subestación de policía de Pavarandó y en la actualidad, hay alertas de inteligencia por parte de SIPOL-UNIPEP sobre la injerencia del GAO - Clan del Golfo, con un aproximado de 100 hombres armados que pretenden realizar diferentes acciones terroristas en contra de la fuerza pública”.

Esta afirmación de la unidad encargada de nuestra protección se refiere a que no hay condiciones en esta región para ejercer pedagogía de paz, y significa un grave retroceso al proceso de paz.

¿Porqué, sabiendo de la presencia de este grupo paramilitar en esta y otras cuencas del departamento porqué el Estado no ha hecho absolutamente nada? ¿Porqué las unidades de la marina y el ejercito presentes en el sector nunca los ven? ¿Hasta cuando las estructuras del estado van a impedir lo mas que puedan que nos relacionemos con la población bajo cualquier pretexto?

Exigimos la intervención de la fuerza publica para proteger a las poblaciones del Chocó y del Bajo Atrato en particular de la presión paramilitar y que estas cumplan con su papel dentro de los acuerdos, garantizandonos la movilidad para realizar en todos los municipios y comunidades la pedagogía, entendiendo que esta es fundamental para consolidar el proceso de paz.

Dirección del PTN Silver Vidal Mora

Fuente: http://www.farc-ep.co

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ABP Noticias

Foto: Archivo

La regla del Acto Legislativo para la Implementación de los Acuerdos de Paz, firmados entre el Gobierno de Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), por el cual se impedía hacer cambios, fue tumbada ayer por la Corte Constitucional del país andino.

Al respecto, el alto tribunal del país neogranadino declaró sin efecto un apartado del procedimiento legislativo especial creado para agilizar la implementación del Acuerdo de Paz y donde se impide al Congreso modificar los proyectos de ley relacionados con el pacto.

Según la sentencia, la Corte Constitucional consideró que "las limitaciones a la capacidad deliberativa y decisoria del Congreso, contenidas en tales numerales, resultan incompatibles con el principio de separación de poderes”, según explicó un vocero del ente judicial.

Otro aspecto que contempla la decisión del alto tribunal es el fraccionamiento de los Acuerdos que, ahora, deberán ser sometidos a votación en forma diferenciada, contrario al espíritu de bloque que tiene el pacto de cese al conflicto armado.

Conviene reseñar que detrás de esta decisión se encuentra el partido Centro Democrático, dirigido por Álvaro Uribe, organización que demandó el pasado 22 de marzo dichas normativas, solicitando su inconstitucionalidad.

Con la decisión del Poder Judicial, una vez más, se revela la intención de boicotear la implementación del Acuerdo de Paz firmado en La Habana por quienes representan la ultra derecha en Colombia.

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La Agencia Bolivariana de Prensa  tuvo el honor de entrevistar al Profesor Nolverto Velázquez, integrante de las FARC, quien ha tenido un papel protagónico en la importante tarea del ejercicio de la Pedagogía de Paz.

La trascendencia de la presente entrevista radica, en propias en palabras del profesor Nolverto, en que se trata de una Paz que le quedó grande al gobierno nacional, quien no brinda las garantías necesarias para su implementación, que le teme a que el pueblo se comunique con los protagonistas de la historia, a los cuales además silencia, frente a lo cual la unidad debe estar por encima de la voluntad de paz.

Teniendo en cuenta la importancia que tiene la Pedagogía de Paz en la Implementación de los Acuerdos compartimos con ustedes esta entrevista y agradecemos su difusión.

Mayo 5 de 2017

 

Mi nombre es Richarli Rojas Orozco.

En la guerrilla he utilizado el seudónimo de Nolverto Velázquez. Soy miembro del comando de dirección del Punto Transitorio de Normalización “Comandante Amaury Rodríguez” ubicado en Pondores, corregimiento de Conejo en La Guajira.

Encargado de la socialización de la importancia de los acuerdos

 

Agradezco la oportunidad de poder expresarnos como organización ante el mundo para dar a conocer nuestras ideas y la visión de país que tenemos.

Hacemos público reconocimiento a la Agencia Bolivariana de Prensa ABP, por su imparcialidad en la comunicación y por su alto profesionalismo y ética en el tratamiento de la información, ayudando a crear conciencia.

 

1.- Nos podría hacer una breve descripción de qué es la pedagogía de paz, como Usted la ejerce y por qué es importante? Cómo influye en el proceso de implementación del Acuerdo de Paz?

 

NV-. La pedagogía de Paz es explicar a la población y a las comunidades, sobre todo las rurales, las ventajas, alcances, avances, beneficios y logros del Acuerdo de La Habana. Acuerdo que es fruto del dialogo y la salida civilizada, a más de 70 años de confrontación ininterrumpida entre las políticas estatales que atropellan a la población y la expresión de rebeldía armada de la inconformidad popular, que a falta de garantías para la participación política, democrática se ve obligada a empuñar las armas.

Ejerzo la pedagogía, respondiendo a las múltiples delegaciones, que llegan ávidas de conocer que está pasando. En que consiste el acuerdo y sobre todo, que va a pasar con los guerrilleros que se reincorporan a la vida civil.

Y es importante porque desde mucho antes que entráramos a dialogar con el Gobierno Nacional, sabíamos de antemano que la gran elite del poder no está preparada para cumplir el acuerdo. La implementación debe ser arrancada, con la movilización de las masas, al gobierno nacional. Y nadie podrá exigir ni mucho menos defender, algo que no conoce. Por lo tanto, más que importante, es necesario que el pueblo conozca que el acuerdo de La Habana es una herramienta con la cual dar la pelea y lograr las trasformaciones sociales que erradiquen las condiciones que dieron origen al conflicto armado.

 

2.- Cómo ha sido la participación en los procesos de pedagogía de paz por parte de las comunidades, de movimientos sociales y organizaciones populares, y de instituciones (educativas y otras)? Qué y cómo se puede mejorar y potenciar dicha participación?

 

NV-. Desde mediados de octubre a la fecha nos han visitado en el PTN alrededor de 6000 personas de al menos 113 organizaciones sociales, entre víctimas, discapacitados, afrodescientes, indígenas, JAC, servidores públicos, estudiantes, profesores, campesinos, líderes barriales, artistas, periodistas, en fin, una gama muy importante de expresiones cívico-sociales. Hemos recibido a delegaciones numerosas en 5 eventos masivos. Como ven la población que clama por la paz, nos ha acompañado.

Creemos que no es suficiente. Que es necesario llegar a más población. Pero sobre todo que los medios alternativos locales, los que pueden difundir con más celeridad los beneficios del acuerdo puedan institucionalizar espacios de intercambio constante y periódico que aporten en la campaña para fortalecer los valores como la solidaridad, la ayuda mutua, la convivencia, el perdón, el respeto por la diferencia, la reconciliación; en otras palabras, la cultura de la paz.

 

3.- Ha brindado el gobierno colombiano las condiciones y garantías necesarias para que ustedes ejerzan la pedagogía de paz?

 

NV-. El Gobierno Nacional, según lo firmado, es quien debe garantizar que cada colombiano se apersone de lo acordado. Hasta el momento podemos decir que le quedó grande la paz, que no estaba preparado para la construcción de la paz. A la fecha no han facilitado la salida de los delegados de las FARC, a hacer pedagogía por el departamento y la región como está estipulado. Pero tampoco brinda las garantías par que la población pueda llegar hasta los PTN y Zonas veredales a conocer la posición de los guerrilleros. Es más, podemos decir que esa clase politiquera tradicional tiene miedo que el pueblo se comunique con los protagonistas de la historia desde hace 53 años, esos mismos que han sido silenciados por los medios masivos de comunicación nacionales o por la represión ejercida contra el pueblo. Hoy el silenciamiento contra las FARC continúa, eso quiere decir que tenemos la razón.

 

4.- Cuál es la perspectiva de la organización de las FARC-EP a un plazo más largo en relación con las ZVTN y PTN? Es posible que las FARC-EP construyan desde estas zonas verdaderos territorios de Paz con Justicia Social?

 

NV-. Nuestra disposición clara de NO a la desmovilización, la planteamos a partir de que seguiremos unidos en áreas determinadas desarrollando nuestro proyecto en lo económico, en lo social y en lo político de acuerdo a nuestros intereses. Una de nuestras mayores fortalezas es la cohesión, la unidad y el trabajo colectivo. De allí que está pensado, que con la participación decidida de las comunidades, se van a crear verdaderos territorios de paz, que sirvan como modelo de desarrollo económico con prácticas de producción agropecuario e industrial, amigables con el medio ambiente.

La construcción de la paz con justicia social no es exclusivo de las FARC. Es imperativo la participación de las mayorías populares en sus diferentes expresiones. Allí nos debemos encontrar todos. Hasta con los que hemos batallado todo el tiempo, en el entendido que las tropas oficiales y paramilitares solo han sido el instrumento de guerra contra el pueblo, pero que el verdadero enemigo nuestro y que hay que derrotar con las trasformaciones, es el sistema que ha regido a Colombia desde la muerte del libertador Simón Bolívar.

 

5.- Cómo se puede desde las organizaciones populares y medios alternativos internacionales contribuir con el proceso de implementación del Acuerdo de Paz y más allá de eso con la construcción de una Nueva Colombia con Paz con Justicia Social?

 

NV-. Las organizaciones sociales y populares tienen un gran reto en la implementación de los acuerdos y en la construcción de una paz estable y duradera. Ese reto es la unidad. Unidad y siempre unidad. Por encima de la voluntad expresa de la paz, está la capacidad de encontrarnos para seguir la lucha unidos. La clase dominante se ha unido siempre para golpearnos. Es hora que las mayorías se unan para ser invencibles y conduzcan el país por la vía menos dolorosa, la vía democrática, cerrándole el paso a los guerreristas que se benefician de los grandes negociados de la guerra y se blindan jurídicamente, comprando jueces, manipulando congresos y corrompiendo las fuerzas del orden.

En la etapa de conversaciones estuvo presente Noruega, Cuba, Chile y nuestra hermana Venezuela, a quienes agradecemos inmensamente todo el esfuerzo por la paz de Colombia. Ahora más que nunca, abusando de la generosidad de estos países, seguimos invocando el acompañamiento, y el seguimiento a la implementación de lo acordado. En ese ramillete de sectores importantes, no pueden faltar los medios de comunicación como la ABP, que con su visión amplia e imparcial, convocan a las diferentes fuerzas a rodearnos de la solidaridad internacionalista. Depende, en gran medida, de esta solidaridad internacional, que los colombianos algún día podamos vivir en paz.

Muchas gracias.

Imagen tomada de: https://www.resistencia-colombia.org/

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